Familias de Isla Huaipi presentaron un recurso legal ante la Corte de Valdivia para anular el permiso ambiental del proyecto Bahía Coique.
Bahía Coique, ubicado en Lago Ranco, en la Región de Los Ríos.
Pese a que cuenta con aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva), familias de la Isla Huaipi fortalecieron su ofensiva contra el proyecto Bahía Coique, perteneciente a la familia Piñera Morel y emplazado cercano al Lago Ranco, tras presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valdivia.
El proyecto, que fue aprobado el 7 de septiembre pasado y busca construir un complejo de 208 viviendas destinadas al descanso vacacional, ha sido foco de disputa ambiental debido al potencial impacto en las comunidades indígenas, quienes acusan eventual contaminación del agua, gentrificación e impacto en los modos de vida.
De hecho, en octubre cerca de 400 familias mapuche de la isla marcharon en contra del proyecto"Nuevo Desarrollo Inmobiliario Bahía Coique".
La ofensiva legal busca retrotraer a foja cero la tramitación ambiental y anular la resolución favorable del proyecto. Con ese objetivo en mente, los habitantes de la Comunidad indígena Isla Huapi acudieron hasta la Corte de Valdivia para interponer un recurso de protección contra la Comisión de Evaluación Ambiental de Los Ríos, organismo liderado por Vicky Carrasco.
Para los recurrentes, el visto bueno otorgado por la autoridad ambiental resulta ilegal y arbitrario, debido a las graves consecuencias culturales, territoriales, jurídicas y ecológicas que implicaría una obra de tal envergadura.
Uno de los puntos más críticos expuestos ante el tribunal radica en la vulnerabilidad hídrica de la población insular. Quienes residen en la isla carecen de una red de Agua Potable Rural (APR), por lo que dependen exclusivamente de la extracción directa desde el lago para su subsistencia.
La autorización ambiental permite al complejo verter aguas residuales en el río Coique —afluente directo del lago Ranco— ante situaciones de emergencia, como el colapso del alcantarillado y las plantas de tratamiento durante temporales. Este escenario resulta crítico en una zona caracterizada por sus intensas y constantes precipitaciones.
En cuanto a tradición y modos de vida, el escrito ingresado a la justicia reprocha que la autoridad haya limitado el área de influencia de la iniciativa solo a los terrenos colindantes, justificándose en que la comunidad se ubica a 9,8 kilómetros de distancia y separada por el cuerpo de agua. No obstante, los demandantes refutan ese criterio geográfico desde su propia identidad cultural.
En ese sentido, "la totalidad de las aguas del lago Ranco constituye una proyección del territorio insular, con el cual se mantiene una relación espiritual, ya que muchas prácticas ancestrales se desarrollan en íntima relación con el agua, la cual debe ser pura y exenta de toda contaminación pues se trata de un elemento vivo desde la cosmovisión de sus habitantes”, detalla la presentación judicial.
A esto se suma el incumplimiento de los estándares internacionales vigentes en Chile. Según el libelo, la Declaración de Impacto Ambiental pasó por alto la ejecución del Procedimiento de Consulta Indígena exigido por el artículo sexto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aun cuando la agrupación “sería susceptible de afectación directa”.
Al desestimar los posibles daños sobre sus costumbres tradicionales y su espacio ancestral, la evaluación habría quebrantado la garantía constitucional de igualdad ante la ley, motivo por el cual la comunidad exige anular el permiso y reiniciar el proceso incorporando la participación indígena obligatoria.
