Si alguien ha acumulado problemas innecesarios, improvisaciones, malas decisiones y explicaciones poco convincentes durante estas semanas, no han sido precisamente los ciudadanos.
Kast y sus ministros en La Moneda / Agencia Uno
Hay semanas que, vistas en conjunto, dicen más que cualquier discurso oficial. En los últimos días, Chile vio desfilar una serie de episodios que, por separado, podrían parecer anécdotas o polémicas menores. Juntos, sin embargo, dibujan un patrón: el de una élite gobernante que parece haber normalizado una preocupante distancia, cuando no un abierto desprecio, hacia la gente común.
El episodio que inspira esta columna ocurrió cuando David Bravo, economista y presidente de la Comisión de Reactivación Laboral, organismo asesor que acaba de entregar sus propuestas al Ministerio del Trabajo, afirmó en una entrevista con Tele13 que cada trabajador representa "un cacho" para las empresas, al explicar los costos asociados a la contratación y al despido.
La CUT reaccionó con dureza, acusando que la frase revela la forma en que parte de quienes diseñan las políticas laborales entienden al trabajador: no como una persona con derechos, sino como un costo que debe reducirse. Más allá de la explicación técnica, la expresión sintetiza una lógica que ha predominado durante décadas.
La misma desconexión apareció en la polémica por los conciertos de BTS en el Estadio Nacional. La ministra del Deporte, Natalia Duco, sostuvo que el Instituto Nacional de Deportes rechazó inicialmente el evento porque el escenario de 360 grados, de más de 600 toneladas, podía dañar la cancha y afectar la programación deportiva posterior.
Mientras la autoridad discutía el estado del césped, miles de personas que ya habían comprado entradas, reservado pasajes y hoteles quedaron en la incertidumbre. Solo después de la presión pública y política la decisión fue revertida. Otra improvisación que terminó transformando un problema administrativo en un conflicto completamente evitable, con una ministra cacho.
A esto se suma el proyecto "Ordenemos las cuentas", impulsado por el Ministerio de Energía para enfrentar la deuda acumulada por el congelamiento de las tarifas eléctricas. El Gobierno sostiene que la iniciativa permitirá evitar alzas mayores y ampliar los subsidios para los hogares más vulnerables. Sin embargo, el resultado práctico sigue siendo el mismo: millones de familias deberán pagar cuentas de luz más altas.
El congelamiento artificial de tarifas durante años terminó generando una deuda que ahora recae sobre los consumidores. Llamar "ordenamiento" a este proceso puede sonar tranquilizador, pero no cambia la realidad de quienes verán aumentar sus gastos mensuales y aquí también aplicaría que estamos frente a otra ministra que bien ahora no toma palco pero es otro cacho.
Algo parecido ocurre con los combustibles. El precio internacional del petróleo volvió hace semanas a niveles similares a los previos al conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, las rebajas en Chile llegan lentamente debido al funcionamiento del MEPCO. El libreto es conocido: cuando el petróleo sube, el aumento llega con rapidez al bolsillo de los consumidores; cuando baja, la disminución se administra gradualmente y termina presentándose como un gesto del Gobierno, cuando no es más que la corrección de un precio que ya había cambiado en el mercado internacional.
Como si todo esto fuera poco, el episodio que sigue generando comentarios, memes y mofas es sin duda el protagonizado por el presidente José Antonio Kast durante una actividad en Villarrica. Lo que comenzó con un niño que decidió no saludar al mandatario terminó escalando a una discusión pública con la madre del menor.
Más allá de quién tenga razón en los detalles, lo que quedó expuesto fue algo más profundo: la dificultad de un jefe de Estado para dejar pasar un gesto insignificante sin convertirlo en un conflicto. No se trata de protocolo, sino de templanza. Quien ejerce la máxima magistratura debe ser capaz de distinguir entre un incidente menor y una controversia que termina proyectando una imagen de fragilidad.
El cuadro terminó de completarse con la renuncia de Paulo Contreras, jefe de la División de Contrainteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia, luego de conocerse sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla entre 2018 y 2023. Según la investigación periodística, mientras ocupaba altos cargos en la PDI entregó información reservada sobre diversas autoridades y coordinó acciones frente a reportajes sensibles y este es un gran cacho que salpicaría al propio mandatario..
La pregunta es inevitable: ¿el Gobierno revisó estos antecedentes antes de designarlo o simplemente no lo hizo? Ninguna de las dos respuestas resulta tranquilizadora. Si fue negligencia, demuestra una alarmante falta de rigurosidad en uno de los cargos más sensibles del Estado.
Si los antecedentes eran conocidos y aun así se optó por nombrarlo, el problema deja de ser individual y pasa a comprometer el criterio político del propio Ejecutivo. En un gobierno que hizo del orden y la seguridad uno de sus principales estandartes, descubrir un caso así en el corazón de la contrainteligencia exige mucho más que una simple aceptación de renuncia.
Ninguno de estos episodios, considerado de manera aislada, basta para definir al gobierno. Pero puestos uno tras otro muestran una misma forma de ejercer el poder: el asesor que trata al trabajador como un costo, la ministra que parece preocuparse más por el césped que por miles de asistentes, el Gobierno que presenta como alivio el pago de una deuda que terminarán financiando las familias, la lenta rebaja de los combustibles convertida en favor político, un presidente que pierde la perspectiva frente a un niño y un alto funcionario de inteligencia cuyo nombramiento hoy nadie logra explicar convincentemente.
No son hechos idénticos, pero sí comparten un mismo hilo conductor: una autoridad que parece mirar primero los balances, los procedimientos y su propia lógica interna, antes que la experiencia cotidiana de quienes pagan las cuentas, buscan trabajo, organizan un viaje para asistir a un concierto o simplemente esperan que el Estado actúe con profesionalismo.
Al final, la palabra utilizada por el asesor laboral terminó describiendo mejor al propio Ejecutivo que a los trabajadores. Porque si alguien ha acumulado problemas innecesarios, improvisaciones, malas decisiones y explicaciones poco convincentes durante estas semanas, no han sido precisamente los ciudadanos. La palabra "cacho" les calza mucho mejor a quienes hoy gobiernan.
