Un plan de la SNA busca plantar hasta 450 hectáreas de arándanos cerca de Caldera con agua de mar. Expertos advierten sobre su impacto ecológico y energético.
Arándanos con agua desalada en Atacama: los desafíos ambientales de cultivar en el desierto más árido.
Un plan promovido por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) pretende establecer hasta 450 hectáreas de arándanos en terrenos fiscales cercanos a Caldera, en la Región de Atacama, utilizando agua de mar desalinizada para sostener los cultivos en pleno desierto.
La propuesta, que actualmente se encuentra en etapa de evaluación, busca replicar el modelo agroexportador desarrollado en las zonas desérticas de Perú. No obstante, trasladar esta experiencia al ecosistema atacameño exige analizar de cerca la huella energética de la desalinización, el resguardo de la biodiversidad local y la viabilidad hídrica a largo plazo.
Para Cecilia Echeverría, decana de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Alba, abrir nuevos polos frutícolas en territorios de extrema escasez requiere ir más allá de la rentabilidad inmediata y poner el foco en el equilibrio ecológico.
“El desarrollo de nuevas zonas agrícolas en territorios como el desierto de Atacama debe ir necesariamente de la mano con una producción sustentable y un profundo respeto por el medioambiente. No se trata solamente de ampliar la superficie cultivable, sino de hacerlo mediante tecnologías eficientes, un uso responsable del agua y prácticas que permitan proteger los ecosistemas y minimizar el impacto sobre el entorno. La innovación agrícola tiene que demostrar que es posible producir alimentos, generar desarrollo económico y empleo, sin comprometer los recursos naturales de las futuras generaciones”, detalla Echeverría.
El diseño técnico del proyecto —emplazado a unos 20 kilómetros al norte del aeropuerto Desierto de Atacama— apuesta por el cultivo en macetas para optimizar el sustrato y el riego. El plan arranca con una fase inicial de 200 hectáreas, proyectando alcanzar las 450 en etapas posteriores.
Sin embargo, el suministro mediante plantas desalinizadoras representa uno de los mayores cuellos de botella. Si bien el recurso marino evita presionar las agotadas napas subterráneas de la zona, su procesamiento demanda altas cuotas de energía y complejas redes de impulsión.
"El uso de agua desalada puede ampliar las posibilidades de desarrollo agrícola en el norte del país, pero es fundamental evaluar su costo energético, los sistemas de distribución y la eficiencia del riego. No basta con disponer de agua; necesitamos que todo el modelo productivo sea sostenible en el tiempo”, agrega Echeverría.
Más allá de las variables ecológicas, la iniciativa involucra un desembolso estimado de entre US$25 millones y US$30 millones. De alcanzar su capacidad máxima, sus promotores proyectan la creación de cerca de 3.000 puestos de trabajo durante los periodos de cosecha.
A pesar de las proyecciones económicas, el cronograma sigue supeditado a la obtención de permisos sectoriales, el cierre financiero y la resolución de las condiciones hídricas. Si logra sortear estas etapas regulatorias y técnicas, las primeras plantaciones comenzarían en mayo de 2027.
“La agricultura ha demostrado que, mediante innovación tecnológica y una adecuada gestión de los recursos, es posible desarrollar sistemas productivos en condiciones que antes parecían inviables. El desafío está en evaluar cuidadosamente las condiciones de cada territorio y asegurar que estas iniciativas sean técnica, económica y ambientalmente sostenibles”, señala la académica.
De materializarse bajo estándares estrictos de eficiencia, el proyecto marcaría un precedente sobre el uso de recursos hídricos no convencionales en la agricultura chilena, poniendo a prueba la capacidad del sector para operar sin degradar uno de los ecosistemas más frágiles del planeta.
