En los últimos días ha cobrado fuerza la discusión sobre el proyecto de reforma constitucional presentado por el Gobierno que crea un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública bajo el pretexto de “combatir el crimen organizado”. La respuesta ha sido contundente: desde distintos sectores se han levantado voces advirtiendo sobre los riesgos a la democracia que implica esta propuesta, tanto para nuestros derechos, libertades, como para los límites que deben existir al ejercicio del poder.
Sobran las razones para preocuparse. Porque si bien hay muchas cosas que una democracia puede y debe discutir, hay una que simplemente no deberíamos poner sobre la mesa: nuestra libertad.
Entre otros aspectos, el nuevo estado de excepción permitiría restringir nuestra libertad para movernos, reunirnos y organizarnos. Aún más, facultaría al actual Presidente de la República y cualquiera que venga después, a interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones personales.
Pensemos por un momento en lo que eso significa. Una conversación con tu mamá, con tu pareja, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Comunicaciones que hoy entendemos como privadas podrían quedar expuestas ante una facultad excepcional del Estado. Nadie te avisó, nadie te preguntó y de un día para otro, podrías dejar de tener la privacidad que dabas por sentada.
Pero el problema no termina en nuestra vida cotidiana. En una democracia, existen personas cuya labor depende especialmente de que estas libertades estén protegidas.
Periodistas que investigan hechos de interés público y necesitan poder comunicarse con sus fuentes. Abogados y otros operadores de justicia que deben resguardar la confidencialidad de las personas a las que representan o acompañan. Organizaciones de la sociedad civil que necesitan reunirse, coordinarse y trabajar colectivamente. Y personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente que, muchas veces, desarrollan su labor en contextos de conflicto y ejercen su derecho a denunciar, organizarse y exigir que las autoridades y otros actores rindan cuentas.
Para todas ellas, la privacidad de las comunicaciones, la posibilidad de reunirse, desplazarse y organizarse no son cuestiones accesorias. Son condiciones necesarias para poder hacer su trabajo.
Un periodista que no puede proteger la identidad de una fuente. Un abogado que no puede garantizar la confidencialidad de una conversación. Una organización que no puede reunirse o coordinarse con tranquilidad. Una persona defensora que teme que sus comunicaciones puedan quedar expuestas por una facultad excepcional del Estado.
En todos estos casos, la afectación no recae solamente sobre una persona. También puede afectar la capacidad de una sociedad para conocer lo que ocurre, denunciar abusos, exigir responsabilidades y participar en los asuntos que le conciernen. Por todo eso, cuando hablamos de libertades, no estamos hablando de privilegios para unos pocos. Estamos hablando de las condiciones mínimas que permiten que una democracia funcione.
Nuestros derechos no son concesiones que el poder pueda entregarnos, restringir o quitarnos según las circunstancias, son las garantías que nos permiten vivir libres, reunirnos, organizarnos, expresarnos y construir nuestras propias vidas.
Y justamente para eso existe la democracia: para que el poder tenga límites. Para que ningún Gobierno pueda decidir arbitrariamente cuánto de nuestra libertad estamos dispuestos a entregar y para que nuestras garantías no dependan de quién gobierna hoy, ni de quién gobierne mañana.
Por todo esto, desde Escazú Ahora llamamos al Congreso a rechazar la idea de legislar sobre este proyecto. La razón más clara para ello: La democracia no se negocia.
