Activista chileno por Escazú: “Entre 2023 y 2024 se triplicó la violencia física contra defensores ambientales en el país”

Como fundador y presidente de la organización que busca implementar en Chile el Acuerdo de Escazú, Sebastián Benfeld ha estado en contacto cercano con defensoras y defensores ambientales que han sido agredidos en Chile.

En entrevista con El Desconcierto relata con preocupación cómo se ha triplicado la violencia física contra defensores ambientales en un solo año, y también devela, a través del caso de Julia Chuñil, cómo las instituciones de seguridad fallan al tomar estos casos.

¿Cómo te vinculaste con la causa de proteger a las y los defensores ambientales?

Escazú Ahora nació como una campaña ciudadana para que Chile suscriba al tratado. Nos movilizamos varios años y en 2022 logramos que Boric firmara y el Congreso ratificara esa decisión por amplia mayoría. Entonces nos propusimos trabajar por la implementación plena y ambiciosa del tratado en el país. Para ello hicimos un diagnóstico y nos dimos cuenta que en punto más débil en el que estábamos como país era con respecto a defensores ambientales. No hay ninguna ley que los reconozca ni un instrumento que les de protección efectiva. Luego generamos datos para entender el fenómeno.

¿Cómo pasaron del análisis a la acción, dando asistencia a defensores ambientales que han sido agredidos?

Dentro del proceso de documentación de casos de agresión tratamos de gestionar apoyo para los defensores y cada caso es diferente. Algunos piden acciones de comunicación, orientación en temas legales o incidencia política para exponer el problema ante las autoridades. En el caso de Julia Chuñil, por ejemplo, la familia solicitó un apoyo integral y por ello conseguimos que una abogada representara el caso durante los primeros cinco meses.

¿Qué te llama la atención del caso de Julia Chuñil?

Que pese a existir antecedentes de que Julia fue amenazada durante más de seis años, y que presentamos una querella criminal, la fiscalía no ha tomado esa línea investigativa con suficiente fuerza ni ha llegado a hallazgos importantes en esa dirección, porque los recursos se han orientado a investigar a la familia.

¿Qué han encontrado durante el levantamiento de datos sobre agresiones a defensores ambientales?

Cada año hacemos un trabajo de documentación, pero solo vemos la punta del iceberg, que son las personas que se acercan y hacen denuncias. Hay muchos que no vemos y que no están documentados, pero entre los que conocemos hay tendencias claras. En 2023, la mayoría de las personas agredidas con violencia física fueron mujeres mayores de edad de zonas rurales del centro y sur de Chile. Esto ya nos permite identificar un grupo etáreo que es más vulnerable a ataques y eso puede guiar a los tomadores de decisión. Por ejemplo, en el protocolo que hizo la Subsecretaría de Derechos Humanos permite documentar los casos a través de un formulario que está disponible en un sitio web, lo que no es un instrumento muy efectivo para personas mayores de zonas rurales.

¿Qué tipo de agresiones sufren en Chile las y los defensores ambientales?

Los casos de agresión son muy variados. Las amenazas pueden ser escritas, virtuales o incluso presenciales y luego hay casos de agresión con golpes, objetos contundentes o derechamente intentos de asesinato. Lo que vemos es un paso de las amenazas al ataque físico directo. Entre 2023 y 2024 se triplicó la violencia física contra defensores ambientales y hay un ejemplo muy claro, en que en 2023 recibió una amenaza que decía: “si no dejas tu activismo quemaremos tu casa” y en 2024 le quemaron la casa. Tenemos miedo de que si no resguardamos a estas personas la situación puede seguir escalando rápidamente.

¿Qué resultados han tenido estos casos en la justicia?

Estamos viendo con preocupación que el Estado muchas veces no es capaz de reaccionar ante estos casos, y los defensores muchas veces ni siquiera logran dejar constancia ante Carabineros o la PDI o el Ministerio Público. Hay un caso de 2024 con una persona que fue agredida 10 veces y cuando iba a Carabineros le decían que si no iba con el ojo morado mejor que no fuera. Esto nos da cuenta de cómo la institucionalidad está funcionando para responder a estos casos. De los casos documentados solo 2% han logrado acceder a la justicia de manera efectiva y el resto no ha tenido respuesta o incluso les han rechazado la denuncia. El protocolo de la Subsecretaría contempla capacitaciones a los funcionarios para que puedan tratar estos casos con la urgencia que merecen, pero según la información que pedimos por transparencia menos de la mitad de las personas inscritas han completado el curso a un año de promulgado el protocolo.

¿Qué medidas deberían tomarse?

El problema es que la institucionalidad no reconoce qué es un defensor ambiental qué tareas realiza, y desconoce los tipos de agresión y el contexto de vulneración y violencia al que se enfrentan estas personas que están haciendo una labor pública de defender la naturaleza. No hay ninguna línea investigativa que les permita resolver sus casos y una muestra emblemática de ello es el caso de Julia Chuñil que, a pesar de ser una defensora ambiental que recibió amenazas por eso, durante las primeras semanas se investigó el caso como una presunta desgracia y lo único que se hizo fueron labores típicas de búsqueda de personas e incluso se desistió de la búsqueda. No fue hasta que nosotros presentamos una querella criminal exponiendo que se defensora y que estaba amenazada, que la fiscalía abordó este caso como una causa criminal con terceros involucrados. Y aún así, dudaban de que ella fuera una defensora ambiental, y nos pidieron un informe técnico para constatar esto. Como no hay una ley que reconozca explícitamente la labor de los defensores ambientales, la institucionalidad no funciona.

¿Cómo ves el clima social actual en Chile con respecto a los y las defensoras ambientales?

Dentro de la sociedad civil y el movimiento ambiental existe un amplio consenso de que hay que avanzar hacia un reconocimiento y protección de los defensores ambientales. No solo han aumentado las agresiones físicas en los últimos años sino que hay una proliferación de campañas de desprestigio contra la sociedad civil. Recientemente, uno de los diarios más importantes de Chile publicó un especial de 12 páginas destinado a desprestigiar a las ONGs que trabajan en pos del bosque nativo, la protección de la naturaleza y la representación legal de comunidades en conflictos ambientales. Hay que revertir este escenario y reconocer el aporte que los defensores ambientales hacen al país, para que sus vidas no corran peligro por defender un bien común.

En cuanto a lo legislativo, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el país con respecto a la protección de defensores ambientales?

A nosotros nos preocupa especialmente que el Gobierno no está cumpliendo con su propio plan de implementación del acuerdo de Escazú. Este contempla 10 medidas y una de las primeras es que el Estado va a generar un diagnóstico sobre la situación de las y los defensores ambientales en el país. Preguntamos por transparencia y nos respondieron que las personas a cargo de este diagnóstico ni siquiera se han reunido para ver cómo abordar el diagnóstico. Por otro lado, hemos insistido en que el gobierno apoye el proyecto de ley que reconoce a los defensores ambientales, que fue generado en moción parlamentaria, pero hasta el momento el gobierno no ha presentado indicaciones ni se ha hecho parte en la discusión legislativa de este proyecto. Recordemos que cuando Gabriel Boric era candidato, se comprometió a presentar un proyecto para defensores ambientales y lo reafirmó en su primera cuenta pública.

¿Hay algún candidato o candidata presidencial que esté poniendo en la palestra la situación de las y los defensores ambientales?

Lamentablemente, dentro de los debates presidenciales las temáticas ambientales han estado muy rezagadas y no han existido muchas preguntas concretas con respecto a ello, por lo que no sabemos cuál es la postura de las y los candidatos en este aspecto. Creemos que si se convierte en una política de Estado entonces las candidaturas lo pueden incorporar en sus discursos y programas de gobierno.

En un contexto de decepción del ambientalismo con el gobierno actual, y una falta de debate sobre el medio amiente con los candidatos presidenciales, ¿qué te da esperanza para el futuro cercano?

Me da mucha esperanza que cada vez somos más las organizaciones y personas que nos movilizamos por el medio ambiente y que exigimos que se respeten los derechos de las y los defensores ambientales. Hay una unión y estamos trabajando en colectivo con objetivos comunes, entonces más allá del Gobierno de turno la sociedad civil está más fuerte que nunca para hacer valer los derechos de las personas y de la naturaleza.