Parlamentarios de oposición presentaron 22 indicaciones a la megarreforma impulsada por el gobierno de José Antonio Kast para evitar regresiones ambientales.
Oposición se articula contra Ley Miscelánea del gobierno de José Antonio Kast - Agencia Uno
Los senadores Alfonso De Urresti, Ricardo Celis, Diego Ibáñez, Daniella Cicardini y Yasna Provoste, presentaron 22 indicaciones al capítulo ambiental de la Megarreforma,impulsada por el gobierno de José Antonio Kast, tras la exposición de especialistas en derecho y políticas ambientales e incluso de gremios empresariales que alertaron sobre regresiones en el proyecto.
Los legisladores detectaron vicios de inconstitucionalidad en la reforma y las indicaciones buscan evitar que se reduzcan los estándares ambientales, especialmente con mecanismos que han generado preocupación como la facultad de relocalizar salmoneras sin evaluación ambiental o la retribución económica a empresas cuyo permiso ambiental sea revocado por la justicia.
El documento ingresado al Congreso contiene 22 modificaciones que abarcan distintos cuerpos legales.
Entre los cambios más relevantes destacan ajustes a la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos, la Ley N° 20.434 sobre acuicultura y la Ley N° 20.600 que creó los Tribunales Ambientales.
Propone aumentar de 6 a 18 meses el plazo para que la administración pueda invalidar actos administrativos ilegales. La idea es dar más tiempo para corregir decisiones que puedan presentar problemas jurídicos.
Establece que el traslado de una concesión acuícola deberá ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) cuando la ley lo exija y deberá incluir un plan de abandono y cierre. Esta medida apunta a facilitar la instalación de la industria salmonera o su cambio de lugar.
Precisa que no podrá considerarse un simple ajuste cartográfico cualquier cambio en un proyecto acuícola que aumente la superficie, la biomasa, la producción, las especies autorizadas o acerque una concesión a un área protegida. Además, una concesión solo podrá acogerse una vez a esta excepción.
Obliga a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura a informar cada año al Congreso todas las solicitudes de relocalización y ajustes cartográficos, indicando cuáles fueron aprobadas, rechazadas y sus fundamentos técnicos.
Propone que la Subsecretaría impulse el traslado de concesiones acuícolas ubicadas dentro de parques, reservas marinas, áreas marinas protegidas y espacios costeros marinos de pueblos originarios, informando periódicamente los avances.
Si una concesión permanece sin uso efectivo durante más de seis años, la Subsecretaría de Pesca deberá iniciar un procedimiento para declararla caducada.
Elimina la letra a) del numeral 4 del artículo 6 del proyecto. El documento no explica su contenido, solo propone su eliminación.
Propone que el reglamento establezca condiciones especiales para centrales hidroeléctricas o de pasada que se construyan en lugares donde habiten comunidades indígenas.
Aclara que una modificación de un proyecto con RCA solo requerirá una nueva evaluación ambiental cuando cambien de manera significativa la magnitud o extensión de sus impactos. También permite excluir mejoras tecnológicas, siempre que no generen impactos ambientales adicionales y cumplan estándares técnicos.
Simplemente elimina esa disposición del proyecto. El texto de las indicaciones no explica cuál era su contenido.
Permite presentar reclamaciones no solo al titular del proyecto, sino también a quienes participaron en la participación ciudadana y a cualquier persona natural o jurídica con interés legítimo en el procedimiento.
No elimina completamente el artículo. Lo reemplaza por otro texto que impide utilizar recursos administrativos solo respecto de materias ya resueltas mediante el recurso especial de reclamación, pero mantiene la posibilidad de solicitar aclaraciones o rectificaciones.
Suprime completamente el nuevo artículo 25 septies incorporado por la reforma.
Obliga al Servicio de Evaluación Ambiental a considerar informes emitidos fuera de plazo cuando adviertan riesgos para el medio ambiente o la salud que no habían sido detectados anteriormente.
Suprime completamente el artículo 12 del proyecto.
Suprime completamente el artículo 13 del proyecto.
Suprime completamente el artículo 14 del proyecto.
Suprime completamente el artículo 15 del proyecto.
Suprime completamente el artículo 16 del proyecto.
No busca simplemente mantener el control de los Tribunales Ambientales. La indicación reemplaza el numeral 8 del artículo 17 de la Ley 20.600 para precisar cuándo procede reclamar ante los Tribunales Ambientales una resolución dictada en un procedimiento de invalidación ambiental y fija un plazo de 30 días para presentar la acción.
No elimina el límite de seis meses. Propone que las medidas cautelares que suspendan proyectos con RCA favorable tengan una duración inicial de hasta seis meses, pero puedan renovarse si persisten los riesgos ambientales. Además, establece que no caduquen automáticamente al cumplirse ese plazo y que el tribunal deba pronunciarse expresamente sobre su mantención, modificación o levantamiento.
Suprime el artículo décimo sexto transitorio que la reforma incorpora a la Ley 19.300.
Uno de los aspectos más debatidos corresponde al tratamiento de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).
Las indicaciones proponen eliminar normas incorporadas por el proyecto que, según la oposición, restringen excesivamente la posibilidad de revisar administrativamente resoluciones ambientales o debilitan mecanismos de control.
Actualmente, si una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es invalidada porque la autoridad detecta que fue otorgada con errores o ilegalmente, el titular del proyecto pierde ese permiso y debe enfrentar las consecuencias administrativas correspondientes.
La Ley Miscelánea incorpora un mecanismo que permitiría que el Estado compense económicamente al titular del proyecto cuando esa invalidación le provoque perjuicios, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la reforma.
Los parlamentarios de oposición sostienen que este mecanismo podría producir varios efectos:
La defensa del Ejecutivo apunta a entregar certeza jurídica a quienes invierten. El argumento es que, cuando una empresa obtiene una RCA válida otorgada por el propio Estado y posteriormente esa autorización es dejada sin efecto por razones atribuibles a la Administración, el titular no debería asumir completamente el costo económico derivado de ese cambio.
Desde esa perspectiva, las compensaciones buscan proteger la confianza legítima de quienes desarrollan proyectos conforme a permisos estatales.
Aunque ninguna de las 22 indicaciones menciona expresamente las compensaciones económicas, varias apuntan a modificar el nuevo régimen de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).
En particular:
