Apoyan la reforma tributaria porque, entre otras cosas, considera la invariabilidad tributaria. La que en rigor debiera ser solo por el período del gobierno que la propone, es decir 4 años, y no como está considerada actualmente.
Si la mayoría de los chilenos decidió que José Antonio Kast debería ejercer el cargo de presidente de la República, no nos debemos extrañar de las medidas económicas que está tomando su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hombre que está impulsando políticas que favorecen más de la cuenta al sector productivo privado, en atención a que el Estado es parsimonioso en la tramitación de los proyectos de inversión.
Para tal efecto, en junio de 2026, se publicó la Ley N° 21.826, que modificó la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), cuyo propósito es agilizar la obtención de los permisos de edificación y urbanización, reforzando las vías de reclamación de los particulares ante las Direcciones de Obras Municipales (DOM).
En paralelo, se están cambiando las disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), instrumento de mayor jerarquía que los planes reguladores intercomunales, comunales y seccionales, con lo cual las decisiones adoptadas en materia de Vivienda y Urbanismo por los gobiernos regionales, alcaldes y concejos municipales pasan a un plano secundario.
También vienen cambios muy drásticos en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) organismo del ministerio de Medio Ambiente.
Sobre lo anterior, en mi opinión, se deben reconocer algunos avances y varios retrocesos en esta materia y el tiempo dirá si el libertinaje y las regalías para los empresarios terminará siendo satisfactorio o negativo para el bien público de las ciudades. Será interesante conocer en 4 años más en qué porcentaje creció la inversión, los sueldos de los trabajadores y cómo se redujo la cesantía y la inflación, pues dependiendo de estas cifras tendremos un gobierno de derecha o de centro izquierda.
Los grupos de Luksic, Matte y Angelini, conglomerados que tienen supremas habilidades para relacionarse con los distintos gobiernos, ya sea de derecha, centro e izquierda, apoyan la reforma tributaria porque, entre otras cosas, considera la invariabilidad tributaria, la que en rigor, debiera ser solo por el período del gobierno que la propone, es decir 4 años, y no como está considerada actualmente. Y es hasta desvergonzado, que contemple la exención de las contribuciones de bienes raíces de las viviendas de las personas naturales mayores de 65 años, sin importar que éstos dispongan de millonarios ingresos mensuales y que residan en mansiones de lujo.
Respecto de la familia Luksic, se debe recordar el episodio del viaje a Lima, Perú, de Andrónico Luksic, para reunirse con Vladimiro Montesinos, mano derecha en ese entonces del presidente Alberto Fujimori, entrevista que tenía como único propósito destrabar los inconvenientes que tenía su proyecto de una planta de Lucchetti en una zona protegida, como vemos, también existía la nefasta "permisología" en dicho país. Luksic no se percató que la amistosa reunión fue grabada por Montesinos, quien reconoció posteriormente haber recibido US$ 2 millones de la mencionada empresa chilena.
Con motivo del conocido caso Caval, el mismo Luksic, suponemos que para quedar bien con la presidenta Bachelet, recibió en su oficina del Banco de Chile, al matrimonio Dávalos-Compagnon, pareja que le solicitó una importante suma de dinero para solucionar unos problemas financieros derivados de dicho negocio inmobiliario en Machalí, sexta región.
Para justificarse el excesivo monto del préstamo, se utilizó una tasación "errónea" de un arquitecto "experto", que informa estos asuntos al denominado "Comité de Riesgo" de ese banco. Fue muy gracioso saber que ese tasador condicionó el precio del terreno rural de 44,3 hectáreas, a la futura aprobación de la modificación del Plan Intercomunal de Rancagua, acto mágico que transformaría el predio en urbano, luego obteniéndose la necesaria plusvalía.
Eleodoro Matte, intentó emplazar la casa central de la Universidad Finis Terrae en uno de sus terrenos en la comuna de Lo Barnechea, sin percatarse, ni él ni sus asesores, que el terreno formaba parte del Cerro del Medio, definido en la regulación sectorial como área verde, que no admite esa actividad.
Después del dictamen de Contraloría que impidió ese negocio, la misma universidad invitó a este columnista para que diera una charla a los estudiantes de arquitectura y como, por transparencia, fue indispensable aludir al acontecimiento citado, el decano y otro profesor se molestaron con mi presencia, lo que significó nuestro rápido retiro del aula magna.
Los Matte son dueños de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), importante empresa que se coludió con otra para "manejar" los precios del papel confort, servilletas y toallas. Ambas empresas fueron condenadas por la Corte Suprema y todos sabemos que la colusión daña enormemente al sistema económico de libre mercado, pero algunos adalides de la sana competencia optan por cometer estos delitos, lo que ha sucedido con los pollos y las farmacias.
Un hijo de Matte, intentó edificar dos casas en un terreno rural en la comuna de Lo Barnechea, predio tipificado como área de preservación ecológica, intervención que fue admitida a tramitación en el confundido Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pero objetada posteriormente por la competente DOM de Lo Barnechea. Este tipo de equivocaciones son muy repetitivas, pues los precios de mercado de los terrenos rurales son bastante más reducidos que los urbanos. ¿Habrá conocido el mandamás de la CMPC lo que deseaba hacer su hijo para abaratar el costo de sus viviendas?
El grupo empresarial Angelini le compró al Banco Santander un permiso de edificación para construir una torre de oficinas de 21 pisos en la calle Isidora Goyenechea, comuna de Las Condes, y como las personas de ese grupo que finiquitaron la operación comercial no hicieron la respectiva due diligence, su directorio se encontró con la desagradable sorpresa de que ese acto municipal había sido declarado contrario a derecho por la Contraloría General de la República.
El caso llegó a los tribunales de justicia y como la DOM de Las Condes adujo que el ente fiscalizador no la obligó a invalidar ese permiso, la tercera sala de la Corte Suprema, conformada por los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Juan Manuel Muñoz, Hernán González y el abogado integrante Álvaro Quintanilla, rechazó la acción judicial que solo perseguía la ratificación de lo resuelto por la Contraloría, pues el edificio estaba terminado. Se concluye entonces que la torre de 21 pisos existe porque la ilegalidad del permiso no fue tomada en cuenta por aquellos agentes públicos que deben exigir el cumplimiento de la ley.
Finalmente, esperando que Luksic, Matte y Angelini, en sus proyectos, siempre respetarán los marcos regulatorios de los distintos sectores de la economía en donde invierten, les comento que, por la reciente publicación de los libros "Somos tontos hasta las doce: corrupción en Chile", del abogado y ex fiscal, Carlos Gajardo, e "Impunidad", del abogado y ex fiscal jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), Cristián Vargas, una empresa editorial recientemente me ofreció que diera a conocer mi larga experiencia en el área, en un libro que tendrá un formato muy chispeante, con el objetivo que sea entretenido para sus lectores.
