La tramitación de la megarreforma o Ley Miscelánea del gobierno de José Antonio Kast sufrió un nuevo quiebre en el Senado luego de que los senadores Ricardo Celis (PPD), Alfonso De Urresti (PS) y Diego Ibáñez (FA) abandonaran la Comisión de Medio Ambiente y anunciaran una reserva de constitucionalidad contra los artículos 12, 13, 14, 15 y 16 del proyecto, relacionados con modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Los parlamentarios atribuyeron su decisión a la improvisación del Ejecutivo, luego que durante la misma jornada se presentaran cinco redacciones distintas para un mismo articulado referido a la restitución de gastos cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es anulada por la justicia.
Según sostuvieron, el procedimiento genera dudas sobre el respeto de garantías constitucionales y del reglamento legislativo.
Oposición acusa vulneración de garantías constitucionales
La reserva de constitucionalidad apunta a una eventual infracción de los artículos 19 N° 3, 19 N° 20, 38, 76 y 77 de la Constitución, vinculados al debido proceso, la igualdad ante las cargas públicas, la responsabilidad del Estado y la independencia de los tribunales de justicia.
Los tres senadores afirmaron que el articulado podría alterar el equilibrio entre el desarrollo de proyectos de inversión, la protección del interés público y las atribuciones de los órganos del Estado. En esa línea, recalcaron que una modernización del sistema ambiental debe entregar certezas jurídicas sin debilitar las garantías constitucionales.
Ricardo Celis: "No estamos dispuestos a un juego antidemocrático"
El senador Ricardo Celis sostuvo que el debate sobre la indemnización por resoluciones de calificación ambiental anuladas terminó marcado por una sucesión de cambios impulsados por el Ejecutivo.
"Cuando ha llegado la hora de finalmente conversar sobre la indemnización a resoluciones de calificación ambiental recalificadas negativamente, incluso por los tribunales ambientales, el Gobierno y el oficialismo han hecho una martingala de indicaciones, situaciones y reposiciones, mostrando cierta improvisación”. "Cuando ha llegado la hora de finalmente conversar sobre la indemnización a resoluciones de calificación ambiental recalificadas negativamente, incluso por los tribunales ambientales, el Gobierno y el oficialismo han hecho una martingala de indicaciones, situaciones y reposiciones, mostrando cierta improvisación”.
El parlamentario agregó que decidieron retirarse de la comisión porque no estaban dispuestos a participar en un procedimiento que calificó como "antidemocrático, poco transparente y poco claro", junto con confirmar la presentación de la reserva de constitucionalidad.
De Urresti responsabiliza al ministro Jorge Quiroz
El senador Alfonso De Urresti cuestionó directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acusándolo de modificar reiteradamente el texto durante la discusión.
"Lamentamos que la discusión extensa termine con una improvisación, una más del ministro de Hacienda, cambiando por quinta vez el texto de la norma", señaló el legislador, quien sostuvo que la actuación del Ejecutivo estaría reñida con el reglamento del Senado.
Además, aseguró que especialistas que participaron en la comisión y representantes de gremios empresariales advirtieron que la norma podría aumentar la burocracia en lugar de entregar mayor certeza jurídica.
Diego Ibáñez cuestiona seguro financiado con recursos públicos
Por su parte, el senador Diego Ibáñez afirmó que la disposición impulsada por el Ejecutivo busca crear un mecanismo que favorecería a inversionistas cuyos proyectos obtengan la anulación de una Resolución de Calificación Ambiental.
Según el parlamentario, la propuesta "pretende construir un seguro privado torciendo el derecho público" mediante recursos estatales, situación que, a su juicio, constituye una infracción grave a la Constitución.
"El ministro Quiroz ha hecho una serie de triquiñuelas. Nosotros nos hemos retirado de la comisión y hemos manifestado que es abiertamente inconstitucional esta norma, que pretende construir un seguro privado torciendo el derecho público y estableciendo una trampa para que se beneficien los inversores de proyectos cuando se les anula una resolución de calificación ambiental. Un seguro privado con fondos públicos ocupando y torciendo el derecho público, y eso justamente es una falta grave a la constitución".
"El ministro Quiroz ha hecho una serie de triquiñuelas. Nosotros nos hemos retirado de la comisión y hemos manifestado que es abiertamente inconstitucional esta norma, que pretende construir un seguro privado torciendo el derecho público y estableciendo una trampa para que se beneficien los inversores de proyectos cuando se les anula una resolución de calificación ambiental. Un seguro privado con fondos públicos ocupando y torciendo el derecho público, y eso justamente es una falta grave a la constitución".
Gobierno defendió el procedimiento en la comisión
Desde el Ejecutivo rechazaron las críticas y aseguraron que no se ingresó una nueva indicación fuera de plazo, sino que se modificó una propuesta ya presentada, actuación que, según su interpretación, se ajusta al reglamento del Senado.
Pese al retiro de los parlamentarios de oposición, la sesión continuó y las indicaciones relativas a las Resoluciones de Calificación Ambiental fueron aprobadas en la comisión con los votos de los senadores oficialistas presentes.