Chile solo ha implementado 15 % de las medidas que prometió para proteger a defensores ambientales por Acuerdo de Escazú
Como primera medida para marcar su impronta como el primer gobierno ecológico del país, Gabriel Boric adhirió al Acuerdo de Escazú; un tratado latinoamericano que compromete acciones en cada país para garantizar el acceso a la información, participación y justicia ambiental, además de proteger a las y los defensores del medio ambiente.
A tres años, solo 15% de las medidas comprometidas por el gobierno para proteger a las personas que realizan esta labor han sido implementadas, según un informe de la organización Escazú Ahora, que impulsó la adhesión de Chile al tratado y ahora supervisa e incentiva su aplicación.
El documento fue desarrollado con información de más de 40 solicitudes de información a 22 organismos públicos para analizar el cumplimiento del artículo 9 del tratado, que obliga a los Estados a reconocer, proteger y garantizar la labora de las personas que defienden el medio ambiente.
De las 10 medidas comprometidas, 7 registran 0% de avance según el informe. Entre ellas, se incluyen medidas como el reconocimiento público a defensores y defensoras, la elaboración de un diagnóstico nacional sobre su situación, la realización de campañas de sensibilización masiva y la preparación de la red asistencial para que brinden apoyo en salud mental.
Esto ocurre en un contexto de recrudecimiento de la violencia y las amenazas contra defensores y defensoras ambientales, como lo ha constatado la organización en sus análisis e informes, donde han detectado que entre 2023 y 2024 se triplicaron los casos de violencia contra estas personas.
El director de Escazú Ahora, Sebastián Benfeld, devela las falencias que existen en el Estado para frenar esta violencia, ejemplificándolo con el caso de Julia Chuñil. La organización se sumó a la representación legal de la familia al inicio del proceso legal.
Según comenta Benfeld, a pesar de que Julia Chuñil es una defensora ambiental que recibió amenazas, durante las primeras semanas su caso fue tratado como presunta desgracia y se hicieron diligencias típicas de búsqueda de personas, para luego desistir de la búsqueda.
“No fue hasta que nosotros presentamos una querella criminal exponiendo que se defensora y que estaba amenazada, que la fiscalía abordó este caso como una causa criminal con terceros involucrados. Y aún así, dudaban de que ella fuera una defensora ambiental, y nos pidieron un informe técnico para constatar esto. Como no hay una ley que reconozca explícitamente la labor de los defensores ambientales, la institucionalidad no funciona”, sostuvo Benfeld en entrevista con El Desconcierto.
