Un total de 27 defensores ambientales (14 hombres y 13 mujeres) sufrieron vulneraciones a sus derechos en Chile durante 2024, con una mayor exposición de las mujeres, que registraron el 70% de los casos, y un aumento de la violencia física, que se triplicó respecto al año anterior, según la organización Escazú Ahora.

"La persistencia de agresiones físicas, el uso sistemático del hostigamiento judicial y la falta de diagnósticos objetivos demuestran que, por acción u omisión, las autoridades no han cumplido con su deber de proteger a quienes, con su labor, fortalecen nuestra democracia y garantizan un futuro sostenible", concluye el informe "La situación de las personas defensoras de la naturaleza en Chile durante el 2024" publicado este lunes.

Ataques físicos

En 2024 siguió creciendo la violencia contra quienes defienden el medioambiente en el país, donde se registraron 47 casos de vulneración de derechos contra 27 personas, frente a los 35 contra 20 personas que se contabilizaron el año anterior, indica el documento.

Los ataques físicos, que alcanzaron el 49% de los casos, aumentaron el 35% respecto al año pasado y superaron a las amenazas, la mayor tendencia en 2023, con un promedio de una agresión cada siete días.

"Esta escalada de violencia se puede deber a varios factores, como el incremento en los conflictos socioambientales y la impunidad frente a este tipo de casos, lo que ha permitido que los ataques aumenten sin ninguna consecuencia para los perpetradores", dijo a EFE el presidente de Escazú Ahora, Sebastian Benfeld.

Más mujeres

Aunque el número total de hombres y mujeres víctimas sea similar, ellas acumularon la gran mayoría de amenazas, lo que indica que muchas sufrieron reiteradas intimidaciones o actos de violencia.

Un 48,4% de las agresiones contra mujeres fueron de naturaleza física.

Por regiones, Valparaíso, ubicada al norte de la Metropolitana, donde se encuentra la capital, se encuentra entre los lugares más conflictivos (26,9% de casos), pero destacan también las sureñas BioBío (26,9 %) y Los Lagos (15,4 %), donde abundan los conflictos entre comunidades locales y empresas forestales.

De los 47 casos de amenaza contra de personas defensoras del medio ambiente, sólo en 29 fueron denunciadas a la justicia, lo que significa que un 38,2% desistió de tomar acciones judiciales.

De total de denuncias, 25 permanecen en trámite más de seis meses después, tres fueron rechazadas o tuvieron un resultado desfavorable y solo una obtuvo una resolución a favor.

Sin sanciones claras

"Sin sanciones claras y una fiscalización efectiva de quienes dañan el medioambiente, la impunidad seguirá siendo la norma", indicó Benfeld. Escazú Ahora insistió, en el informe, en "detener la escalada de la violencia y cumplir con los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de Escazú".

Chile ratificó el Acuerdo de Escazú, pionero en el mundo en buscar la protección de activistas medioambientales, en marzo de 2022, pocos días después de la llegada al poder del presidente progresista Gabriel Boric, quien había insistido en varias ocasiones en la relevancia de este pacto.

En mayo de 2024 un grupo de parlamentarios ingresó un proyecto de ley para proteger a quienes defienden la naturaleza y los derechos humanos en asuntos medioambientales, pero su tramitación recién se reactivó a principios de marzo. EFE