La fundadora y directora ejecutiva de Fundación Ayuda Callejeros, Sonia Urrutia, abordó en entrevista con El Desconcierto las deficiencias de la Ley Cholito, la polémica propuesta de controles letales a perros asilvestrados, el funcionamiento de su hospital veterinario y la controversia generada por el rescate de más de 40 animales de raza de un criadero ilegal en La Florida. "La pena máxima son 500 días de prisión efectiva, pero yo nunca lo he visto", aseguró.
Sonia Urrutia, directora ejecutiva de Fundación Ayuda Callejeros. Créditos: El Desconcierto.
Más de 40 perros hacinados, una plaga de roedores y un criadero que operaba sin que ninguna ley lo prohibiera explícitamente. Ese fue el escenario al que llegó Fundación Ayuda Callejeros cuando la PDI pidió su colaboración en La Florida. Su directora ejecutiva, Sonia Urrutia, dice que casos así ocurren todo el tiempo, y que el problema de fondo no es la crueldad de algunos, sino las leyes que no castigan a nadie.
—Casos como el de los jóvenes argentinos que mataron a un coipo generan mucha conmoción, pero la sensación es que en Chile este tipo de crueldad también ocurre con frecuencia. ¿Cómo evalúas la Ley Cholito? ¿Consideras que las sanciones actuales son suficientes para frenar el maltrato?
No son suficientes. El nivel de abandono y de maltrato que existe hoy en este país tiene que ver 100% con las leyes. Las leyes tienen que ser más duras, tienen que ser castigos ejemplares, donde una persona que abandona a su perro o que llega a matarlo tenga una pena efectiva que le haga pensar si lo que va a hacer le conviene o no.
Nosotros llevamos cuatro años trabajando con la PDI y la Bridesma —la Brigada de Investigación de Delitos de Maltrato Animal— y sacamos muchos perros. Aparte de llevar al imputado a un control de detención, donde puede pasar una noche, esa persona al día siguiente está en su casa. Hemos sacado casos muy graves, con resultado de muerte, y esas personas a veces no pasan ni la noche detenidas.
La Ley Cholito sirvió para que la gente creyera que el maltrato tiene consecuencias, y eso es algo. Pero la verdad es que hay mucho por hacer, y mientras no se legisle con penas efectivamente ejemplares, no podemos avanzar.
—¿Cuál sería la máxima sanción que alguien podría enfrentar hoy por este tipo de actos?
Creo que la pena máxima son 500 días de prisión efectiva, pero yo nunca lo he visto aplicado. Y esto no pasa solo con casos extremos: pasa también con la persona que tiene a su perro muriéndose de hambre en su casa. Eso ocurre día a día y sigue ocurriendo.
—Hablemos del caso que estuvo bastante tiempo en la pauta de los medios: el rescate en La Florida. ¿Qué pasó con el responsable del criadero?
Esa persona creo que al otro día ya estaba en su casa. Como te digo, esto va a una investigación que tiene un periodo largo, pero yo nunca he visto una pena efectiva en este tipo de casos.
Es importante aclarar que la PDI no llegó a ese lugar porque era un criadero clandestino, sino porque los perros estaban siendo vulnerados: había una plaga de roedores que llegó hasta el Seremi. Esa fue la razón de la intervención.
Lamentablemente, los criaderos clandestinos no están prohibidos en Chile. La única manera de intervenir uno, sea clandestino o no, es que los animales estén siendo maltratados o que exista peligro para su salud. Si un criadero los tiene en condiciones medianamente aceptables, la única sanción es por evasión de impuestos.
—Cuando rescataron a los perros del criadero, recibieron críticas porque no los estaban dando en adopción a postulantes nuevos. ¿Por qué tomaron esa decisión?
Hay varias cosas que aclarar. Primero: quiero preguntarle a la gente por qué esta desesperación no pasa cuando el perro rescatado es mestizo. ¿Por qué ocurre solo con los perros de raza?
Segundo: en este caso teníamos un contrato especial con la PDI, lo que implicaba condiciones distintas. Y estuvimos a punto de que dos perritos fueran recuperados por personas vinculadas al mismo criadero, que se ofrecieron a hacer el traslado. Cuando supimos eso, decidimos dar los perros solo a personas conocidas o referidas por conocidos, para asegurarnos de que los animales quedaran bien ubicados. Ese episodio está todavía en investigación.
Cuando rescatamos perros de raza, sabemos lo que viene: días de mucho trabajo, de responder mensajes, de explicar por qué no se lo dimos a tal persona. Es un acoso literal por redes sociales. Y mientras tanto, tenemos 130 perros mestizos esperando adoptante.
—Lo que describes tiene mucho que ver con educación: entender que adoptar no es solo dar techo y comida.
Exactamente. Nosotros buscamos tutores, no dueños. Un tutor es alguien que lo planifica en sus vacaciones, que lo integra a su vida, que lo considera un compañero. No me sirve una bonita casa o buena comida si el perro no va a ser parte de la familia.
Y hay otro elemento que la gente no considera: algunos perros de raza tienen costos veterinarios altos. Un bulldog francés, por ejemplo, requiere atención especializada: ya la esterilización es el doble que la de un perro común. Si alguien adopta un cachorro de ese tipo sin saberlo, puede encontrarse con gastos que no puede asumir.
—En la Comisión de Agricultura del Congreso se está discutiendo un proyecto que habilitaría controles letales para perros asilvestrados. ¿Cuál es tu postura?
Entiendo la preocupación desde el mundo de la ecología por la fauna silvestre y la ganadería, pero no creo que esa sea la forma de abordar el problema. La primera pregunta que me hago es: ¿quién va a tomar la decisión de si un perro es asilvestrado o no? Eso requiere un etólogo, no puede ser una decisión arbitraria. Si esta ley se aprueba, cualquier persona podría tomar esa determinación.
Y hay algo más de fondo: el 90% de los perros que están en la calle tiene o tuvo dueño. No son perros callejeros, son perros abandonados. Mientras no penalicemos el abandono con castigos reales, volvemos al mismo punto de partida.
Lo que falta en este país es educación desde la base y registro. No existe ninguna entidad que regule a quienes tienen refugios de animales. Hoy cualquier persona puede montar un refugio, incluso cobrar por recibir perros rescatados, y nadie fiscaliza eso.
—Cuéntanos sobre el hospital. ¿Desde cuándo lo tienen y cómo funciona?
Es un sueño que tuve desde el principio. La fundación llegó a pagar entre 10 y 13 millones de pesos mensuales en atención veterinaria. Con esos recursos, en vez de rescatar 50 o 60 perros, ahora podemos llegar a 100.
Pero el hospital no es solo para nuestros rescatados. Está abierto al público con precios accesibles, y los ingresos que genera permiten subvencionar a personas que no pueden pagar. Pensamos, por ejemplo, en una persona mayor cuyo único compañero es su perro o su gato y cuya pensión no le alcanza para atención veterinaria.
El hospital está bien equipado: tiene anestesia inhalatoria, caniles de UCI y atención para distintos casos. Todos los animales que rescatamos, sanos o enfermos, pasan por ahí.
—¿Cómo puede colaborar quien quiera apoyar el trabajo de la fundación?
Los invito a seguirnos en Instagram: la fundación está como Fundación Ayuda Callejeros, y el hospital como Hospital Veterinario FAC. Pueden hacerse socios de la fundación, del hospital o de ambos. También aceptamos donaciones voluntarias a través de campañas que publicamos constantemente. Hay muchas formas de aportar.
