A pesar de que el desempleo en el país sigue mostrando signos de fragilidad, el gobierno selló una importante reducción de recursos para las carteras destinadas a la protección laboral con el recorte de más de $123 mil millones al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).
A través del Decreto N°330 del 24 de abril de 2026, visado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y con toma de razón de la Contraloría, la administración de José Antonio Kast implementó modificaciones al presupuesto del sector público, restando miles de millones a reparticiones dependientes del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Según la investigación revelada por Contrapoder, el Sence fue la oficina estatal más afectada, información conocida en un contexto crítico en materia de desocupación laboral nacional, con cifras que alcanzan los 9,4% de desempleo para el trimestre marzo-mayo, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la más alta desde 2021.
Este organismo es el encargado de canalizar herramientas clave como el Subsidio al Empleo Joven, el Bono Mujer Trabajadora —la cifra de desempleo femenino se mantiene en 10,5%—, los incentivos para la contratación de adultos mayores y la Bolsa Nacional de Empleo.
La lista de recortes sigue con la Dirección del Trabajo con una baja de $2.109.073.000, mientras que el Instituto de Previsión Social (IPS) disminuyó sus fondos en $7.606.558.000 y la Dirección General de Crédito Prendario (la popular "Tía Rica") experimentó un recorte de $1.995.570.000.