El ministro de Relaciones Exteriores sorteó una extensa jornada en la Cámara Baja tras ser fiscalizado por política exterior, soberanía y la relación con EE. UU.
En vivo desde el Congreso de Valparaíso - Agencia Uno
Este lunes, el ministro de Relaciones Exteriores Francisco Pérez Mackenna fue interpelado en la Cámara Baja debido a los cuestionamientos a raíz de su gestión de la política exterior tras una seguidilla de hechos como el roce con Argentina por la soberanía de Magallanes, la intervención del embajador Brandon Judd en asuntos internos y la adhesión de Chile al Escudo de las Américas.
La sesión derivó en la aprobación de un requerimiento formal que dará un plazo de 30 días al gobierno para entregar informes detallados sobre el impacto de aranceles norteamericanos, antecedentes diplomáticos con Argentina e informes jurídicos relativos a la adhesión chilena a foros internacionales.
La petición fue hecha por el parlamentario socialista Nelson Venegas y la propuesta fue visada con 66 votos favorables, 72 en contra y una abstención, alcanzando el tercio exigido.
La sesión estuvo marcada por tensos cruces y culminó en su punto de mayor roce cuando Venegas le preguntó directamente: “¿Por qué no renuncia?”, ante lo cual el secretario de Estado replicó: “Porque usted no es el Presidente de la República”.
Al tratarse de una interpelación, es decir, una herramienta de fiscalización y rendición de cuentas, el ministro Pérez Mackenna no recibe sanción alguna por su desempeño.
El objetivo es más bien que el canciller responda las preguntas formuladas por la oposición respecto a su gestión de la política exterior.
Asimismo, la instancia no cuenta con las atribuciones para remover a una autoridad de su cargo. Para lograr este cometido se debe hacer a través de una acusación constitucional.
Uno de los flancos de mayor debate se concentró en la incorporación del país al denominado Escudo de las Américas, anunciada por el gobierno.
Ante los cuestionamientos sobre los informes de derecho internacional que respaldaron la medida, el ministro precisó que “no hubo firma, solamente una declaración” y aclaró posteriormente que “Chile no se obliga a nada”, encuadrando la iniciativa como un espacio no vinculante para coordinar acciones contra el crimen transnacional.
Sin embargo, desde la oposición, el diputado Gonzalo Winter (FA) presentó documentación atribuida al Departamento de Estado norteamericano con fechas de junio y julio, donde la representación nacional ya figuraba integrada a la instancia.
Según expuso el legislador, dichos textos aluden a temas que trascienden la seguridad continental, contemplando materias de infraestructura digital, minerales críticos, comercio y referencias al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
En materia de política regional y frente a los decretos dictados por la administración de Javier Milei, Pérez Mackenna descartó cualquier tipo de ambigüedad respecto de la jurisdicción nacional en la zona sur: “El Estrecho de Magallanes siempre fue, es y será chileno. No hay discusión ni matices”.
En esa línea, el titular de Cancillería confirmó el envío de dos notas diplomáticas de protesta dirigidas a Buenos Aires durante el presente periodo de Gobierno.
Asimismo, respaldó la vigencia de la declaración conjunta suscrita entre ambas naciones e insistió en que el apoyo histórico a los reclamos trasandinos sobre el archipiélago de las Malvinas responde al “legítimo derecho” que Chile viene reconociendo formalmente desde inicios de la década de 1990.
El rol de la representación diplomática de Estados Unidos en Chile también generó fricción. Interrogado sobre las intervenciones públicas del embajador Brandon Judd, el ministro aseveró en el hemiciclo que “ningún embajador extranjero define lo que hace este país” y sostuvo inicialmente que Judd “ya recibió nota de protesta de parte de Chile”.
No obstante, al término de la cita parlamentaria, el propio canciller debió rectificar ante los medios de comunicación que la nota mencionada fue remitida bajo la gestión gubernamental anterior, mientras que el Gabinete actual ha privilegiado las representaciones directas en reuniones presenciales.
En el plano económico global, la Cancillería descartó acudir a paneles de resolución de controversias en el marco del TLC por las sobretasas comerciales del 12,5% impuestas por Washington, apostando por la continuidad de tratativas bilaterales para eximir productos y por el impulso de nuevos mercados en el continente asiático.
Finalmente, al abordar los controvertidos dichos de diplomáticos en el exterior —como Gonzalo Uriarte en Argentina y Gabriel Zaliasnik en Israel—, el jefe de la diplomacia chilena desestimó removerlos de sus funciones, enfatizando que “las personas están en sus cargos mientras tengan la confianza del Presidente de la República”.
