Carabineros dio de baja a un funcionario denunciado por presuntas estafas. La Corte validó la medida al constatar que existía un sumario previo.
Corte de Apelaciones de Santiago / Agencia Uno
Un carabinero fue dado de baja luego de ser denunciado por presuntamente solicitar dinero a particulares para reservar viviendas sociales y otros fines. El funcionario acudió a la justicia alegando que fue desvinculado sin un procedimiento previo, pero la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó su recurso y concluyó que Carabineros actuó dentro de sus atribuciones.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el caso se originó tras una denuncia recibida el 12 de abril de 2026 en la 1ª Comisaría de Linares.
Según informó Carabineros, el funcionario habría pedido dinero a una persona para reservar dos viviendas sociales, operación que finalmente no se concretó pese a los pagos.
La institución sostuvo que posteriormente continuó solicitándole recursos para supuestas mejoras de los inmuebles y medicamentos de un familiar.
El monto denunciado llegó a $686.990. Además, un segundo denunciante habría entregado $436.000 bajo un modo de operar similar.
Carabineros informó también de otra denuncia por estafa y otras defraudaciones, presentada en noviembre de 2023.
El 15 de abril, el funcionario fue notificado de su baja por “conducta mala”. Ante la Corte afirmó que la decisión fue inmediata, sin sumario previo, audiencia ni oportunidad para defenderse, y destacó que tampoco existía una sentencia penal firme en su contra.
Sin embargo, el tribunal constató que el sumario había sido ordenado el 14 de abril, un día antes de la baja, y que el carabinero había sido recibido por el comisario de su unidad para formular descargos verbales.
También se consideraron escritos presentados por él, su hoja de vida y anotaciones de los últimos tres años.
La Corte explicó que la baja aplicada era una separación inmediata y condicional mientras se desarrolla el procedimiento administrativo, y no una sanción definitiva.
Si finalmente se determina una medida que no implique su expulsión, deberá ser reintegrado con sus derechos y beneficios de forma retroactiva.
Además, descartó que fuera necesaria una condena penal, pues “la responsabilidad administrativa es independiente de la penal y civil”.
Por ello, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección y concluyó que la medida fue adoptada por una autoridad competente, mediante un acto fundado en antecedentes concretos.
