La Corte de Apelaciones ordenó medidas sanitarias en un proyecto inmobiliario abandonado que mantenía aguas estancadas y presencia de vectores.
Corte de Apelaciones de Antofagasta / Agencia Uno
Un proyecto inmobiliario quedó abandonado durante más de cinco años con una excavación profunda donde se acumuló agua estancada, algas y desechos, mientras vecinos denunciaban mosquitos y roedores. La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió un recurso y ordenó al municipio y a la autoridad sanitaria tomar medidas coordinadas para enfrentar las condiciones de insalubridad.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el terreno corresponde a las obras paralizadas del proyecto inmobiliario “SOHO”, que contemplaba un edificio en altura y una excavación destinada a estacionamientos subterráneos.
Según la Junta de Vecinos N°9 “Estadio Regional”, las faenas fueron abandonadas sin medidas de mitigación y el lugar terminó convertido en una especie de “pantano urbano” en un sector residencial.
Los vecinos afirmaron que llevaban años alertando a las autoridades. En enero de 2023 se reunieron en el lugar con representantes de la Seremi de Salud y, al día siguiente, con funcionarios municipales. Posteriormente realizaron nuevas presentaciones en 2025 y marzo de 2026.
El municipio sostuvo que sí había efectuado gestiones. Informó que desde 2022 se cursaron cinco infracciones al propietario. Durante la tramitación del recurso, el 24 de junio de 2026, declaró el inmueble como propiedad abandonada y dispuso intervenirlo.
La Seremi de Salud también reportó fiscalizaciones y análisis de muestras, en los que se detectaron Culex sp. y Culex quinquefasciatus. Además, declaró el inmueble como foco de insalubridad.
La Corte reconoció que los organismos no permanecieron completamente inactivos, pero concluyó que sus medidas no fueron suficientemente oportunas y eficaces.
El fallo destacó que las denuncias municipales se remontaban al menos a 2022 y que las condiciones sanitarias se mantuvieron durante años.
Según el tribunal, esa demora constituyó una omisión “ilegal y arbitraria” y generó una amenaza para la integridad física de los vecinos y su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Por ello, ordenó al municipio ejecutar medidas de cierre, higiene, mantención y seguridad. La Seremi deberá determinar y fiscalizar las acciones sanitarias y de control de vectores necesarias.
Ambas instituciones tendrán que coordinarse e informar a la Corte, dentro de 30 días desde que la sentencia quede ejecutoriada, sobre las actuaciones realizadas y las fechas probables de las medidas pendientes.
