Latinoamérica tiene la oportunidad de construir una regulación que responda a sus propias prioridades, sin confundir innovación con depredación ni dejar la salud, la educación o los servicios básicos en manos de sistemas que nadie controla ni explica.
Imagen referencial sobre inteligencia artificial
Pocas decisiones van a condicionar tanto la vida de los próximos años como la forma en que Chile regule la inteligencia artificial, y pocas se están tomando con tan poca luz pública. El tema arrastra un problema de origen, parece tan técnico y tan lejano que resulta cómodo dejarlo en manos de quienes dicen entenderlo, aunque esos mismos actores tengan intereses muy concretos en cómo termina escribiéndose la ley.
La ministra Lincolao se reunió con Google y Meta sin dejar registro en el sistema de lobby, y cuando se le consultó, su equipo respondió que se trataba de "reuniones técnicas" sobre asuntos administrativos del ministerio. El argumento es débil, porque no es lo mismo conversar con una empresa sobre la infraestructura de un correo institucional que sentarse con las empresas que más se verían afectadas según cómo se regule la IA, y más aún, hacerlo sin que quede constancia pública de ningún tipo. Cuando esas conversaciones ocurren a puerta cerrada hay falta de transparencia y en materias que tocan datos, vigilancia y poder tecnológico esa falta de transparencia nunca es inocua.
A ese antecedente se suma otro que ya dejó de ser una sospecha. La respuesta al oficio del diputado Winter confirmó que el presidente Kast se reunió con Peter Thiel, cofundador de Palantir -una empresa que vende sistemas de datos y vigilancia a gobiernos y que está registrada en el INAPI en Chile-, sin que se haya entregado explicación sobre qué se conversó ni con qué propósito.
Aunque la respuesta al oficio haya tratado de minimizarlo, hay que decirlo con otras sus letras, es una reunión al más alto nivel del Estado con un actor central de la industria de la vigilancia, en el preciso momento en que el gobierno aboga por una regulación de IA más "ágil" y "habilitante". Que el encuentro se confirme y, aun así, se mantenga sin explicar dice bastante sobre el lugar desde donde se están tomando decisiones que van a ordenar nuestra relación con la tecnología por mucho tiempo.
El relato oficial de este Gobierno sostiene que Chile necesita una regulación flexible para no ahuyentar la inversión, y se usa a modo de ejemplo Singapur. Pero invocar a Singapur no equivale a no regular, equivale a preferir marcos voluntarios, recomendaciones antes que obligaciones. Esa es una opción política perfectamente discutible, pero conviene preguntarse a quién favorece antes de asumirla como sentido común.
El gobierno anterior había ingresado un proyecto que ponía a las personas en el centro y recogía aprendizajes de distintas experiencias internacionales. Aún no se han ingresado indicaciones del Ejecutivo, pero en palabras de la propia ministra se quiere impulsar una regulación más flexible, mientras se sostienen conversaciones reservadas con las empresas que serían sus principales beneficiarias
Se dirá que todo esto es demasiado abstracto para que la gente se movilice, pero los riesgos de una IA mal regulada no pertenecen al futuro, ya operan cuando un algoritmo decide quién accede a un crédito, cuando filtra postulaciones en un proceso de selección laboral o se asigna un beneficio estatal.
La discriminación algorítmica amplifica desigualdades que en Chile existen mucho antes de cualquier inteligencia artificial, y la vigilancia masiva sin contrapesos públicos ya dejó de ser una distopía, es un modelo de negocio que se ofrece de manera activa a los Estados. Lo que está en juego es la posibilidad de que un país pequeño no termine convertido en territorio de prueba para tecnologías que en otras partes no se permitirían con tanta facilidad.
Por eso la soberanía digital no debería leerse como aislamiento ni como desconfianza hacia la tecnología. Se trata de abrirse a la innovación y a la inversión, pero bajo reglas que decidamos acá, soberanamente y pensando en proteger a quienes viven en este país, no a merced de las multinacionales.
Para cualquier sector que se reivindique progresista esta debería ser una discusión urgente, porque no se puede hablar en serio de igualdad, de derechos ni de justicia en una época en que quien controla los algoritmos controla, en buena medida, quién accede a qué. Vale la pena recordar, además, que buena parte de la obstrucción a la tramitación de la ley de IA en el periodo anterior provino justamente de los sectores que hoy gobiernan, lo que hace todavía más exigible que expliquen con claridad qué modelo quieren y por qué.
El proyecto que se discute en el Senado va a fijar por años el marco con el que Chile se enfrenta a los desafíos que conllevan las nuevas tecnologías y una definición de esa magnitud no puede resolverse sin transparencia. Latinoamérica tiene la oportunidad de construir una regulación que responda a sus propias prioridades, sin confundir innovación con depredación ni dejar la salud, la educación o los servicios básicos en manos de sistemas que nadie controla ni explica. Y Chile tiene la oportunidad de convocar esa discusión, pero para ello debe hacerse de manera democrática, transparente y participativa.