La Inteligencia Artificial puede reducir emisiones y gestionar recursos, pero el uso de energía y la soberanía de datos en el Sur Global están en juego.
La Inteligencia Artificial puede reducir emisiones y gestionar recursos, pero el uso de energía y la soberanía de datos en el Sur Global están en juego.
La inteligencia artificial (IA) ocupa hoy un lugar paradójico en el debate ambiental. Por un lado, sus defensores la presentan como una tecnología capaz de optimizar el uso de recursos, reducir emisiones y transformar la gestión energética a escala global.
Por otro, su expansión exige cantidades crecientes de agua y electricidad, levanta tensiones territoriales y reproduce, según algunos investigadores, formas actualizadas de colonialismo ecológico. Chile no es ajeno a este fenómeno: la disputa judicial en torno al data center de Google en Cerrillos ilustra con precisión los límites de una narrativa que presenta lo digital como inherentemente limpio y neutro.
Para comprender el alcance real de esta tensión, El Desconcierto conversó con tres especialistas: Gabriela Arriagada Bruneau, académica del Instituto de Éticas Aplicadas y del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Omar Salinas Silva, director de Ingeniería Civil Informática Advance de la Universidad Andrés Bello (UNAB); y Faustino Marañón, CEO de Grumbic, plataforma chilena que utiliza IA para medir y gestionar la huella de carbono de empresas e instituciones.
Tres visiones desde la academia, la formación de ingenieros y el ecosistema emprendedor que, en conjunto, dibujan un mapa complejo, sin certezas fáciles.
El punto de partida no es técnico, sino ético. Así lo plantea Arriagada Bruneau, quien advierte que preguntar si la IA puede reducir emisiones es una pregunta técnicamente incompleta. "La pregunta completa es: ¿quién diseña esa IA, con qué datos, para qué comunidades y bajo qué estructuras de poder?", señala la académica. Esta distinción no es menor: sin ese encuadre, cualquier respuesta sobre el potencial de la tecnología permanece suspendida en abstracciones.
Dicho esto, Arriagada Bruneau reconoce que la evidencia existe. La IA puede optimizar redes eléctricas, mejorar el riego de precisión —con ahorros superiores al 30% del agua, según metaanálisis publicados en 2025— y detectar la degradación de suelos mediante imágenes satelitales. Sin embargo, advierte que de la mano de estas ganancias surge "un problema ético clave: cómo se distribuyen esos potenciales beneficios".
Omar Salinas Silva coincide con ese diagnóstico, pero enfatiza el potencial transformador de la tecnología con mayor optimismo. A su juicio, la IA puede convertirse en "una de las herramientas más importantes para enfrentar los desafíos ambientales del siglo XXI", gracias a su capacidad de analizar grandes volúmenes de datos, identificar patrones complejos y anticipar escenarios antes de que se produzcan impactos.
"La IA permite pasar desde una gestión reactiva a una gestión predictiva, donde las organizaciones pueden actuar antes de que los problemas se materialicen", sostiene el académico de la UNAB.
Para Salinas Silva, la dimensión más relevante de esta tecnología es que podría resolver una de las tensiones históricas del desarrollo económico: la contradicción entre productividad y sostenibilidad.
"Por primera vez, una tecnología parece capaz de generar beneficios económicos y ambientales de manera simultánea", afirma. No obstante, añade una advertencia que comparte con Arriagada Bruneau: "Sería un error asumir que la inteligencia artificial resolverá por sí sola los problemas ambientales. Los cambios reales siguen dependiendo de las personas, las organizaciones y las políticas públicas".
La discusión adquiere una dimensión específica cuando se analiza el ecosistema chileno de startups tecnológicas orientadas a la sostenibilidad. Arriagada Bruneau es cautelosa. Chile tiene liderazgos regionales con nichos de proyección global, pero no puede hablarse de vanguardia mundial en sentido estricto. Esa distinción importa por razones concretas.
El primer riesgo es la autocomplacencia: "creer que se está en la frontera tecnológica cuando en realidad se opera en la periferia del ecosistema global puede llevarnos a decisiones de política pública y de inversión que reproduzcan dependencias tecnológicas en lugar de reducirlas".
El segundo es el salto tecnológico sin gobernanza. Que startups chilenas sean adoptadas por Microsoft o Amazon para sus programas de sostenibilidad global "es una buena noticia comercial, pero también significa que los datos de cuencas chilenas, de suelos chilenos y de agricultores chilenos fluyen hacia infraestructuras controladas por corporaciones del Norte Global, sin mecanismos claros de soberanía de datos ni de distribución de beneficios".
Sin embargo, la académica también identifica un potencial singular: la posibilidad de que Chile lidere no en la replicación del modelo de IA ambiental del Norte Global, sino en el desarrollo de un modelo alternativo, con datos locales, gobernanza participativa, acceso abierto y distribución equitativa de beneficios. "Ese liderazgo todavía no existe, pero las condiciones para construirlo están presentes", comenta.
Desde el mundo del emprendimiento, Faustino Marañón —cuya empresa Grumbic opera en tres países— tiene una perspectiva más próxima a la práctica diaria. "Yo creo que con el tiempo será ese efecto mucho más evidente en el ecosistema de startups chilenas", afirma. Grumbic es una plataforma que mide emisiones, ordena datos y genera reportes alineados al GHG Protocol, planificando la reducción de la huella de carbono mediante IA.
Entre sus clientes se cuentan la empresa de logística Starken, BCI Seguros, la Municipalidad de Peñalolén, la Universidad Católica del Norte en Chile, la Universidad Continental en Perú y la escuela de negocios ESADE en España.
Marañón destaca que la principal ventaja de la automatización frente a los métodos tradicionales es la reducción del error humano. "En traspasar un dato de una factura a un Excel, si te equivocaste en un número ya te queda un resultado totalmente diferente", explica.
El caso de la Universidad Católica del Norte es, para él, uno de los más representativos: "Hemos podido transformar y acelerar su proceso de medición, usando la tecnología y la inteligencia artificial, para llegar a un resultado mucho más rápido y con mucho menos trabajo manual que lo que tenían ellos antes", afirmó.
El debate ambiental sobre la IA no puede separarse de la infraestructura que la sostiene. Los data centers —instalaciones que almacenan y procesan la información que alimenta los modelos de inteligencia artificial— requieren cantidades significativas de electricidad y agua para funcionar y mantenerse refrigerados. En Chile, esta tensión ya tiene una geografía concreta y un historial judicial.
En Quilicura, los data centers representan aproximadamente el 62% del consumo eléctrico local. Expertos han advertido que los centros orientados a IA pueden usar significativamente más agua que los centros de almacenamiento tradicionales, tensando recursos locales, elevando costos energéticos y generando riesgos sociales nuevos si el crecimiento supera a la regulación.
El caso más documentado es el del proyecto de data center de Google en Cerrillos, Santiago, valorado en 200 millones de dólares. El proyecto requirió una intervención judicial para reevaluar su consumo de agua, equivalente al 24% del suministro municipal de la zona, en una región que atraviesa sequía excepcional.
En febrero de 2024, el Segundo Tribunal Ambiental revirtió parcialmente la aprobación del proyecto. En septiembre del mismo año, Google anunció que rediseñaría la instalación incorporando refrigeración por aire. Arriagada Bruneau subraya que ese resultado no fue fruto de la sensibilidad ambiental de la empresa, sino del activismo ciudadano organizado.
Este episodio forma parte del análisis desarrollado por los investigadores chilenos Martín Tironi y Camila Albornoz, cuya investigación publicada en 2025 documenta cómo las narrativas corporativas y gubernamentales presentaron la instalación de infraestructura digital en Chile como "una condición inevitable del desarrollo de la IA y la modernización digital del país", invisibilizando sus impactos socioambientales.
La tesis central es que la digitalización "reproduce formas actualizadas de colonialismo ecológico, convirtiendo territorios del sur global en zonas de sacrificio ambiental para sostener circuitos de datos globales".
Esta dimensión extractiva, sostiene Arriagada Bruneau, exige entender lo digital no como una esfera autónoma, sino como un ensamblaje sociotécnico arraigado en lógicas de explotación ecológica y desigualdad histórica. Toda infraestructura tecnológica encarna decisiones políticas, distribuye poder y produce efectos sociales. Los data centers no son la excepción.
Frente a la pregunta de si los data centers en Chile pueden operar con energías renovables sin afectar a las comunidades, Arriagada Bruneau responde que sí, técnicamente. Pero la condición es política: "Esa posibilidad surgirá si es que tenemos un estándar y exigencia que requiera que estas intervenciones tecnológicas realmente se pongan al servicio de las personas. Lo decisivo no es el factor técnico, sino la voluntad ética y política de su adopción".
Salinas Silva refuerza esa posición. El desafío, a su juicio, "no consiste únicamente en utilizar la inteligencia artificial para proteger el medio ambiente, sino también en desarrollar y utilizar esta tecnología de manera sostenible". La propia IA, recuerda, tiene una huella ambiental significativa. Ignorarlo equivale a trasladar el problema, no a resolverlo.
Lo que los tres especialistas comparten, más allá de sus diferentes énfasis, es que la respuesta no depende de la tecnología en sí misma. Depende de quiénes la controlan, en qué condiciones se despliega y si existen instituciones capaces de distribuir sus beneficios de manera justa.
La pregunta que resume el desafío colectivo la formula Salinas Silva: si seremos capaces de construir "un modelo de desarrollo donde crecimiento económico y sostenibilidad dejen de ser objetivos en conflicto y comiencen a reforzarse mutuamente".
En Chile, esa definición todavía está abierta. Y el tiempo que toma zanjarla no es neutral: mientras se debate, los servidores siguen encendiéndose, el agua sigue consumiéndose y las corporaciones del Norte Global siguen tomando decisiones sobre territorios del sur.
