Es esperable que las observaciones ciudadanas se multipliquen y esto es una gran noticia para el funcionamiento institucional y para la democracia.
El 30 de junio, la mayor coordinadora patronal de Chile (SOFOFA) presentó un informe relacionado con la Participación Ciudadana en los procesos asociados al Sistema de Evaluación Ambiental. Ese mismo día otras organizaciones gremiales como CPC, CchC y SONAMI lograron una publicación en portada de El Mercurio, mostrándose “alertados” por la judicialización de proyectos de inversión.
Ambas publicaciones apuntan en un mismo sentido: hacer parecer que el uso de los derechos de acceso en materia ambiental por parte de los ciudadanos es un problema para el país (o más bien para sus inversiones). No es una novedad, considerando que en otras ocasiones también los derechos de los trabajadores, de los estudiantes e incluso de las mujeres han sido tratados de la misma forma por parte de líderes del mundo empresarial.
Haciendo eco de las publicaciones y aprovechando especialmente los casos de estudio, algunos medios de extrema derecha han aprovechado de atacar a las ONG y en especial a la ONG Ojos de Mar y FIMA, a quienes acusaron de usar bots para generar observaciones ciudadanas y también, en un enrevesado argumento, de usar un sitio web de empoderamiento ciudadano como base de acción, lo que se cuestiona por haber contado dicho sitio con financiamiento público en algún momento (pues es un sitio que colabora en el deber del Estado de facilitar el ejercicio de derechos).
No tiene mucho sentido dar cuenta del absurdo de esas acusaciones, pues su objetivo no es producir una discusión racional, sino ir sembrando desconfianza en sus lectores, explotando el fanatismo ideológico y el sesgo de confirmación.
Sin embargo, sí tiene mucho sentido dar cuenta de que aquello que parece molestar es la existencia del sitio web poderambiental.cl, un sitio diseñado especialmente para que las personas puedan, sin necesidad de acudir a un abogado/a, conocer sus derechos en materia ambiental y operacionalizarlos, por ejemplo, haciendo observaciones ciudadanas o presentando recursos administrativos cuando corresponda.
Próximamente el sitio contará con un motor de IA propio, que hará aún más fácil su uso, y probablemente molestará aún más a quienes creen que las personas deben pasivamente plegarse ante las decisiones que tomen quienes tienen más dinero y poder.
Los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental son derechos humanos fundamentales reconocidos en diversos acuerdos internacionales y notablemente en el Acuerdo de Escazú. Pero esos derechos no sólo tienen como función la protección del derecho al ambiente sano y el patrimonio ambiental de Chile, sino que también son esenciales para que los procesos de evaluación se lleven a cabo de manera correcta.
De primera, porque el Estado no cuenta con la información que los ciudadanos pueden entregar, pero también porque es mediante el proceso de participación que los proyectos pueden modificarse para hacerse compatibles con los intereses de la ciudadanía y porque los principales fiscalizadores del cumplimiento de la ley son los mismos ciudadanos que entregan su tiempo en beneficio del colectivo.
En materia de participación, las nuevas tecnologías favorecen a los ciudadanos, pero también a evaluadores y titulares de proyectos. Quiéralo o no, la información se ha hecho más disponible y la revisión de documentos mucho más eficiente, cuestión que quita una de las mayores barreras de acceso para los ciudadanos, que era la lectura de documentos muy extensos y en lenguaje técnico.
Es esperable que las observaciones ciudadanas se multipliquen y esto es una gran noticia para el funcionamiento institucional y para la democracia. La institucionalidad deberá pronto tomar en cuenta la existencia de estas herramientas y ver las maneras de integrarlas en el proceso.
Mirando las actuaciones coordinadas de los grupos empresariales y sus sectores políticos cercanos en el mundo, es probable que durante los próximos meses continúen las discusiones y publicaciones sobre estas materias, probablemente demonizando a las organizaciones sociales y a los defensores ambientales. Así como se ha llevado un ataque constante en contra de los procedimientos del Estado hechos para proteger los derechos de las personas (a.k.a. permisología), también los propios derechos y quienes los usan, serán asediados.
Desde quienes creemos en la protección del ambiente y de lo común, habrá que hacer aún mayores esfuerzos. Acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú y sitios web como poderambiental.cl buscan ayudar en ese sentido, precisamente para construir democracias más sólidas y evitar que los intereses económicos de unos pocos se impongan al bienestar y al futuro del país.
