En un momento crucial para la protección ambiental, diputados de diversas bancadas han presentado un proyecto de ley que busca consolidar la protección de los defensores de los derechos humanos en materias ambientales en Chile.
Este movimiento legislativo propone implementar localmente las directrices del Acuerdo de Escazú, un tratado regional enfocado en los derechos ambientales.
Este acuerdo, ratificado por Chile en 2022, destaca por promover el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, estableciendo un marco robusto para la protección de los individuos y grupos que defienden el medio ambiente.
Estas disposiciones son vitales dado el alto riesgo que enfrentan los activistas ambientales, especialmente en América Latina donde, en la última década, más de 1700 defensores han sido asesinados debido a su labor.
El proyecto de ley propone fortalecer el marco legal para asegurar que los defensores ambientales puedan realizar su trabajo sin temor a represalias, en un esfuerzo por cumplir con los compromisos internacionales y mejorar la gestión ambiental del país.
Al hacerlo, los legisladores buscan no solo proteger el medio ambiente sino también salvaguardar los derechos fundamentales de quienes luchan por preservarlo.
Actualmente, la iniciativa se encuentra bajo estudio en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, marcando un paso significativo hacia la implementación de políticas que reflejen el espíritu y la letra del Acuerdo de Escazú.
