Desde el 19 de julio, la Unión Europea prohíbe a grandes empresas destruir ropa y calzado sin vender, frenando el desperdicio textil y reduciendo las emisiones.
Desde el 19 de julio, la Unión Europea prohíbe a grandes empresas destruir ropa y calzado sin vender, frenando el desperdicio textil y reduciendo las emisiones.
La Unión Europea dio un giro regulatorio al negocio de la moda. Desde el 19 de julio de 2026, rige la prohibición absoluta para que las grandes empresas del bloque destruyan prendas de ropa y calzado que no lograron vender. La medida forma parte del Reglamento de Ecodiseño para Productos Sostenibles (ESPR), impulsado por la Comisión Europea, y apunta a terminar con una de las prácticas más cuestionadas de la industria textil.
Durante años, la sobreproducción sostuvo al fast fashion y también a firmas de lujo. Para resguardar la exclusividad de sus marcas —o simplemente porque salía más barato destruir el excedente que almacenarlo— las empresas quemaban o desechaban millones de toneladas de ropa nueva cada temporada.
Las cifras detrás de la ley manifiestan la magnitud del problema. Según datos oficiales, entre el 4% y el 9% de toda la ropa comercializada en Europa se destruye antes de que alguien la estrene. Esa práctica genera, además, cerca de 5,6 millones de toneladas de emisiones de CO2 al año.
El comercio electrónico agrava el escenario. En Alemania, por ejemplo, se desechan anualmente cerca de 20 millones de artículos devueltos por compras online, ya que reintegrarlos al circuito de venta no resulta rentable para las empresas.
"El sector textil lidera la transición hacia la sostenibilidad, pero las cifras demuestran la necesidad urgente de actuar. Con estas medidas impulsamos prácticas circulares y reducimos la dependencia exterior", señaló Jessika Roswall, comisaria europea de Medio Ambiente.
La prohibición rige de inmediato para las grandes corporaciones, pero no todas las empresas enfrentan el mismo plazo. Las medianas empresas tendrán hasta el año 2030 para ajustar sus modelos de negocio a la misma exigencia legal.
En ese contexto, la norma empuja a las compañías a tomar tres decisiones estratégicas. La primera es optimizar el inventario con herramientas de inteligencia artificial que permitan predecir la demanda local y evitar la sobreproducción. La segunda es estructurar una logística inversa eficiente, con canales de reventa, salidas de fábrica u outlets y donaciones automatizadas.
La tercera, y quizás la más exigente, es rediseñar las prendas bajo criterios de circularidad real: si una pieza no se vende, deberá poder reciclarse como fibra textil, algo inviable si su fabricación mezcla materiales plásticos y orgánicos de forma inseparable.
Con esta ley, la sostenibilidad corporativa deja de ser un eslogan publicitario. Pasa a ser una variable contable dentro de las pérdidas y ganancias de las empresas, y una obligación fiscalizable por ley.
Quienes no logren demostrar con datos la trazabilidad de sus residuos textiles se exponen a multas millonarias y a un fuerte desgaste reputacional frente a un consumidor cada vez más atento a las prácticas ambientales de las marcas que compra.
