Chile enfrenta hoy un desempleo del 9,4%, el nivel más alto en casi cinco años. Al mismo tiempo, el Gobierno impulsa cambios que podrían traducirse en semanas laborales de hasta 52 horas, mientras en el norte del país aún se cuentan muertos y desaparecidos tras un temporal que motivó una tardía declaración de estado de catástrofe, generando duras críticas de alcaldes por la lenta respuesta. Como si fuera poco, el Congreso aprobó una reforma que reduce impuestos a grandes empresas y les garantiza beneficios por veinte años, una medida cuestionada por buena parte de la ciudadanía.
Con ese escenario, un grupo de parlamentarios encontró tiempo para impulsar un proyecto tan innecesario como cruel y miserable: "Escucha su corazón", que obliga a ofrecer a una mujer o niña que decidió abortar escuchar los latidos del feto antes del procedimiento.
Sus promotores aseguran que es voluntario. No lo es. La ley obliga al médico a ofrecer esa escucha y, si la mujer la rechaza, el aborto no puede realizarse. Eso no es libertad de elección; es una condición disfrazada de opción. Se abre un derecho para cerrarlo inmediatamente si la mujer decide no participar del ritual que otros consideran moralmente correcto.
¿A quién afecta? A una mujer cuyo embarazo no es viable. A una niña embarazada tras una violación o abuso intrafamiliar. A una mujer cuya vida está en riesgo. El propio diputado impulsor reconoció públicamente que nunca pensó en esos casos, pero aun así presentó el proyecto sin excluirlos. Eso demuestra que no busca responder a situaciones reales, sino imponer una visión ideológica.
Tampoco la ciencia respalda el relato con que se promueve la iniciativa. A las seis semanas el embrión mide apenas unos milímetros y la actividad detectada corresponde a células que comienzan a contraerse. Llamarlo "corazón" puede responder a una convicción personal, pero no constituye un hecho médico. Convertir una creencia en argumento científico es faltar a la verdad.
El verdadero objetivo tampoco se oculta. Su autor ha declarado que quisiera terminar con el aborto en Chile porque considera que la ley "convirtió el crimen en ley". Si ese es su propósito, sería más honesto intentar derogarla que imponer obstáculos graduales a un derecho vigente. Cuando no existen votos para eliminar una ley, se intenta vaciarla de contenido paso a paso. Así avanzan los sectores más fundamentalistas: normalizando restricciones hasta convertirlas en costumbre.
Llevo años estudiando la memoria de nuestra historia reciente y no puedo evitar una comparación. Durante la dictadura, obligar a un detenido a escuchar los gritos de un familiar torturado fue un mecanismo de violencia psicológica. No afirmo que ambas situaciones sean equivalentes, pero sí comparten un mismo principio: utilizar el sufrimiento provocado a través del oído para quebrar la voluntad de una persona. Obligar a una mujer violada, o a una madre que sabe que su hijo no sobrevivirá, a escuchar un sonido presentado como su última oportunidad para arrepentirse busca exactamente eso: producir culpa mediante el dolor.
El proyecto tampoco nace desde la buena fe. Su autor, el diputado Cristóbal Urruticoechea, ha estado involucrado en cuestionamientos por el uso de recursos públicos y por difundir información falsa. Incluso una parlamentaria que firmó la iniciativa, la diputada Ximena Ossandón, retiró posteriormente su apoyo al descubrir que no era una simple oferta voluntaria, sino una condición capaz de impedir el acceso al aborto legal.
Esta discusión no trata únicamente sobre el aborto en tres causales. Trata sobre humanidad. Y no hay humanidad en un proyecto que se niega a escuchar a quienes ya cargan con el dolor de una violación, de un embarazo inviable o del riesgo de perder su propia vida. Porque mientras algunos insisten en obligar a escuchar un supuesto corazón, siguen ignorando el único corazón que ya late, sufre y tiene derechos: el de las mujeres. Ojalá este proyecto no avance y Chile no retroceda en derechos conquistados con tanto esfuerzo.
