El exministro de Hacienda Nicolás Grau envió un mensaje de seis puntos a un grupo de militantes: pidió a exministros y subsecretarios cuidar la "imagen" del FA y reprochó no haber dado antes esta discusión.
Imagen referencial: Banderas del Frente Amplio durante encuentro en la sede de la CUT / Crédito: Redes Sociales del Frente Amplio
En el marco de los nuevos roles que asumen los exfuncionarios del gobierno de Gabriel Boric en el mundo privado tras el cambio de administración, el exministro de Hacienda Nicolás Grau compartió su reflexión frente a los posibles conflictos de interés.
La exautoridad de gobierno envió un mensaje al Frente Amplio destacando seis puntos que deben ser considerados por los militantes que ahora desempeñan cargos en el mundo privado, según reveló La Tercera.
El mensaje de Grau se suma a una controversia que el FA venía arrastrando: la semana pasada, el exjefe de gabinete de Boric, Matías Meza-Lopehandía, admitió públicamente que trabaja en KOM, una consultora dedicada al lobby, y este martes Ciper reveló que Sebastián Aylwin, quien encabezó la Oficina de Evaluación Ambiental durante todo el gobierno anterior, fue contratado por la minera CleanTech Lithium para conducir la evaluación ambiental de su proyecto de litio en el salar Laguna Verde.
A través de un grupo de WhatsApp de militantes de la colectividad en Ñuñoa, la exautoridad de gobierno hizo hincapié en el resguardo de la imagen frente a la percepción de la ciudadanía. Antes de enumerar sus puntos, Grau planteó que este "es un debate importante para el partido (lo tuvo que haber dado hace tiempo)".
"Quienes fuimos ministro/as, subses (subsecretarios, o jefes de servicio con visibilidad; debemos ser especialmente cuidadosos con nuestros trabajos post gobierno. No solo preocupándose de conflictos de interés, sino también de la 'imagen', ya que no hacerlo puede deteriorar la percepción que la ciudadanía tiene del FA", explicó.
En relación a los cargos de rango menor que asumieron los militantes en la administración anterior, el exministro explicó que para ellos existe un criterio diferente.
Sobre el cuidado de la imagen, "no creo que esta exigencia deba operar con otros, por ejemplo, alguien que dirigió una división. En esos casos basta, a mi juicio, que no haya conflicto de interés".
Lo anterior lleva al tercer punto, en donde explica lo complejo que es encontrar trabajo tras la salida del gobierno de algunos funcionarios.
"La diferencia entre 1 y 2 es principalmente práctica, en dos dimensiones: son casos menos visibles y además es difícil rearmar la vida laboral post gobierno. Yo he visto cómo le ha costado a mis equipos encontrar pega, a pesar de ser excelentes profesionales", sostiene.
En un cuarto punto manifiesta la necesidad de que nuevas generaciones de profesionales militantes del FA se inserten en el mundo privado y asuman cargos de relevancia.
"Necesitamos ese conocimiento, necesitamos gente de izquierda que trabaje ojalá en cargos de relevancia en tales espacios", planteó.
Para ilustrarlo, contó una experiencia propia: cuando le tocó sugerir nombres para directorios de empresas del Estado, apenas encontró un par de frenteamplistas con perfil para esos cargos, y el resto de los puestos quedó en manos de profesionales de la centroizquierda.
En su mensaje, el exministro también abordó directamente la situación del abogado Sebastián Aylwin, el exjefe de la Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, quien en la actualidad ejerce funciones en la firma CleanTech Lithium, como asesor en materia de permisos ambientales en relación a un proyecto de litio en el salar Laguna Verde.
"A mi me parece muy bien que gente nuestra se vaya a trabajar en proyectos que son parte de lo que impulsamos en la Estrategia Nacional del Litio, porque en la medida que resulten, la estrategia irá siendo más exitosa en el tiempo", justificó Grau.
En su intervención, el exministro argumentó que es decisivo analizar si una contratación responde a habilidades técnicas o a influencias políticas. En el caso de Aylwin, reconoció que el abogado tiene redes políticas, pero atribuyó su fichaje a un dominio técnico del sistema de evaluación ambiental que, a su juicio, cualquier empresa querría tener en su equipo. Cerró con una aclaración personal: no es amigo del exfuncionario y en su trayectoria política ha tenido más de un roce con él.
Antes del mensaje de Grau, fue el propio Aylwin —según reveló The Clinic— quien salió a defenderse en el grupo interno "Frente social y nuevo modelo de desarrollo", que reúne a más de 200 frenteamplistas. Allí sostuvo que ninguna decisión adoptada durante sus cuatro años en el gobierno se relaciona o beneficia directa o indirectamente al proyecto en el que ahora trabaja, que no maneja información privilegiada, que su paso al sector privado es parte de una trayectoria de más de 15 años en derecho ambiental y que Laguna Verde forma parte de la Estrategia Nacional del Litio, en la que dijo creer como política industrial verde.
A Ciper, en tanto, respondió que ninguna de las modificaciones al reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que lideró desde el ministerio "implicó un beneficio directo o indirecto para Laguna Verde". CleanTech, por su parte, descartó cualquier conflicto de interés, argumentando que lo contrató cuando ya había dejado el sector público.
Según reconstruyó La Tercera, la preocupación surgió el mismo 11 de marzo. Ese día, recién terminado el gobierno, exministros, exsubsecretarios y la entonces directiva de Constanza Martínez se juntaron en la sede del partido, en calle Esmeralda, y allí la exministra Antonia Orellana planteó que el FA debía fijar reglas para las exautoridades que pasaran a trabajar en sectores que ellas mismas habían regulado.
En agosto, el tema volvió a la agenda por un caso fuera del partido: Luis Cordero, exministro independiente del gobierno de Boric, representó a la industria salmonera ante el Tribunal Constitucional, lo que llevó a Gael Yeomans y Constanza Martínez, entonces candidatas a presidir el FA, a cuestionarlo invocando la crítica histórica de la colectividad a la puerta giratoria.
Luego, la semana pasada, Meza-Lopehandía reconoció en La Segunda que "trabajo en una oficina de lobby y nunca he recibido ningún reproche", aludiendo a KOM, la firma que integra junto a Eugenio Ravinet y Freddy Ponce.
Esto se suma a otras reconversiones: Miguel Crispi, exjefe del Segundo Piso, fundó una consultora con el exasesor presidencial Leonardo Moreno, y el exministro Giorgio Jackson creó la suya, aunque en ambos casos el giro declarado no incluye el lobby. El exsubsecretario de Medio Ambiente Maximiliano Proaño, en tanto, hoy asesora en política y cumplimiento ambiental, el mismo campo que supervisó desde el Estado.
De acuerdo a The Clinic, la publicación de Ciper agitó los chats internos del FA. Integrantes de la colectividad reprocharon que Aylwin "se cambió a la vereda de al frente", mientras otros reconocieron que la crítica histórica del partido a la puerta giratoria lo expone a ser juzgado bajo ese mismo estándar. Un militante respondió a Aylwin proponiendo que el partido se dé un reglamento interno exigente, pero que a la vez reconozca como legítimo el tránsito entre el Estado y las empresas.
La nueva presidenta del FA, Gael Yeomans, anunció que la colectividad elaborará criterios propios para estas situaciones. La idea sería apuntar a quienes ejercieron cargos de autoridad o de regulación, y no a la militancia que se desempeña en el sector privado. En paralelo, la mesa del partido resolvió este miércoles mantener la presión por una regulación legal y anunció que revisará los casos conocidos.
En el plano legislativo, la bancada frenteamplista mantiene en tramitación un proyecto, impulsado por la propia Yeomans, que reforma la Ley 20.880 de probidad: cuadruplica el plazo de inhabilidad vigente —de seis meses a dos años—, sanciona con multas a quien lo incumpla y cierra de forma definitiva la puerta de regreso al Estado. En agosto, la diputada precisó que la norma abarcaría a ministros, subsecretarios y jefes de servicio, incluiría las asesorías y no solo el lobby, y castigaría también a las empresas contratantes.
