13% de la ropa importada a Chile no tiene origen declarado. Investigadoras, emprendedoras y la Ley REP intentan ordenar un mercado que crece, pero sigue sin infraestructura para reciclar.
13% de la ropa importada a Chile no tiene origen declarado. Investigadoras, emprendedoras y la Ley REP intentan ordenar un mercado que crece, pero sigue sin infraestructura para reciclar.
Chile ocupa el tercer lugar del mundo en importación de ropa usada per cápita, con 5,46 kilos por habitante al año, y el octavo en volumen total, con 107 mil toneladas netas. Así lo estableció el informe "Chile en el circuito global de la ropa usada: Importación y comercialización del textil de segunda mano".
El estudio, presentado este año por el Centro de Investigación en Economía y Sociedad (ESOC) de la Universidad Central de Chile, analizó la ruta del textil de segunda mano entre 2015 y 2023, confirma lo que las imágenes del desierto de Atacama ya habían mostrado al mundo: miles de toneladas de prendas descartadas se acumulan en vertederos ilegales de Alto Hospicio, en la región de Tarapacá.
De ahí que el trabajo, liderado por la investigadora Paz Concha, profesora asociada y directora del ESOC, busque ir más allá de la fotografía del desierto. "No solamente mirar la acumulación de desecho textil en el desierto de Atacama como un fenómeno pintoresco, aislado, sino que es parte de un circuito global de acumulación y de tránsito de mercancías", explica Concha, quien dirige el proyecto Fondecyt "Comprendiendo el valor en la economía circular: el caso de la industria textil en Chile", del cual se desprende el informe.
El comercio mundial de textiles de segunda mano casi se duplicó entre 2006 y 2023, al pasar de 3,5 a 6,4 millones de toneladas anuales, según los datos sistematizados por la coautora del estudio, Neba Aróstica.
En Chile, los flujos de ingreso han crecido en promedio un 5,9% anual y se concentran en un 45% en la Zona Franca de Iquique (ZOFRI). Un hallazgo relevante es que el 13% de la ropa que entra al país llega sin un origen declarado, lo que complica cualquier intento de trazabilidad.
A nivel de comercialización interna, el sector registró un crecimiento cercano al 670% desde 2005, con un empleo históricamente feminizado —aunque la participación de mujeres bajó de 70,4% a 55,5% entre 2005 y 2023—. Para Concha, ese dato obliga a matizar el debate. "Aquí no es como que nosotros tengamos los buenos y los malos, así como los malos son los importadores de segunda mano y los buenos son la gente que quiere hacer consumo sustentable", sostiene, y agrega que cualquier regulación que restrinja el ingreso de ropa usada "va a impactar en el empleo, en el empleo femenino y muchas veces en empleos que son más precarizados".
En paralelo a la investigación académica, el país avanza en regular el sector a través de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), que incorporó a los textiles como su séptimo producto prioritario y el primero sumado desde la promulgación de la norma.
El Comité Operativo Ampliado (COA), instancia que reunirá a actores públicos, privados y de la sociedad civil, recién está en formación y será el encargado de entregar los insumos para el decreto de metas de recolección y valorización.
Para Carola Moya, CEO de Santiago Slow, la inclusión del rubro era urgente. "Tenemos un sobreconsumo de productos textiles en Chile, somos el país que más consume ropa nueva en Latinoamérica", afirma, aunque advierte que el gran desafío será "cómo cerrar ese ciclo porque no tenemos industria de textiles".
A diferencia de Colombia o México, agrega, más del 90% de la ropa nueva que se consume en Chile es importada, lo que impide conocer de cerca los procesos de fabricación y dificulta certificar la reciclabilidad real de cada prenda.
Moya también cuestiona la falta de información básica en la propia industria. El año pasado la declaración de volúmenes en la plataforma REPSE era voluntaria para las empresas textiles y "muy pocas lo hicieron"; este año pasó a ser obligatoria, pero, según explica, "las marcas no tienen la mayoría de la información porque tienen que saber cuántos kilos ponen en el mercado" ni la composición exacta de cada prenda.
Por lo mismo, llama a ser cautelosa con iniciativas como los pasaportes digitales de producto, ya que "muchos de la información que se declara en este tipo de herramientas son autodeclaratorias" y no cuentan con verificación de un tercero independiente.
Mientras la regulación avanza, ciertas empresas intentan llenar el vacío de infraestructura que, coinciden las entrevistadas, es el principal obstáculo del sistema. Darlyn Riquelme, cofundadora de la consultora ambiental BeLoop, explica que su empresa desarrolló un software para apoyar a las compañías en la declaración de la Ley REP, entre ellas Adidas y el Grupo Liola.
"El textil en sí fue como una ganancia para la Ley REP, porque en primera instancia no estaba considerado", señala Riquelme, quien recuerda que los gremios del sector dieron una disputa importante para lograr su incorporación.
En el plano de la valorización física del residuo, Procitex Chile, empresa fundada hace doce años por Franklin Zepeda en Alto Hospicio bajo el nombre de Ecofibra, opera hoy su planta más grande en la comuna de Lampa, tras recibir también los desechos de una alianza con París.
La planta procesa 50 toneladas mensuales en un solo turno —cifra que podría duplicarse con un segundo turno— y transforma el material en paneles aislantes térmicos y acústicos.
Zepeda anticipa que la entrada en vigencia de las metas de la Ley REP multiplicará "por diez" el volumen de residuo textil que deberá gestionarse, por lo que su empresa, pionera en Latinoamérica transformando textiles en aislación sostenible con impacto social y ambiental, busca inversionistas para ampliar su capacidad. "Si no existe esa entrada y salida de forma homogénea, no sacamos nada con tener leyes que al final no van a funcionar", advierte.
A la par de las plantas de reciclaje, han surgido herramientas digitales orientadas a medir y transparentar el impacto del sector. La Fundación Textil Circular lanzó una calculadora web que permite a emprendedores estimar la huella de carbono evitada al reparar, revender o suprarreciclar ropa usada, mientras que la empresa Cadenas de Valor Sustentables puso en marcha el piloto de un pasaporte digital de producto.
Ambas iniciativas apuntan a lo que Concha define como una necesidad urgente: construir infraestructura de datos. "Existe muy poca infraestructura", plantea la investigadora, tanto para calcular cuánto desecho se genera como para transformarlo en un recurso a través del reciclaje mecánico, la pirólisis o la fabricación de productos como paneles acústicos o pellets para la agricultura.
Finalmente, tanto Concha como Moya coinciden en que la solución no puede depender solo de la tecnología o de la regulación. Para la académica, falta avanzar en educación ambiental: desde entender la simbología de cuidado de las prendas hasta saber qué hacer con la ropa una vez que ya no se usa.
Zepeda, por su parte, insiste en que el punto crítico no es la existencia de la norma, sino las metas que finalmente se fijen, recordando que países como Francia han fracasado en implementar exigencias ambiciosas sin contar con una cadena real de recepción y procesamiento. El desafío, entonces, sigue abierto: transformar en recurso lo que hoy se acumula como desecho en el desierto más árido del mundo.
