Pese a haber firmado oficios que confirmaban recortes en programas sociales como la PGU, el ministro Jorge Quiroz los descartó, pero sugirió que hay fraude.
Jorge Quiroz descarta recortes en Pensión Garantizada Universal (PGU) - Agencia Uno
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió a enfrentar la creciente controversia por los oficios internos que sugerían recortes presupuestarios en cerca de 260 programas del Estado, incluyendo la Pensión Garantizada Universal (PGU), asegurando que no se afectarán beneficios sociales.
Las críticas surgieron luego que se conocieran documentos elaborados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) que recomendaban ajustes de hasta un 15% en distintas iniciativas públicas, entre ellas políticas sensibles como la PGU, la gratuidad universitaria y bonos sociales.
Frente al revuelo político, Quiroz fue enfático en descartar cualquier impacto directo en las ayudas estatales.
“No se va a tocar ningún beneficio social de la población, ninguno en absoluto”, afirmó el secretario de Estado, reiterando que los actuales beneficiarios no verán reducidos sus aportes.
En esa línea, explicó que los oficios corresponden a lineamientos técnicos en el marco de la elaboración del Presupuesto 2027, y no a decisiones definitivas.
Además, subrayó que cualquier revisión apunta a detectar irregularidades o casos donde personas reciban beneficios sin cumplir los requisitos legales.
"Lo único que estamos haciendo en todos los casos es buscar eficiencia y también prevenir lo que ustedes ya conocen como el fraude social o el malgasto" (Ministro Jorge Quiroz)
Si bien la prensa presente intentó tener más detalles de esta acusación, Quiroz sólo añadió que “las personas que tienen el beneficio de la PGU obtenido como corresponde a la ley no se les va a afectar en absoluto".
El debate se da en medio de la estrategia de austeridad impulsada por el gobierno de José Antonio Kast, que busca reducir el gasto público mediante recortes y mayor eficiencia del Estado.
Sin embargo, la inclusión de programas emblemáticos en los documentos internos generó críticas tanto desde la oposición como desde sectores oficialistas, quienes acusaron falta de claridad y advirtieron posibles impactos en la población más vulnerable.
Algunos parlamentarios incluso hablaron de un eventual “desmantelamiento” de políticas sociales, mientras otros llamaron a interpretar los oficios como parte de un proceso técnico de evaluación del gasto.
