El paso de camiones para la faena de extracción de áridos levantaba una columna de 8 metros de polvo afectando a vecinos de la zona en El Monte.
Rosa vive en El Monte y se convirtió en defensora ambiental sin buscarlo, cuando empezó a denunciar la extracción ilegal de áridos en un espacio natural cerca de su casa. La extracción ocurre en la ribera del río Maipo, en una zona declarada como humedal urbano.
“Llegué aquí buscando precisamente paz y tranquilidad. El tema era el tránsito constante de 15 a 20 camiones al día a toda velocidad. Se levantaba polvo, mis papás no podían estar sentados acá afuera porque la nube que se levantaba era de 8 metros de altura”, comenta Rosa.
La mujer empezó a denunciar los hechos ante la municipalidad junto a otro vecino desde 2017, y relata que la amenazaron con pasarle una multa por no tener su propiedad regularizada.
Recurrió a otros organismos como la Dirección General de Aguas, constatando que la empresa estaba extrayendo áridos por sobre lo permitido, o el Gobierno Regional. Pero cuando empezó a ver resultados, Rosa denuncia que también comenzó el hostigamiento desde el municipio y otras amenazas que le han hecho temer por su seguridad e instalar cámaras perimetrales y vidrios resistentes.
La extracción de áridos implica retirar arena, gravilla, ripio y piedras de fuentes naturales como canteras y sobre todo lechos de ríos y esteros. Estos materiales se usan sobre todo para construcción u otras industrias manufactureras.
Se trata de una actividad que se ha practicado de forma muy irregular en Chile como es el caso de la ribera del río Maipo en la periferia de Santiago.
Además del paso de camiones pesados que levantan material particulado afectando la salud de vecinos y vecinas, la extracción va erosionando y dañando el suelo en la ribera de los ríos, generando riesgos de aluviones y alteración de cauces. Esta afectación reduce la capacidad de los suelos ribereños de absorber agua, limpiarla y almacenarla aumentando la turbiedad del agua y el riesgo de inundaciones.
El caso de Rosa es uno de los destacados en el informe de la ONG Escazú Ahora sobre la violencia contra defensores y defensoras ambientales. El informe muestra que durante 2025 crecieron los casos registrados en un 53%.
Una de las dificultades para generar informes sobre este caso, según los representantes de la ONG, es que aún no existe una ley en Chile de defensores ambientales, ni una definición clara sobre estas personas y el valor que tiene su labor para el bien público.
En el caso de Rosa este vacío se ilustra en el hecho de que a la misma mujer le cuesta considerarse una defensora ambiental, relatando que se convirtió en defensora casi por accidente, al denunciar un problema que afectaba a su comunidad.
