Cardones Polpaico hoy cruza desde Atacama hasta Santiago, trayendo energía renovable que se genera en el desierto, hacia la capital. Pero la construcción de esta mega línea eléctrica generó un arduo conflicto ambiental en Olmué en 2019, que derivó en una disputa judicial entre la empresa titular del proyecto y el Estado por atrasos en las obras.

El caso se resolvió en arbitraje internacional esta semana, llegando a un punto medio entre ambas partes: La empresa Interchile, filial de la colombiana ISA, exigía una indemnización de $ 230 mil millones por los costos que le generó el retraso en las obras, entre ellas una multa interpuesta por el mismo Estado.

Desde el Estado, por su parte, se apuntaba a la empresa por elegir un trazado que generaba situaciones complejas en lo ambiental y social, y por dejar para el final la construcción en la zona más conflictiva, sin tomar medidas tempranas para contener la conflictividad.

Finalmente, el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) emitió un fallo donde obliga al Estado a pagar pero un monto mucho menor: $21 mil millones. Se trata de la multa de US$ 16 millones que se le cobró a la empresa por el atraso, calculada con intereses. Por su parte, obliga a la empresa a reembolsar a Chile el 80% de los costos del arbitraje.

Línea eléctrica y conflicto

La construcción de la línea eléctrica Cardones Polpaico generó desde su aprobación en 2016 el rechazo de vecinos de la región de Valparaíso, que protestaban porque las torres de alta tensión se iban a instalar en las cercanías de la Reserva de la Biósfera La Campana – Peñuelas, afectando bosque nativo de conservación.

En efecto, la empresa fue sancionada por la Superintendencia de Medio Ambiente luego de varias denuncias, por la eliminar especies nativas vulnerables, como Belloto del Norte, Naranjillo, Tayú del Norte o Roble de Santiago, sin los permisos correspondientes.

Particularmente, vecinos de la comunidad agrícola La Dormida en Olmué levantaron una oposición férrea al proyecto, ya que declaraban que este afectaba sus actividades tradicionales. A las aristas judiciales, donde lograron una conciliación con la empresa para que reforestara vegetación dañada, algunos comuneros se manifestaron colgándose durante varios días de las torres de alta tensión.

Esto último, luego de que un trabajador de la empresa cayera desde una torre a 50 metros de altura y de un accidente de helicóptero que causó la muerte de cuatro personas contratadas por la empresa como guardias privados para alejar a quienes protestaban. Los defensores ambientales alegaban irregularidades en el funcionamiento de la empresa y en el régimen laboral de las personas contratadas.

Algunas de las personas que participaron de las protestas, ahora también enfrentan una demanda por parte de la empresa, por las pérdidas económicas en que habrían incurrido por atrasos en el proyecto.