Durante nueve días, vecinos y ambientalistas de la comunidad agrícola La Dormida en Olmué se treparon y acamparon sobre una torre de alta tensión de la empresa Interchile, filial nacional de la colombiana ISA, para protestar por el impacto del proyecto eléctrico en el bosque nativo de la Reserva de la Biósfera La Campana.

En ese entonces, la empresa se querelló contra los ambientalistas, a quienes acusa públicamente de haber atrasado las obras; atraso por el que el Estado les cobró una multa. El caso está siendo investigado cinco años después por el ministerio público, y los acusados podrían enfrentar hasta 120 días de prisión por “oposición injustificada a una obra pública”. El juicio oral se celebrará a mediados de enero de 2025.

El abogado de los defensores, Miguel Fredes, declara que se trata de un caso único en el país, que podría sentar un precedente que criminalice la defensa del medio ambiente, disuadiendo las protestas contra proyectos que afecten la naturaleza, y contraviniendo el Acuerdo de Escazú que Gabriel Boric firmó como primer acto de gobierno.  

Fredes niega la versión de la empresa, explicando que la protesta fue una manifestación pacífica donde no se dañaron las torres, no se hicieron barricadas, no se cortaron caminos ni ninguna otra acción que impidiera la continuación de obras.

“La torre de la que se colgaron obviamente ya estaba construida, y no hubo ninguna acción para obstaculizar las obras que ya habían terminado en la zona. Lo único que hicieron fue acampar y colgar un cartel manifestándose pacíficamente. En la querella hasta se acusa a personas que les fueron a llevar agua y comida a los ambientalistas que acamparon en las torres”, declara el abogado.

Torres de alta tensión y bosque nativo

Las torres de alta tensión contra las que protestaron los ambientalistas corresponden a la mega carretera eléctrica Cardones Polpaico, construida para transmitir energía renovable generada en el desierto de Atacama hacia Santiago, cruzando 753 kilómetros con 1728 torres.

Cabe destacar que en 2020 la Superintendencia de Medio Ambiente constató la construcción de torres de alta tensión en zonas diferentes a las indicadas en el proyecto, y la afectación a bosque nativo de conservación, con especies amenazadas como el Belloto del Norte, sin los permisos sectoriales correspondientes.

Más adelante, en 2024, la Corte Suprema anuló el permiso ambiental de diez torres de alta tensión del proyecto por haberse emplazado en un lugar diferente al indicado, y por no haber informado que estas iban a afectar la Reserva de la Biósfera La Campana.

Este mismo año, el Tribunal Ambiental aprobó una conciliación entre la comunidad agrícola La Dormida y la empresa Interchile, que se compromete a reforestar especies nativas en compensación a las afectadas por el proyecto.

Estado y torres de alta tensión

El juicio oral contra los ambientalistas ocurrirá unos meses después de que el Estado de Chile fue condenado a pagar $21 mil millones a la empresa Interchile, por la multa que le cobró a la empresa tras el atraso en las obras.

La empresa demandaba ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) un monto mucho mayor, de $230 mil millones. El caso fue llevado por Interchile a esta instancia de arbitraje internacional, donde se condenó al Estado a una retribución mucho menor, y donde el 80% de los costos del proceso fueron cobrados a la empresa.

Según acusa Fredes, la empresa busca culpar a los ambientalistas por el retraso en el proyecto, que según él ocurrió por mala gestión y por los incumplimientos ambientales de la propia empresa. También declara que el ministerio público estaría investigando el caso tras cinco años, motivado por el fallo del Ciadi que condena al Estado a pagarle a la empresa.