Cada cierto tiempo en Chile aparece una causa que parece explicarlo todo. El malestar. El lucro. El abuso. La desigualdad. Los treinta años. La desconexión de las élites. El octubrismo. El texto. Durante unas semanas creemos que por fin dimos con la causa de lo que nos pasa, y después la conversación se apaga, cambian los gobiernos y el malestar sigue donde estaba. Han pasado veinte o treinta años así.
Empecemos por lo que no admite matices. Si se confirma lo que se está investigando —redes de cuentas falsas fabricadas para simular una conversación que no existe, granjas de bots incautadas en domicilios, avatares generados por inteligencia artificial, financiamiento opaco que cruza fronteras, audios con instrucciones para manipular actas y votos, y una estructura que opera a la vez en Chile, Honduras, Perú, Colombia y México—, se trata de un atentado contra la fe pública y contra la deliberación democrática.
Y no se agota en el operador: están quienes contratan, quienes financian desde Argentina o desde una oficina en Santiago, quienes difunden sabiendo que es falso, quienes miran para el lado porque el resultado los favorece, y quienes desde posiciones de poder admiten conocer al operador mientras niegan haberlo contratado. La sofisticación del entramado —tecnológica, financiera, transnacional— deja claro que ya no hablamos de un consultor con una granja de computadores, sino de una industria que vende la fabricación de mayorías falsas al mejor postor.
Dicho esto, conviene detenerse en una idea que ha vuelto a instalarse con insistencia. En distintos tonos y registros, hemos escuchado repetirse la misma tesis: que el Rechazo ganó por los bots; que, sin esa operación, hoy estaríamos en otra parte; que Kast llegó a la presidencia gracias a la manipulación promovida en las redes sociales. Atribuir el Rechazo a la manipulación implica no asumir cuestiones sobre las que necesitamos hablar, por ejemplo, el desajuste entre el texto y el país real, entre la discusión de la Convención y las preocupaciones cotidianas; implica no reconocer cierto voluntarismo y la ausencia de un pragmatismo necesario. Dicho de otro modo, centrarse en los bots es cegarse a cuestiones políticas y culturales más de fondo.
Miremos solo el resultado del plebiscito del 4 de septiembre de 2022. El Rechazo obtuvo 61,9% contra 38,1%: casi 24 puntos, tres millones de votos de diferencia. Ganó en las dieciséis regiones y en 338 de las 346 comunas del país. Ganó en las comunas más pobres. Ganó en las de mayoría indígena. Ganó en trece de los catorce recintos penales. Y lo hizo con cinco millones y medio de personas que no habían votado en el plebiscito de entrada y que llegaron a las urnas por obligación legal. Eso no es el resultado de una campaña. Es un país.
Dicho lo anterior, tampoco podemos asumir que los mensajes produzcan efectos directos. Por más bots que estén operando, no es posible atribuirles un efecto directo sobre las personas: hay algo en la sociedad misma que determina que esos mensajes tengan más o menos impacto. Conviene, por tanto, detenerse en cómo influyen realmente los mensajes. La influencia de los medios y las redes rara vez es directa: llega filtrada por las conversaciones cotidianas, y son esas interacciones las que determinan si se valida, se reinterpreta o se descarta. La intuición viene de Lazarsfeld, Berelson y Gaudet, a partir de un estudio de campo realizado en 1940, y fue desarrollada después por Katz y Lazarsfeld como flujo de comunicación en dos pasos: el mensaje viaja del medio a ciertas personas influyentes, y de ellas al resto.
Ochenta años después, la teoría del flujo en dos pasos sigue siendo una referencia obligada. Martín-Barbero propuso desplazar la mirada desde los medios hacia las mediaciones, y Orozco mostró cómo la familia, la escuela y el contexto concreto de consumo filtran y resignifican lo que se recibe. En esa línea, un estudio de campo realizado durante la elección estadounidense de 2024 encontró que los contenidos entregados por creadores de contenido —a diferencia de los enviados por canales de contacto directo, como correos o mensajes de texto, que no mostraron efectos comparables— lograron desplazar posiciones políticas e incluso el voto declarado, con efectos mayores cuanto más intensa era la conexión percibida con el emisor.
Entonces, ¿los bots no hacen daño? Hacen muchísimo, pero conviene entender bien cuál. La hipótesis más razonable es que no cambian tanto lo que usted piensa como lo que usted cree que piensan los demás. Esa sería su especialidad: fabricar la apariencia de una mayoría. Hacer que una posición marginal parezca sentido común y que una mayoritaria parezca vergonzosa. Que una persona común, al ver miles de mensajes en la misma dirección, concluya que el país entero opina así y decida quedarse callada.
Aquí opera el teorema de Thomas, formulado por el sociólogo William I. Thomas: si una situación se define como real, sus consecuencias son reales. La mayoría fabricada no necesita existir para producir efectos; basta con que la persona la perciba como real y ajuste su conducta a esa percepción. Así, una verdad instalada desmoviliza otras posiciones. Hace medio siglo, Elisabeth Noelle-Neumann llamó a eso la espiral del silencio.
Ahora bien, para funcionar, cualquier intento de manipulación mediática necesita que tengamos pocas maneras de saber qué piensa la gente que nos rodea, o que nuestro círculo sea tan estrecho que solo nos devuelva lo que ya pensamos. Un estudio con modelación basada en agentes encontró que la espiral del silencio a escala global se vuelve más probable cuando las redes personales son pequeñas y aisladas, pues la falta de conexiones amplias impide que las opiniones minoritarias se articulen y quedan atrapadas en espirales locales.
En la misma línea, una investigación sobre redes homofílicas —cuando solo nos relacionamos con quienes ya piensan como nosotros— mostró que un cierre excesivo de los círculos sociales amplifica las asimetrías y consolida la dominancia de la mayoría, acelerando la supresión de las voces disidentes. A esto se suma el hallazgo de que el capital social individual, medido por la confianza, la vecindad y la participación cívica, funciona como un factor protector contra la espiral del silencio: quienes participan en organizaciones comunitarias y reuniones públicas expresan sus opiniones con mayor independencia de lo que creen que piensa la mayoría.
Sin desconocer la gravedad de los intentos de manipulación y todo lo que rodea el caso Cerimedo, sería un error no reparar en que el problema de fondo, al menos en el caso chileno, es otro. Y ahí está, precisamente, lo que debería ocupar nuestra atención. Hoy apenas el 15% de las personas declara confiar en los demás; en Dinamarca y Noruega la cifra bordea el 70%. La encuesta CASEN muestra que tres de cada cuatro chilenos no participan en ninguna organización: ni junta de vecinos, ni club deportivo, ni sindicato, ni centro de padres. Dos de cada tres visitaron a un vecino menos de dos veces en el último año, y un tercio no lo hizo nunca.
Ese déficit de confianza y de participación no se corrige solo con más espacios de encuentro. También debería abordarse desde la educación, y no se hace. Los espacios educativos —escolares y de educación superior— están colonizados por la lógica del rendimiento, y dan una importancia menor a la formación de personas reflexivas, capaces de sostener una conversación pública, de escuchar al que piensa distinto y de construir acuerdos.
Hemos ido perdiendo los lugares donde uno se enteraba de qué piensa el otro. Lo que queda son los vínculos que uno elige —la familia, los pocos amigos, el grupo afín—, y esos no cumplen la misma función, porque no obligan a nada. Al vecino uno no lo eligió y tenía que volver a verlo. Cuando esos lugares se vacían, el teléfono deja de ser una fuente entre varias y se convierte en la única. Ahí, y solo ahí, unos cuantos computadores en una pieza pueden hacerse pasar por un país.
A principios de los años 70, más de la mitad de la población participaba en organizaciones vecinales, y la Ley 16.880, de 1968, les había dado atribuciones reales sobre lo que pasaba en su territorio. La dictadura desmanteló eso deliberadamente: suspendió esa ley, intervino las juntas de vecinos y eliminó de la Constitución de 1980 tanto el derecho a participar como el reconocimiento a las organizaciones comunitarias. En más de tres décadas de democracia, ningún gobierno —de ningún color— ha hecho algo por reconstruirlo. Al contrario: subsidios que se postulan de a uno, fondos que obligan a las organizaciones de un mismo barrio a competir entre ellas, programas de participación que duran lo que dura su financiamiento.
Por eso hay que hacer las dos cosas. Sí a legislar sobre el uso malicioso de las redes, sí a transparentar quién paga qué, sí a perseguir judicialmente a los responsables. Pero si la conversación termina ahí, habremos hecho una vez más lo que sabemos hacer: encontrar un culpable lo bastante nítido como para no tener que mirarnos.
El otro trabajo es lento y no luce en campaña: devolverles poder real a las organizaciones de la comunidad, con atribuciones sobre lo que efectivamente les afecta y condiciones para hacer su trabajo. Devolverles, además, algo que nunca debió salir de ahí: la política. No la militancia ni el color partidario, sino el derecho a discutir lo público, a tener opinión sobre el barrio, la ciudad y el país, a disputar decisiones en vez de limitarse a tramitar permisos. Y ampliar los lugares donde la gente se encuentra: plazas, ferias, bibliotecas, canchas, sedes. No son equipamiento menor, son la infraestructura de la conversación, los únicos sitios donde uno se topa con alguien que piensa distinto y tiene que arreglárselas con eso. Ahí se aprende a construir acuerdos y a procesar diferencias, y eso debería enseñarse con la misma seriedad con que enseñamos a leer y a calcular.
Mientras no lo hagamos, seguiremos dando vueltas en el mismo lugar. Y siempre habrá alguien dispuesto a vendernos, por unos cuantos dólares, la mayoría que no fuimos capaces de construir.