En 2018, la propietaria de una vivienda permitió que otra persona y su familia vivieran en el inmueble debido a que enfrentaban problemas económicos y no tenían dónde quedarse.

Según el acuerdo y el fallo judicial, la ocupación sería temporal. Sin embargo, después de un año y al no llegar a un trato para vender la propiedad, la propietaria solicitó la devolución de la casa, lo que no ocurrió.

En lugar de desocupar el lugar, el ocupante lo utilizó para almacenar vehículos y otros bienes, lo que llevó a la propietaria a demandarlo, argumentando que la ocupación era ilegal y sin un título que la justificara.

Por su parte, el ocupante afirmó que existía un acuerdo previo que incluía pagos y la entrega de bienes como parte del precio de la propiedad.

Según su versión, la propietaria se comprometió a transferirle la casa una vez que se resolvieran ciertos trámites legales, lo que, a su juicio, desvirtuaba la idea de que estuviera ocupando la propiedad sin permiso.

El caso pasó por distintas instancias judiciales. Inicialmente, un tribunal local ordenó que el ocupante desocupara la vivienda, decisión que fue confirmada por la Corte de Apelaciones.

Sin embargo, el ocupante llevó el caso ante la Corte Suprema, donde se analizó nuevamente toda la situación.

El máximo tribunal concluyó que la ocupación del inmueble no era simplemente por “tolerancia” de la propietaria, sino que estaba respaldada por un acuerdo que podía ser entendido como un contrato de préstamo de uso, conocido legalmente como comodato.

Este tipo de contrato establece que una persona puede usar un bien con la obligación de devolverlo, pero no implica que su ocupación sea ilegal o precaria.

Con este razonamiento, la Corte Suprema revocó las sentencias anteriores y rechazó la demanda de desalojo, permitiendo al ocupante continuar en la propiedad.