En los últimos días un jurado de Dakota del Norte en Estados Unidos condenó a la ONG ambientalista Greenpeace a pagarle una indemnización de US$ 660 millones de dólares a una empresa petrolera por difamación.

La organización planea recurrir al fallo y demandó a la empresa por intimidación, pero sus miembros alertaron que el monto de la sentencia pone en riesgo la supervivencia de la organización en Estados Unidos.

Días después, la organización de activismo ambiental británica Just Stop Oil, anunció que cesará sus protestas en abril. Algunos de sus integrantes han sido condenados a más de dos años de cárcel por sus acciones disruptivas como ensuciar obras de arte con pintura o sopa.

Extinction Rebellion, otra organización británica decidió ya en 2023 que terminaría con su línea de protesta y acción climática más agresiva, para no disuadir a integrantes que tienen miedo de ser arrestados. La decisión del grupo se dio en un contexto de un endurecimiento de las leyes anti protesta en el Reino Unido.

A inicios de 2024 el activista contra la caza de ballenas, Paul Watson, fue arrestado y pasó 5 meses en una cárcel en Groenlandia a sus 74 años, aunque luego Dinamarca rechazó la solicitud de Japón para extraditarlo al país asiático que defiende su actividad ballenera ante el activismo de Watson.

Además del riesgo que enfrentan las y los defensores ambientales en el mundo de ser agredidos o asesinados, se suma el peligro de ser arrestados, formalizados e incluso condenados por parte de grandes empresas con poderío económico para llevar adelante largos procesos judiciales.

Defensores ambientales en Chile

Chile no está extento de la peligrosidad que viven las y los defensores ambientales: un informe de la ONG Escazú Ahora declara que en 2024 se triplicaron las agresiones contra defensores ambientales, mientras el país busca a Julia Chuñil, la ambientalista mapuche que recibió amenazas por parte de un empresario forestal antes de desaparecer hace más de cuatro meses.

A esta realidad se suma también un aumento en los casos judiciales contra defensores ambientales en el país. En algunos de estos casos, luego de años de proceso, las mismas empresas desisten de sus acciones o desestiman la demanda.

Abogados ambientales han calificado estos casos como Litigios estratégicos contra la participación pública o SLAPP por sus siglas en inglés, donde el fin no es condenar una actitud ilegal sino intimidar y silenciar a los defensores ambientales.

Juicios contra defensores

Un caso identificado como tal es el del defensor ambiental Rodrigo de la O, demandado por la inmobiliaria Costa Calán luego de expresar en medios de comunicación su crítica contra un proyecto de la empresa al lado de un santuario de la naturaleza.

La inmobiliaria demandó al defensor en 2020 por $200 millones por daños a su imagen. Tras cuatro años de proceso judicial, la inmobiliaria desistió de su demanda y fue condenada por el juzgado a pagar los costos del juicio.

Un caso similar ocurrió con la empresa eléctrica ISA Interchile, señalada como una de las responsables del masivo corte de luz. En 2019, la empresa presentó querellas contra defensores ambientales que se colgaron de una torre de alta tensión para protestar por un proyecto de la empresa y su afectación a bosque nativo de conservación.

El caso fue investigado por el ministerio público durante 2024 y en enero de 2025 los ambientalistas fueron absueltos. El abogado de los defensores, Miguel Fredes, acusó que la demanda de la empresa tenía el fin de criminalizar la defensa ambiental.

Otro caso aún en curso es el de la empresa acuícola Inversiones Nalcahue contra dos abogados de la ONG de derecho ambiental FIMA, que representan a una comunidad mapuche que se opone a la operación de una salmonera de la empresa en el río Chesque.

La empresa fue sancionada por operar sin permiso ambiental desde 1998, y la Corte Suprema ratificó dicha sanción en enero de este año.