La soberanía digital suena como un concepto lejano, pero en la práctica puede empezar por algo tan poco épico como tener una dirección donde mandar la notificación.
Mucho de la discusión del caso Cerimedo ha girado en torno a la desinformación y a sus redes con La Moneda. Todo eso importa y la Fiscalía ya abrió una investigación, pero hay algo que quedó a la vista y es que en Chile se pueden usar bots en campaña sin que eso constituya infracción y sin que nadie tenga cómo rastrear quién los financia. Lo primero ya se ha dicho bastante, lo segundo se comenta menos, y basta con abrir las rendiciones de gasto de las últimas parlamentarias para verlo.
Ahí Meta aparece identificada de cuatro maneras distintas. Figura con el número que tiene en el registro simplificado del SII, casi siempre bajo el nombre Facebook Ireland. Aparece también con el 55.555.555, el RUT comodín que el SII dispone para cuando el proveedor extranjero no se puede identificar, usado acá pese a que Meta sí está inscrita. En otras líneas figura con un RUT de empresa chilena. Y en muchas aparece sin número, con el nombre escrito por quien hizo la rendición, en versiones que van desde Meta Platforms Ireland Limited hasta Meta a secas, pasando por Irland en lugar de Ireland, y el sistema lo acepta igual.
A eso se suman los intermediarios, donde el rastro se pierde, porque cuando el pago va a una agencia lo que queda registrado es una factura, sin que se sepa qué parte fue honorario y qué parte terminó efectivamente invertida en publicidad.
El resultado es que no hay forma de saber cuánto gastó el sistema político chileno en Meta o X durante la última elección, ni de contrastar lo declarado, porque la contraparte no está acá. Meta factura desde Irlanda y X está en Estados Unidos. Las radios que vendieron propaganda, en cambio, aparecen con su RUT correcto, porque están domiciliadas acá y responden ante la autoridad electoral.
El poder de estas empresas sobre nuestras democracias no se agota en la publicidad que venden, porque son ellas las que administran las condiciones de visibilidad de la conversación pública, con criterios comerciales definidos fuera del país. Cerimedo lo dijo con todas sus letras cuando habló de producir relevancia artificial para intervenir los algoritmos.
La dimensión regional es muy relevante. Cerimedo trabajó en la campaña en Brasil levantando la tesis del fraude contra Lula y la misma estrategia apareció en Bolivia, en Argentina y en el primer proceso constituyente chileno. Lo que hay ahí es un mercado regional que funciona donde no hay cómo seguir el dinero ni exigirle nada a las plataformas, que es la situación de Chile.
Brasil, en cambio, sí tiene esa exigencia, y por eso pudo suspender X durante cinco semanas en 2024 cuando la empresa cerró su oficina local y se negó a nombrar representante legal. Musk cedió, nombró representante y pagó las multas, y recién entonces la plataforma volvió a operar. Europa tomó otro camino con el Reglamento 2024/900, que obliga a etiquetar cada anuncio político y a informar quién lo financia, y que exige a quienes operan en la UE, sin estar establecidos ahí, designar un representante legal ante la autoridad competente.
Acá el proyecto sobre deepfakes que la Cámara aprobó en general contempla esa obligación de domicilio, y todo señala que el Ejecutivo prepara una indicación para cambiarla por un correo de contacto, mientras ingresa otro proyecto para postergar un año la ley de datos personales. Las dos cosas juntas dejan al país en la misma situación en que estaba antes, porque sin domicilio no hay a quién exigirle nada y sin agencia no hay quién lo exija, acá hay retrocesos respecto de reglas que el Congreso ya aprobó.
Sabemos que cuando se habla de regulación de plataformas aparece el fantasma de la censura, pero exigir domicilio no tiene que ver con eso, porque es una regla sobre a quién se le notifica y ante quién responde una empresa que gana millones de pesos en Chile, la misma que le hacemos a cualquier compañía extranjera que quiera vender algo acá.
Sería un error terminar sugiriendo que esto se arregla sólo con una ley. Exigir domicilio permite preguntar, notificar y sancionar, que no es poco, aunque no toca el modelo de negocio que hay detrás, donde el contenido que indigna rinde más que el que informa. Tampoco explica por qué tanta gente creyó lo que creyó, estas operaciones no funcionan sobre el vacío y enganchan con desconfianzas y rabias bastante anteriores a los bots y esa parte es responsabilidad política nuestra. Queda además otra pregunta y es que dependemos de infraestructura privada extranjera para conversar entre nosotros, sin medios públicos robustos ni capacidad estatal propia, y sin ningún proyecto que se haga cargo de eso.
Una democracia que no puede saber quién financió lo que sus ciudadanos leyeron durante una campaña, y que tampoco puede pedirle cuentas a las empresas que organizaron esa circulación, ya perdió el control de sus propias condiciones de democracia. La soberanía digital suena como un concepto lejano, pero en la práctica puede empezar por algo tan poco épico como tener una dirección donde mandar la notificación.
