La libertad de expresión nunca ha significado ausencia absoluta de reglas. Significa que estas deben ser públicas, conocidas y discutidas democráticamente, especialmente en uno de los principales espacios de deliberación del siglo XXI: las redes sociales.
Imagen referencial de algoritmos / Crédito: imagen creada con Inteligencia Artificial
A lo largo de los últimos años, aceptamos que un grupo de plataformas se convirtiera en uno de los principales medios de articulación entre las personas. Las redes sociales revolucionaron la manera en que nos relacionamos, pero también la forma en que nos informamos sobre lo que sucede en nuestros entornos.
En esta esfera pública digital, hemos aceptado que empresas y sus algoritmos decidan qué noticias vemos, qué discursos tienen mayor resonancia y qué usuarios son suprimidos de la conversación pública. La paradoja es que tememos el poder del Estado, lo regulamos y le ponemos frenos porque desconfiamos, razonablemente, de quienes lo ejercen. Sin embargo, tratamos el mundo digital como un espacio neutral, cuando son las propias plataformas las que diseñan las reglas, los incentivos y la visibilidad de esta nueva plaza pública, pero manejada por privados y sus intereses.
Regular no significa crear un Ministerio de la Verdad que decida qué se puede publicar. Significa exigir transparencia y reglas claras, además de mecanismos de supervisión sobre algoritmos, publicidad, bots y manejo de información. Las democracias liberales no necesitan normar lo que debemos decir, pero tampoco deberían aceptar algoritmos poco transparentes como árbitros invisibles de la conversación pública.
La Unión Europea ya avanzó en esa dirección mediante el Digital Services Act, que obliga a las grandes plataformas a mitigar riesgos, transparentar sus sistemas de recomendación y someterse a mecanismos de supervisión. Reino Unido y Australia también han establecido obligaciones específicas, especialmente frente a contenidos ilegales y la protección de menores. El objetivo no es reemplazar el juicio ciudadano, sino limitar la poca transparencia de quienes organizan lo que los ciudadanos pueden ver.
Chile debe avanzar en esta discusión como un deber democrático y de resguardo institucional. Las redes sociales ya están reguladas, pero de manera privada por sus propietarios, mediante contratos, algoritmos y decisiones carentes de transparencia a la gente. La pregunta, entonces, no es si deben existir reglas, sino si estas seguirán respondiendo únicamente al negocio de las plataformas o deberán justificarse ante una sociedad democrática.
La libertad de expresión nunca ha significado ausencia absoluta de reglas. Significa que estas deben ser públicas, conocidas y discutidas democráticamente, especialmente en uno de los principales espacios de deliberación del siglo XXI: las redes sociales.
