Desde SOFOFA y CPC también cuestionan la medida de indemnización por RCA anulada que propone la megarreforma y que la oposición califica de inconstitucional.
Una de las medidas más polémicas del proyecto de megarreforma que avanza rápidamente en el Congreso, es la que ofrece una indemnización a empresas titulares de un proyecto de inversión cuyo permiso ambiental sea anulado por la justicia.
Tras idas y vueltas dentro del PPD, la oposición acordó que recurrirá al Tribunal Constitucional para que revise ciertas medidas tributarias y ambientales de la megarreforma impulsada por el gobierno de José Antonio Kast, siendo esta norma una de las más cuestionadas.
Pero no solamente opositores al gobierno han levantado la voz de alerta: esta medida genera dudas dentro de los mismos gremios empresariales a los que se pretende beneficiar con ella. Así quedó plasmado en las presentaciones que hicieron representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) en la Comisión de Medio Ambiente del Senado.
Esta semana, en la Comisión de Medio Ambiente del Senado se vivieron sesiones maratónicas donde se escuchó a una serie de especialistas en derecho y política ambiental de grandes ONGs como FIMA, Oceana, Greenpeace o Chile Sustentable, y también de representantes de la industria salmonera, de SOFOFA y de la CPC.
Aunque ya se conocía el rechazo que despertaba en el ambientalismo la medida de retribución económica por Resolución de Calificación Ambiental (RCA) anulada en la justicia, sorprendió a algunos parlamentarios que incluso desde CPC y SOFOFA se manifestaron diferencias con respecto a esta medida, que en la práctica ofrece dinero público a empresas con proyectos que incumplen leyes ambientales.
“Nosotros valoramos que se reconozca que la anulación judicial de una RCA pueda generar perjuicios patrimoniales relevantes para el titular, cuando estos no le son imputables. Sin embargo creemos que las políticas públicas deben privilegiar mecanismos preventivos ex ante, por sobre mecanismos de compensación ex post”, declararon representantes de la CPC en la sesión.
Desde el gremio comercial llamaron a centrar los esfuerzos en el proceso de evaluación ambiental y no en el momento donde los proyectos ya fueron evaluados y son judicializados. Concluyen que esta medida podría ir en contra de los objetivos que persigue, llevando a una evaluación ambiental más conservadora para evitar indemnizar a la empresa más adelante.
Desde la SOFOFA también valoraron la medida pero propusieron reformularla, ya que como está planteada podría incentivar a “extremar la rigurosidad de la evaluación (aumentando los plazos) o a rechazar proyectos dudosos”.
La polémica medida propone que el Estado deba entregar dinero fiscal a empresas como forma de indemnización, si un Tribunal Ambiental anula el permiso ambiental o RCA de un proyecto de inversión de dicha empresa.
El mecanismo ha sido cuestionado incluso por un informe de la Corte Suprema, que indica que se trata de una medida inédita en que la comunidad terminaría internalizando el riesgo que conlleva cualquier inversión.
Especialistas en derecho ambiental han explicado que los Tribunales Ambientales no suelen anular RCA favorables a menos que existan razones de peso como incumplimiento a leyes que ponen en riesgo al medio ambiente. El abogado de la ONG FIMA, Ezio Costa, lo describe como “regalar dinero público a empresas que incumplen la ley”.
Los senadores Alfonso De Urresti, Diego Ibáñez y Ricardo Celis se retiraron de la comisión cuando se estaba discutiendo esta normativa, acusando vicios de inconstitucionalidad y criticando que el mecanismo estaba siendo modificado de forma improvisada, sugiriendo varios textos alternativos en un mismo día sin dar tiempo para una discusión técnica, lo que terminaba siendo antidemocrático.
