El Ejecutivo anunció la creación de dos instancias asesoras orientadas a proponer reformas del Estado: la Comisión Asesora Ministerial para la Modernización del Empleo Público y la Comisión de Nueva Arquitectura del Estado. La sola concepción segmentada de estas comisiones evidencia una dicotomía analítica, al tratar el empleo público y la estructura estatal como dimensiones independientes, omitiendo que la gestión de personal en el sector público está supeditada al diseño institucional del Estado y viceversa.
Esta superposición funcional da cuenta de un desconocimiento sobre la dinámica integral del aparato estatal. Prevalece así una aproximación ideológica de la derecha y extrema derecha hacia lo público, la cual tiende a adscribir juicios apriorísticos, enunciados incuestionables y simplificaciones discursivas que obstaculizan una comprensión rigurosa de la burocracia estatal.
Resulta sustancial examinar esta perspectiva ideológica de sesgo negativo respecto del Estado, la administración pública y las capacidades de gestión del funcionariado que se describen en el programa de gobierno, entendiendo que dicho documento constituye el marco orientador de ambas comisiones.
En materia de empleo público, la propuesta programática establece: “Pondremos el Estado al servicio de las personas, no de los políticos. […] Para esto, mejoraremos el empleo público fundando el ingreso, permanencia y promoción de la carrera funcionaria en el mérito, limitando la contratación de funcionarios de confianza de la autoridad de turno” […] (pp. 28). La evidencia contrasta con dicho enunciado conceptual. La administración actual ha incurrido en el nombramiento de personal directivo y técnico sin la idoneidad ni la trayectoria profesional requeridas en reparticiones clave como el Ministerio del Interior, la Secretaría de Comunicaciones y el Ministerio de Justicia.
Respecto a la redistribución de la riqueza y la justicia fiscal, el programa de gobierno —y su posterior concreción en la mega reforma— promueve medidas de naturaleza regresiva. Señala: “[...] eliminaremos progresivamente las contribuciones a la primera vivienda, con el objetivo de dejar exento su pago. Esto se realizará de forma gradual pero expedita, comenzando por las personas mayores” (pp. 37). La aplicación de este principio genera una distorsión en la equidad territorial, al desfinanciar los mecanismos redistributivos del impuesto territorial que auxilian a los municipios con menores ingresos y concentrar el beneficio relativo en las comunas de mayor capacidad socioeconómica. Sumado a ello, la eventual compensación de esta menor recaudación mediante rentas generales de la nación traslada principalmente el IVA, el cual posee un marcado carácter regresivo socialmente.
En cuanto a la sostenibilidad fiscal y la deuda pública, el diagnóstico programático asevera: “[...] se ha llegado a una deuda pública que alcanza hoy al 41,7% del producto. Esto no representa un manejo fiscal responsable.” (pp. 12) Al comparar con países miembros de la OCDE, cuyos niveles de endeudamiento sobre el PIB superan sustancialmente la cifra de nuestro país; a saber: Japón (203%), Italia (>137%), Bélgica (110%), Reino Unido (104%) y Estados Unidos (>120%). En síntesis, para la OCDE Chile ostenta un nivel de deuda pública acotado (41,7%) (OCDE, 2025).
Aparece también la premisa de la ineficiencia estructural del gasto público: “Enfrentaremos con fuerza el derroche y el despilfarro estatal: […] un ajuste del gasto público de USD 6.000 millones, [...] provendrá de un esfuerzo decidido por aplicar las leyes y evitar robos y abusos; otra, de la eliminación de iniciativas del Estado mal evaluados […]” (pp. 27). No obstante, los resultados de la evaluación de programas públicos exponen un escenario diferente, “[...] del total de evaluaciones concluidas, ocho obtuvieron resultados mixtos, medios o positivos; mientras que once fueron categorizadas con bajo o mal desempeño; […]” (DIPRES; 2025).
Los datos no respaldan la tesis de un colapso sistémico en la gestión del gasto. Por el contrario, un análisis riguroso de la evaluación de políticas públicas exige determinar las causas técnicas del bajo desempeño para definir si corresponde una reingeniería de procesos, una mejor focalización o una reestructuración operativa, en lugar de decretar la supresión automática de la oferta programática.
Finalmente, en relación con la eficiencia del gasto en recursos humanos, el programa sostiene que: “...la falta de calidad y responsabilidad del servicio público ha sobrepasado todo límite...” (pp.12) Esta descalificación se distancia de las evaluaciones técnicas elaboradas por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) respecto del Programa de Mejoramiento de la Gestión. Las evidencias del análisis institucional concluyen: “...los servicios públicos en que sus metas son más exigentes presentan, en promedio, un menor nivel de cumplimiento. No obstante, son esos servicios los que presentan mayores avances en sus indicadores de gasto institucional, lo que sugiere ganancias de eficiencia”. (DIPRES, 2025).
Ante los supuestos ideológicos formulados en la propuesta de gobierno, los cuales constituyen la base doctrinaria de ambas comisiones, cabe preguntarse si los comisionados contarán con margen de autonomía técnica para superar dicho marco normativo. En caso contrario, el trabajo de estas instancias se reducirá a una negociación doctrinal orientada no a la modernización sustantiva de la función pública y del estado, sino a la reasignación del gasto en coherencia con la matriz de intereses socioeconómicos que la actual administración representa.
