Prevenir impactos negativos sobre personas y comunidades: Llaman a candidaturas a integrar derechos humanos en propuestas
La Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, que convoca a 25 organizaciones de trayectoria en derechos humanos, justicia ambiental, transparencia y trabajo decente, con motivo de las elecciones del domingo 16 de noviembre, difundió el documento “Derechos humanos, debida diligencia y empresas: Gobernanza, responsabilidad y efectividad”, una invitación a las candidaturas presidenciales y parlamentarias a integrar este enfoque en sus programas y futuras gestiones.
El documento considera nueve áreas prioritarias: medio ambiente y justicia climática, derechos laborales, derecho a la vivienda, impactos en pueblos indígenas, empresas del Estado, captura corporativa y corrupción, marco normativo de debida diligencia, acceso a información y justicia ambiental, y trabajo forzoso y trata de personas, indicando que el desarrollo del país debe vincularse a los derechos humanos.
Posibles vulneraciones
“Llamamos a quienes conformarán el próximo gobierno y Congreso Nacional, que incorporen en sus programas, políticas públicas y acciones normativas el enfoque de derechos humanos”, expresa Roberto Morales, coordinador ejecutivo de la Plataforma de DD.HH. y Empresas.
“Resulta urgente avanzar hacia una ley de debida diligencia que permita proteger a las personas y comunidades de posibles vulneraciones de sus derechos humanos frente a actividades empresariales. El crecimiento y desarrollo económico son necesarios, y también es absolutamente factible avanzar sobre estos con un enfoque de derechos humanos”, añadió.
Fortalecer la transparencia
Prevenir la captura corporativa y los conflictos de interés, es una de las propuestas en la que hace énfasis el documento, así como en la necesidad de avanzar en reformas, como la Ley de Lobby, y otras medidas para reforzar la transparencia y la independencia de las instituciones públicas.
Según el informe, esto es fundamental para resguardar la integridad democrática y evitar la influencia indebida del sector privado en decisiones que afectan los derechos de las personas.
Además, se plantean medidas para fortalecer la fiscalización ambiental y laboral, garantizar la protección a personas defensoras de derechos humanos y asegurar acceso efectivo a la información pública y ambiental, en línea con los estándares internacionales del Acuerdo de Escazú.
El llamado de la plataforma es que las futuras autoridades asuman compromisos concretos para avanzar hacia una legislación de debida diligencia empresarial en línea con los estándares internacionales, entendiendo que el Estado posee la obligación de proteger los derechos de las personas y las comunidades afectadas.
Puedes revisar el documento en el siguiente link.
