El rescate de semillas del último Dendroseris neriifolia silvestre conocido de Juan Fernández demuestra el valor de la cooperación científica, pero también revela la urgencia de que Chile fortalezca las capacidades públicas para la protección y la gobernanza de sus recursos genéticos.
Imagen referencial de un brote / Crédito: AIFBN
Una reciente publicación de Mongabay informó que el último ejemplar silvestre conocido de Dendroseris neriifolia —colecillo o col de Juan Fernández— produjo semillas que fueron recolectadas y trasladadas al Millennium Seed Bank de los Royal Botanic Gardens de Kew, en el Reino Unido. De las 29 semillas recibidas, ocho germinaron. Es, sin duda, una buena noticia para una especie críticamente amenazada, hoy representada en estado silvestre, según los registros disponibles, por un solo individuo.
El caso demuestra el valor de la cooperación entre investigadores, bancos de semillas, jardines botánicos y organismos públicos. Pero también obliga a formular preguntas incómodas: ¿por qué la conservación de recursos genéticos singulares o endémicos de Chile depende, en ciertos casos, de capacidades instaladas fuera del país? ¿Quién custodia ese material? ¿Quién produce conocimiento a partir de él? ¿Y bajo qué reglas se distribuyen los beneficios que podría generar?
La biodiversidad ya no puede entenderse únicamente como patrimonio ecológico. También está vinculada a la seguridad alimentaria, la adaptación al cambio climático, la investigación científica, la biotecnología y el desarrollo económico basado en conocimiento. Los recursos genéticos contienen información biológica con un enorme potencial, y Chile posee una flora excepcionalmente singular, con una proporción importante de especies endémicas, es decir, que no existen naturalmente en ningún otro lugar del planeta.
No es extraño, por tanto, que diversas especies chilenas despierten interés científico y comercial. Las saponinas del quillay se utilizan como componentes de adyuvantes para vacunas. El maqui, la murta y el calafate son estudiados por sus propiedades antioxidantes y su potencial en alimentos funcionales y productos nutracéuticos. El boldo también ha sido ampliamente investigado por sus compuestos de interés farmacológico.
El caso de la rapamicina ofrece un ejemplo especialmente revelador. A partir de una muestra de suelo recolectada en Rapa Nui durante la década de 1960, se aisló un microorganismo del cual se obtuvo este compuesto inmunosupresor, posteriormente utilizado como base para el desarrollo de medicamentos de alto valor. El descubrimiento produjo beneficios científicos y económicos importantes, pero también dejó abierta la discusión sobre las condiciones de acceso al material biológico, la participación del país de origen y los derechos de las comunidades locales.
Chile cuenta con capacidades en materia de recursos genéticos en universidades, centros de investigación, herbarios, jardines botánicos, colecciones biológicas y bancos de germoplasma públicos y privados. Entre estos destaca el Banco Base de Semillas del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).
El problema es que estas capacidades se encuentran fragmentadas, poseen recursos desiguales y no forman parte de una política integral que articule conservación, investigación, innovación, gestión de datos y distribución de beneficios. Esa fragmentación es, entre otras cosas, un problema de financiamiento público: conservar este patrimonio debe ser entendido como una responsabilidad permanente del Estado y no puede depender de si el recurso genético en cuestión llega o no a generar beneficios comerciales.
La discusión es todavía más urgente porque la información genética puede circular sin que se transfiera físicamente una semilla, una planta o una muestra de suelo. La llamada Información de Secuencia Digital permite almacenar, analizar y utilizar datos genéticos a escala global. Por eso, resguardar el patrimonio natural no consiste solamente en conservar germoplasma: también requiere capacidades nacionales en genómica, bioinformática, gobernanza de datos, propiedad intelectual e innovación.
La respuesta no debe ser cerrar las puertas a la cooperación internacional. Instituciones como Kew poseen infraestructura y experiencia indispensables para evitar la desaparición de especies amenazadas. El desafío es asegurar que toda transferencia de material e información se realice de manera transparente, con reglas claras de acceso y, cuando corresponda, una distribución justa y equitativa de los beneficios.
Chile necesita avanzar hacia un marco regulatorio integral sobre recursos genéticos que incluya y articule su conservación in situ y ex situ. Este marco debe considerar mecanismos de acceso y consentimiento previo e informado cuando corresponda, reconocer la participación y los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y ofrecer certezas a quienes investigan e innovan. Al mismo tiempo, es necesario fortalecer la formación de capital humano y coordinar una red nacional de bancos de germoplasma, jardines botánicos, herbarios y centros de semillas, entendidos como infraestructura científica estratégica
No tenemos que elegir entre conservación y desarrollo, ni entre cooperación internacional y soberanía nacional. Debemos construir instituciones capaces de compatibilizar estos objetivos. La experiencia del último colecillo silvestre conocido de Juan Fernández no debería quedar solo como una historia exitosa de rescate: debe impulsarnos a generar una política permanente que proteja y conserve los recursos genéticos presentes en Chile, fortalezca las capacidades de investigación y la ciencia nacional y asegure que el conocimiento y los beneficios derivados de nuestra biodiversidad contribuyan también al desarrollo sostenible del país.
