Durante la discusión del proyecto que crea un sistema de "elección mutua", la ministra de Educación señaló que la propuesta no establece dos vías paralelas de admisión. Sin embargo, el propio proyecto indica que los establecimientos que opten por este mecanismo deberán realizar su proceso de selección antes de que opere el algoritmo del Sistema de Admisión Escolar (SAE). Podrá llamarse un solo sistema, pero en la práctica familias y escuelas enfrentarán primero procesos propios de cada establecimiento y luego el proceso centralizado para las vacantes restantes.
Los datos muestran por qué esto importa. El año pasado, 2.510 establecimientos recibieron más postulantes que vacantes y 1.436 enfrentaron más de dos postulantes por vacante, niveles de sobredemanda que hacen imposible garantizar un cupo incluso a estudiantes con excelente rendimiento.
Ese mismo año, 125.527 estudiantes fueron asignados a su tercera preferencia o a una posterior. Para mantener abiertas sus opciones, muchas familias deberán participar simultáneamente en múltiples entrevistas, evaluaciones y otras actividades, invirtiendo tiempo, permisos laborales e incertidumbre sin garantía de éxito.
Mi familia conoce bien esa realidad. Hace unos años, el hijo de mi esposo postuló a veinte establecimientos altamente demandados mediante el SAE y finalmente fue asignado a su décima preferencia. Quedamos satisfechos porque entendíamos el nivel de competencia. Con el sistema propuesto, difícilmente habríamos podido participar en veinte —o incluso diez— procesos distintos si cada establecimiento hubiese exigido entrevistas presenciales durante la jornada laboral.
Pero el costo no recaería solo sobre las familias. También sobre las escuelas. El año pasado, por ejemplo, el Instituto Nacional recibió 2.658 postulaciones para 629 vacantes. Si cada postulante tuviera una entrevista de solo veinte minutos, el establecimiento tendría que destinar más de 886 horas únicamente a esa etapa del proceso, equivalente a más de veinte personas trabajando a jornada completa durante una semana. Son horas que directivos y docentes dejarían de dedicar a enseñar.
Y todo ese esfuerzo estaría destinado a un mecanismo cuya eficacia tampoco está respaldada por la evidencia. Décadas de investigación en psicología y comportamiento organizacional muestran que las entrevistas, especialmente cuando son poco estructuradas, son susceptibles a sesgos implícitos. Incluso entrevistadores que actúan con las mejores intenciones pueden verse influidos, sin advertirlo, por factores irrelevantes para el mérito, como la forma de expresarse, el nivel socioeconómico percibido o la afinidad cultural con las familias. No es casualidad que numerosos sistemas de selección hayan evolucionado hacia procedimientos más objetivos y estandarizados.
Lo más paradójico es que muchos establecimientos no quieren volver a destinar recursos a seleccionar estudiantes. En una investigación que estamos desarrollando en la Región de O'Higgins, varios directivos destacan precisamente como una fortaleza del SAE poder concentrar sus esfuerzos en la labor pedagógica. Sin embargo, si algunos establecimientos comienzan a seleccionar a quienes consideran más "adecuados", los demás enfrentarán una fuerte presión para hacer lo mismo. Ningún colegio querrá convertirse en la alternativa que recibe únicamente a quienes fueron rechazados por los demás.
El proyecto incorpora además una incertidumbre adicional: incluso después de que un estudiante haya sido asignado mediante el SAE, el establecimiento podrá entrevistarlo para verificar su compromiso con el proyecto educativo o su nivel de conocimientos. Si concluye que esos requisitos no se cumplen, el estudiante podría perder el cupo obtenido y verse obligado a buscar una vacante cuando las alternativas disponibles ya son mucho más limitadas.
La pregunta es quién podrá asumir estos nuevos costos. Algunas familias tendrán la flexibilidad para asistir a múltiples entrevistas; muchas otras no. Algunos establecimientos podrán absorber el enorme esfuerzo administrativo que implica seleccionar cientos o miles de postulantes; otros deberán desviar recursos que hoy destinan a enseñar. El riesgo es que estudiantes igualmente esforzados terminen con menos oportunidades, no por falta de mérito, sino por falta de tiempo.
Un buen sistema de admisión debería permitir que las familias dediquen su tiempo a acompañar a sus hijos y que las escuelas dediquen sus recursos a educar. La propuesta de "elección mutua" hace exactamente lo contrario: traslada el tiempo y los costos del proceso desde un sistema centralizado hacia miles de familias y establecimientos, sin ofrecer mayores certezas para quienes buscan una buena oportunidad educativa.
