El Ejecutivo buscará destrabar el ingreso de la reforma constitucional de seguridad al Senado con un proyecto acotado, tras los desacuerdos internos.
Presidente José Antonio Kast ingresará reforma constitucional. Créditos: Agencia Uno.
En las horas previas al ingreso del proyecto al Senado este martes, el Ejecutivo y sus partidos aliados han debido ajustar contra el tiempo la reforma constitucional de seguridad, que incluía, entre otras materias, inhabilitar a condenados por delitos de crimen organizado acceder a prestaciones de salud.
El clima de tensión cedió terreno luego de que el gobierno decidiera acotar las modificaciones constitucionales de 11 a 7 u 8, eliminando los artículos más cuestionados.
Fue la propuesta más criticada tras la filtración del borrador de la reforma. De hecho, la propia ministra de Salud, May Chomali manifestó su preocupación, asegurando que “podría generar incompatibilidad con algunas leyes que nosotros tenemos, como la ley de urgencias” y que "la atención de salud no puede convertirse en parte de la pena".
Asimismo, desde la UDI el senador Javier Macaya siguió la misma línea: "una cosa es restringir beneficios del Estado a quienes cometen delitos graves, y en eso obviamente estamos de acuerdo, y otra muy distinta es poner en riesgo el acceso a prestaciones esenciales como la salud".
Por parte, desde el PDG el presidente del partido Franco Parisi manifestó su inconformidad por los cambios a la Constitución asegurando en horas de la mañana que el comprimo de la bancada era "no tocar" la Carta Magna por un periodo de 8 años. En ese sentido, comprometió el voto de la colectividad en el Congreso.
Por su parte, el presiente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, también protagonizó un roce con el presidente Kast manifestando que no era posible respaldar todas las modificaciones ya que podría afectar a la institucionalidad.
Su mayor reparo radica en que el proyecto busca incorporar excepciones específicas que deberían regularse por ley. Para el dirigente, usar la Carta Fundamental con el fin de normar asuntos contingentes altera la naturaleza de la Constitución como marco general del ordenamiento jurídico.
Su principal desacuerdo se ejemplifica en la propuesta para los regímenes carcelarios del crimen organizado. El borrador plantea modificar los artículos 9 bis y 19 N°2 para explicitar en la Constitución que no se considerará arbitrario aplicar tratos penitenciarios diferenciados a estos reclusos.
La preocupación de fondo en la UDI es el precedente que esta técnica legislativa podría sentar para el futuro al incluir excepciones detalladas en la Constitución que abrirían la puerta para que próximas administraciones utilicen el mismo mecanismo según sus conveniencias políticas.
La propuesta final preservará en el Artículo 1 el deber del Estado de resguardar la seguridad y mantendrá la modificación para los estados de excepción, aunque acotando las facultades presidenciales sobre libertades y bienes. También consagrará formalmente la existencia de un registro para el crimen organizado, mientras que se descartan cambios estructurales en el Capítulo I de la Carta Fundamental.
Para aliviar la tensión política, el texto derivará la regulación detallada a leyes ordinarias, achicando el polémico Artículo 9° bis sobre regímenes penitenciarios y definiendo por rango legal los procedimientos del registro criminal. Asimismo, se modificará o eliminará la controvertida restricción de salud para reclusos.
