Caso Cerimedo y Bernardo Fontaine: Frente Amplio presenta oficios por fundación ligada a bots y fake news

Qué pide el Frente Amplio a Codelco y al SII

El oficio dirigido a Codelco solicita información sobre la declaración de intereses y patrimonio de Bernardo Fontaine, las actividades y vinculaciones que mantiene con la FCEA desde que asumió la presidencia del directorio, los protocolos de conflicto de interés aplicados al caso y si el directorio tomó conocimiento formal de los antecedentes publicados.

Fontaine asumió como presidente del directorio de Codelco el 27 de mayo de 2026, luego de ser designado por el presidente José Antonio Kast. El período informado por la corporación se extiende hasta el 26 de mayo de 2030.

Al SII, en tanto, se le solicita informar el número de contribuyentes que utilizaron beneficios tributarios por donaciones a la FCEA, desagregado por año; los montos acogidos a franquicias tributarias; y la existencia de fiscalizaciones abiertas o cerradas respecto de la fundación.

Servel, UAF, Superintendencia de Pensiones y CMF

El requerimiento al Servel busca establecer si la Fundación Ciudadanos en Acción se encuentra registrada, o debiera estarlo, bajo alguna de las categorías contempladas en la Ley N° 19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. También se solicita determinar si los anuncios pagados durante períodos electorales debieron declararse como gasto electoral y qué sanciones administrativas serían aplicables.

Este punto se relaciona con los antecedentes publicados por el reportaje mencionado sobre publicidad política realizada por la FCEA en redes sociales. El medio informó, por ejemplo, que entre octubre y diciembre de 2021 la fundación pagó cerca de US$3.000 por un anuncio en Facebook que alcanzó cerca de 700 mil visualizaciones, según los registros de Meta.

A la UAF se le solicita información sobre eventuales reportes de operaciones sospechosas asociados a la FCEA, a propósito de los $209,7 millones provenientes del extranjero registrados durante 2024.

En el caso de la Superintendencia de Pensiones, los parlamentarios buscan conocer el estado y los resultados de la fiscalización relacionada con el financiamiento de la Asociación de AFP a la fundación, además de los fundamentos jurídicos utilizados por las administradoras para ampararse en la libertad de expresión y las eventuales medidas administrativas o normativas que evalúe el organismo.

Recordar que la Asociación de AFP financió campañas desarrolladas junto con la fundación y que la Superintendencia de Pensiones intentó fiscalizar esos antecedentes. Según ese reportaje, las administradoras se ampararon en la libertad de expresión para no entregar información.

Finalmente, el oficio dirigido a la CMF busca determinar si existe alguna obligación de reporte por parte de las AFP o de entidades controladas relacionadas con estos aportes.

Schonhaut, Winter y Bassa cuestionan campañas digitales

La diputada Constanza Schonhaut sostuvo que resulta necesario esclarecer el origen del financiamiento y el destino de los recursos. “Ni Cerimedo ni Fontaine pueden valer más que la opinión de todos los chilenos y chilenas”, afirmó, según el comunicado del Frente Amplio.

Schonhaut cuestionó además la utilización de cuentas automatizadas y señaló que la bancada presentó un proyecto de ley para prohibir el uso de bots, regular la inteligencia artificial y establecer obligaciones de rendición sobre gastos en empresas de posicionamiento digital durante campañas políticas.

"Ni Cerimedo ni Fontaine pueden valer más que la opinión de todos los chilenos y chilenas. Recibir financiamiento desde el extranjero sin trazabilidad y sin claridad de en qué se gastó esa plata es grave, y es especialmente grave cuando quien dirigió esa fundación hoy día dirige una de las empresas más importantes para Chile, como es Codelco. No podemos permitir que las granjas de bots sigan destruyendo la discusión pública, y tampoco podemos permitir que hayan autoridades políticas que validen o maticen esta forma de acción política que termina vulnerando nuestra democracia". "Ni Cerimedo ni Fontaine pueden valer más que la opinión de todos los chilenos y chilenas. Recibir financiamiento desde el extranjero sin trazabilidad y sin claridad de en qué se gastó esa plata es grave, y es especialmente grave cuando quien dirigió esa fundación hoy día dirige una de las empresas más importantes para Chile, como es Codelco. No podemos permitir que las granjas de bots sigan destruyendo la discusión pública, y tampoco podemos permitir que hayan autoridades políticas que validen o maticen esta forma de acción política que termina vulnerando nuestra democracia. Es por ello que además presentamos un proyecto de ley para prohibir el uso de cuentas automatizadas como bots, para regular la inteligencia artificial y también para obligar a rendir el gasto en empresas de posicionamiento digital antes y durante las campañas políticas".

El diputado Gonzalo Winter sostuvo que parte del financiamiento político podría canalizarse mediante fundaciones para desarrollar campañas de difusión de ideas fuera de los mecanismos institucionales de financiamiento electoral. En sus declaraciones también cuestionó el financiamiento asociado a la Asociación de AFP y el uso de influencers en campañas relacionadas con la discusión previsional.

"Como hemos denunciado durante años, gran parte del financiamiento de la política no está en los canales institucionales ilegales establecidos para aquello. Muchas veces, grandes financistas le pagan a fundaciones para que hagan publicidad de sus ideas políticas por fuera de los canales políticos. Un ejemplo es Bernardo Fontaine, cuya fundación recibió plata inclusive de la Asociación de AFP, que son siete multinacionales de Estados Unidos que se dedican a hacer política en Chile para que la legalidad chilena les entregue más plata de la que hoy día reciben de los chilenos. Bernardo Fontaine también estuvo allí. Y esa misma fundación de Fontaine le pagaba a influencers que se presentaban frente a la sociedad chilena como pobres ciudadanos independientes que decían ‘con mi plata no’ de manera espontánea”. "Como hemos denunciado durante años, gran parte del financiamiento de la política no está en los canales institucionales ilegales establecidos para aquello. Muchas veces, grandes financistas le pagan a fundaciones para que hagan publicidad de sus ideas políticas por fuera de los canales políticos. Un ejemplo es Bernardo Fontaine, cuya fundación recibió plata inclusive de la Asociación de AFP, que son siete multinacionales de Estados Unidos que se dedican a hacer política en Chile para que la legalidad chilena les entregue más plata de la que hoy día reciben de los chilenos. Bernardo Fontaine también estuvo allí. Y esa misma fundación de Fontaine le pagaba a influencers que se presentaban frente a la sociedad chilena como pobres ciudadanos independientes que decían ‘con mi plata no’ de manera espontánea (...) ahora sabemos que la fundación esta sigue promocionando iniciativas del gobierno. ¿Qué no es financiamiento de la política? ¿Promocionar de manera independiente, pagando la promoción, iniciativas del gobierno? Por supuesto que es política. ¿Y eso dónde está boleteado? ¿Dónde está rendido? Nadie lo sabe”.

Por su parte, el diputado Jaime Bassa afirmó que ejercerán las facultades de investigación disponibles para indagar los antecedentes sobre la fundación y las campañas digitales. El parlamentario vinculó esta preocupación con el eventual uso de bots y financiamiento para alterar la expresión de la voluntad popular.

"Se van a llevar adelante todas las facultades de investigación que tenemos para detener la estrategia que está desplegando la extrema derecha de contaminar los procesos electorales y de alterar la expresión de la voluntad soberana a partir de granjas de bots y de financiamiento ilegal. Hemos sabido que el actual presidente de Codelco recibió más de 1.900 millones de pesos. No poco de ese presupuesto viene del extranjero para financiar actividad política, lo que es contrario al ordenamiento jurídico. Tienen que asumir las responsabilidades. Hemos presentado varios proyectos de ley y varios también oficios de fiscalización para evitar que estas granjas de bots y dineros corruptos alteren la expresión de la voluntad popular”. "Se van a llevar adelante todas las facultades de investigación que tenemos para detener la estrategia que está desplegando la extrema derecha de contaminar los procesos electorales y de alterar la expresión de la voluntad soberana a partir de granjas de bots y de financiamiento ilegal. Hemos sabido que el actual presidente de Codelco recibió más de 1.900 millones de pesos. No poco de ese presupuesto viene del extranjero para financiar actividad política, lo que es contrario al ordenamiento jurídico. Tienen que asumir las responsabilidades. Hemos presentado varios proyectos de ley y varios también oficios de fiscalización para evitar que estas granjas de bots y dineros corruptos alteren la expresión de la voluntad popular”.