El país con más variedad de ballenas del mundo es acusado de ocultar información por la muerte de un cetáceo tras caer en redes industriales.
Ballena jorobada.
El foco internacional nuevamente está puesto sobre Chile y no por una hazaña positiva, más bien, nuestro país ha sido blanco de críticas por el ocultamiento de información y falta de fiscalización de la protección de las ballenas en la Antártica.
Las acusaciones se originan luego de la muerte de una ballena jorobado macho en febrero de 2024, que había caído en las red de arrastre del buque chileno Antarctic Endeavour, propiedad de Pesca Chile S.A., del empresario José Luis del Río.
Si bien la tripulación izó la red para subirla a la cubierta del barco al percatarse de la situación, el cetáceo permaneció atrapado a bordo por cerca de 40 minutos. Pasado el tiempo, el animal fue liberado "con vida", según las instituciones chilenas, hecho que está actualmente en discusión.
En mayo de 2026, el Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) detectó que las instituciones mintieron o entregaron información contradictoria sobre la muerte del cetáceo. En concreto, informaron a la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) que la ballena estaba viva.
Sin embargo, informes internos de Sernapesca —obtenidos por Transparencia solicitados por ONGs chilenas —daban cuenta de que solo se observaba "el cuerpo flotar, sin emitir soplos ni movimientos".
El CBI concluyó que la intensa manipulación y la exposición en cubierta causaron su muerte física antes o inmediatamente después de ser devuelta al agua. Expertos explican que el peso de un cetáceo fuera del agua colapsa sus propios órganos internos y provoca un estrés masivo.
Las irregularidades administrativas y operacionales del buque de Pesca Chile S.A. no terminan ahí. Las fiscalizaciones arrojaron que, durante la faena del fatídico reingreso de 2024, “la captura incidental de esta ballena no se encontraba declarada en la bitácora electrónica de pesca”, violando directamente las directrices de la CCRVMA.
Asimismo, las grabaciones de las cámaras de seguridad examinadas por Sernapesca “no constatan el uso de dispositivos de exclusión de mamíferos marinos”. La nave operaba desprovista del Dispositivo de Exclusión de Cetáceos (CED) obligatorio, limitándose a usar una protección para lobos marinos ineficiente ante la envergadura de una ballena.
La negligencia se repitió el 25 de marzo de 2025 en la misma zona de pesca, cobrando la vida de una jorobada juvenil que murió por asfixia tras ser izada en el copo de la red. Pese a que la empresa declaró haber comprado el sistema CED exigido por ley, la realidad técnica apuntó a que el mecanismo “no estaba disponible a bordo”.
A diferencia del incidente previo, la CBI denunció que para este evento “no se dispuso de un informe de Sernapesca”. Aunque el servicio estatal interpuso una querella criminal en abril de 2025 ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, omitió la redacción del informe técnico correspondiente, restando transparencia frente a la comunidad científica internacional.
Por si fuera poco, el informe de la delegación chilena de 2025 sumó un insólito contrasentido biológico: aseguró que el sexo del animal no se logró identificar debido a que la zona del vientre “no era visible”; no obstante, líneas más abajo el mismo texto sostuvo que “los pliegues gulares estaban llenos de kril”.
La incoherencia es flagrante para los expertos de las organizaciones civiles, dado que los pliegues gulares se ubican, precisamente, en la región ventral de los cetáceos.
El categórico veredicto del principal organismo de estudio de cetáceos en el planeta no dejó espacio a dobles lecturas. El subcomité científico de la CBI dictaminó formalmente que “las discrepancias en la notificación de las capturas incidentales por parte del buque chileno Antarctic Endeavour deben investigarse más a fondo”.
Junto con ello, la entidad internacional recalcó de manera categórica que “se deben implementar medidas para prevenir más capturas de ballenas”.
En paralelo, el Centro de Conservación Cetacea y Ecoceanos mantienen una disputa jurídica ante el Consejo para la Transparencia (CPLT) a través de un recurso de amparo, buscando que Sernapesca libere de manera íntegra los antecedentes que ocultó u omitió deliberadamente en las solicitudes de abril pasado.
El tribunal de transparencia fijó como plazo definitivo el próximo 30 de septiembre para resolver este litigio, un hito que las organizaciones socioambientales llaman a vigilar con máxima atención ciudadana para frenar la impunidad en las aguas del sur chileno.
