A 45 adultos mayores víctimas de la dictadura les dejaban la PGU en $0 por descontar pensión Valech: TC lo declara inaplicable
En marzo de 2024, un grupo de 45 adultos mayores reconocidos como víctimas de prisión política y tortura acudió al Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso luego de que el Instituto de Previsión Social les negara la Pensión Garantizada Universal.
Según se puede ver en la resolución del Tribunal Constitucional, el organismo aplicó el artículo 36 de la Ley 20.255, que obliga a descontar de la PGU las pensiones reparatorias, lo que en su caso dejaba el monto en cero, pues la pensión Valech —entre $242.262 y $277.270 según el tramo etario— superaba los $214.296 de la PGU vigente.
Según explicaron en la causa, esta regla los excluía del beneficio pese a cumplir todos los requisitos de la Ley 21.419 y, además, los afectaba por segunda vez: “revictimiza a los actores”, se lee en el expediente.
El caso escaló al Tribunal Constitucional mediante un requerimiento de inaplicabilidad presentado por sus representantes.
Allí se detalló que 41 de ellos reciben la pensión Valech y otros 4, además, son exonerados políticos.
El IPS pidió rechazar la acción argumentando que “el requerimiento ha perdido oportunidad”, porque el Congreso ya había despachado una reforma que elimina por completo el artículo 36 y amplía la PGU a beneficiarios de leyes de reparación.
Pese a ello, la discusión constitucional continuó porque el cálculo del beneficio aún dependía de la norma impugnada en el juicio laboral.
La sentencia fue redactada por la ministra Alejandra Precht Rorris e integrada por la presidenta Daniela Marzi Muñoz y los ministros Nancy Yáñez Fuenzalida, María Pía Silva Gallinato, Miguel Ángel Fernández González, Raúl Mera Muñoz, Catalina Lagos Tschorne, Héctor Mery Romero y Marcela Peredo Rojas.
El fallo concluyó que descontar pensiones reparatorias para calcular la PGU vulnera derechos constitucionales, señalando que impedirles acceder al monto íntegro “afecta el derecho de propiedad” y desconoce que la Constitución asegura prestaciones básicas “a todos los habitantes”.
Con esa base, el Tribunal acogió el requerimiento y ordenó continuar el proceso en Valparaíso sin aplicar los incisos cuestionados.
