Pablo Aguayo-Westwood, académico de la Facultad de Derecho, sostiene que la prohibición empeora las condiciones de precarización.
Trabajo sexual en Chile.
Reconociendo que existen diversas posiciones sobre la materia, un académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile propuso regular el trabajo sexual con el fin de garantizar derechos sociales a quienes lo ejercen y así evitar la doble revictimización.
El artículo del profesor Pablo Aguayo-Westwood abandona la discusión dogmática para centrarse desde una posición de justicia social.
Asimismo, aclaró que su propuesta no busca promover esta actividad y es coincide en "lo que uno busca, a largo plazo, es que deje de existir". Sin embargo, en el ahora "la mejor respuesta no es prohibirlo ni castigarlo".
Para el académico prohibir o castigar el trabajo sexual no resuelve el problema de fondo y, en cambio, profundiza la vulnerabilidad de quienes lo ejercen.
“Cuando está prohibido el trabajo sexual, las condiciones de precariedad del ejercicio son peores que cuando está permitido”, señala.
Según detalla, sin regulación las trabajadoras no pueden acceder a una cuenta corriente, arrendar formalmente una vivienda para ejercer su labor o demostrar ingresos.
Lo anterior, deja mayor espacio para que actúen mafias y proxenetas, que operan en el terreno de la ilegalidad y refuerzan redes de explotación.
Con la legalización, en cambio, plantea que existe acceso a sindicalización, seguridad social, salud y crédito, como ocurre en países desarrollados.
Además, regular el trabajo sexual evitaría una doble revictimización: de ejercer en condiciones vulnerables, se suma el castigo por realizar una práctica que está prohibida.
Aguayo-Westwood explicó que su interés inicial, plasmado en un artículo anterior escrito junto a María José Calderón, ¿Qué hay de malo en la prostitución?, fue mostrar que existen al menos cuatro posiciones sobre el tema y que lo relevante es identificar las virtudes y defectos de cada una.
Con todo, reconoce que su postura personal fue variando con el tiempo. “Mi posición cambia más o menos fuerte cuando ya empiezo a tener contacto directo con las organizaciones de las trabajadoras sexuales, con los sindicatos o con los materiales que recopilan el trabajo realizado por otras investigadoras con los sindicatos”, cuenta.
La investigación toma como marco de análisis la teoría de la justicia de la filósofa estadounidense Nancy Fraser, quien propone que las injusticias deben ser abordadas desde tres dimensiones: redistribución económica, reconocimiento social y participación política.
Aguayo-Westwood sostiene que dentro del feminismo conviven visiones distintas: desde las posiciones abolicionistas hasta aquellas que defienden la autonomía de las trabajadoras sexuales para organizarse y representarse a sí mismas.
En ese marco, apunta a una tensión que también aparece en otros debates, como el de la gestación por subrogación. Citando el libro Prostitución/trabajo sexual, de Diana Maffía, plantea que las condiciones materiales de precariedad no son exclusivas de las trabajadoras sexuales, sino que también afectan a otros oficios feminizados, como el trabajo doméstico o el cuidado de adultos mayores.
Respecto del estado de la discusión en Chile, el académico indica que el debate legislativo lleva estancado más de 11 años en el Congreso, aunque las posiciones que se han impuesto tienden hacia la sanción de la actividad.
“Existe una extraña confluencia en una opinión que comparte tanto el feminismo progresista como las posiciones más de ultraderecha conservadora”, sostiene, en un fenómeno que, agrega, también se repite en la discusión sobre la gestación por subrogación.
El artículo se titula "Towards Multidimensional Justice for Sex Workers: Redistribution, Recognition, and Participation" y fue publicado en la revista Humanities & Social Sciences Communications, del sello Nature Portfolio.
