Corte de Apelaciones suspendió el embargo contra un adulto mayor de 78 años mientras se investiga una presunta usurpación de identidad.
Corte de Apelaciones de Chillán / Agencia Uno
Un adulto mayor de 78 años denunció que fue víctima de una usurpación de identidad que terminó con una deuda tributaria superior a $20 millones y un proceso de embargo sobre sus bienes. La Corte de Apelaciones de Chillán acogió su recurso y ordenó suspender la ejecución mientras se esclarecen los hechos en una investigación penal.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el afectado explicó que en 2021 terceros utilizaron su identidad para crear una empresa, registrar un domicilio falso en Santiago, abrir una cuenta corriente en Banco Falabella y solicitar devoluciones de impuestos.
A raíz de esas operaciones, el Servicio de Impuestos Internos determinó obligaciones tributarias que derivaron en una cobranza de $20.294.948, iniciada por la Tesorería Regional de Ñuble.
El recurso también expuso que el adulto mayor padece un bloqueo trifascicular, fue sometido al implante de un marcapasos en 2024 y ha sufrido un deterioro emocional por la situación.
Además, su esposa perdió temporalmente la Pensión Garantizada Universal debido a que el Registro Social de Hogares reflejaba ingresos que, según sostuvieron, nunca percibieron. Ese beneficio posteriormente fue restituido.
La Tesorería Regional de Ñuble solicitó rechazar la acción, argumentando que solo ejercía las facultades que le entrega la ley para cobrar impuestos adeudados y que la supuesta usurpación de identidad debía ser resuelta por las instancias correspondientes, no mediante un recurso de protección.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Chillán estimó que existen antecedentes que hacen verosímil la denuncia y cuestionó que la autoridad desestimara la solicitud de suspender el cobro sin analizar esos elementos.
En el fallo sostuvo que "no resulta admisible omitir tan contundente información, o denegar, sin fundamentos, la petición de suspensión".
Por ello, el tribunal ordenó suspender la ejecución iniciada por la Tesorería Regional de Ñuble hasta que concluya la investigación que lleva la Fiscalía de Bulnes y se determine el verdadero origen de la deuda tributaria.
Asimismo, dispuso que el organismo reúna los antecedentes necesarios para verificar la información antes de decidir cómo continuará el procedimiento de cobro.
