La iniciativa también modifica el delito de maltrato animal, incorporando una excepción que permitiría la eliminación de animales por razones de seguridad.
Proyecto de ley establece excepciones para el delito de maltrato animal. Créditos: Agencia Uno.
Un grupo de parlamentarios del Partido Republicano ingresó al Congreso un proyecto de ley que encendió las alarmas en las organizaciones animalistas ya que permitiría la eliminación de perros sin dueño y/o comunitarios, que pasarían a ser considerados como "perros asilvestrados", al poner en peligro a la conservación de la fauna nativa.
Se trata del Boletín 18400-01, ingresado el pasado 16 de junio en la Comisión de Agricultura de la Cámara, el cual reconoce legalmente el problema que causan los perros asilvestrados en la ecología, estableciendo "herramientas a las personas y a la institucionalidad para hacerse cargo de este".
Sin embargo, la normativa tendría alcance en otros animales. Desde la Fundación Derecho y Defensa Animal explican que el proyecto modifica el Código Penal para establecer una excepción al delito de maltrato animal, autorizando a matar a cualquier especie en protección de la seguridad de la ciudadanía o la propiedad privada.
En su art 2., la iniciativa establece una definición legal para perros asilvestrados o ferales: "el perro que no tiene un dueño o poseedor conocido e identificable, que, al no relacionarse con el ser humano, ha devenido en un peligro para las personas, para la fauna local o para la salud pública".
En ese sentido, además de perros ferales, la definición tendría alcance en perros abandonados, comunitarios o extraviados, que correrían riesgo de ser eliminados bajo ciertos mecanismos de control.
En paralelo, el proyecto propone una modificación al artículo 291 BIS del Código Penal que incorporaría una excepción al delito de maltrato animal.
Actualmente, este artículo define las penas de presidio y multas a pagar en casos de maltrato. Sin embargo, el nuevo proyecto propone agregar la siguiente excepción:
"Exceptúanse los casos en que se ejecuten medidas de captura, control o disposición de ellos, cuando tengan por finalidad la protección de la salud pública, la seguridad de las personas, la conservación de la biodiversidad y fauna silvestre nativa y la propiedad privada, y que se realicen conforme a protocolos técnicos y sanitarios", se lee en el proyecto.
Dicha excepción estaría redactada en términos amplios, permitiendo el control letal de animales cuando se argumente la protección de la propiedad, la seguridad de las personas o la salud pública.
Según la Fundación Derecho y Defensa Animal, la combinación de ambas medidas ha sido objeto de cuestionamientos, ya que, en la práctica, abriría la posibilidad de aplicar medidas letales no solo sobre perros, sino también sobre cualquier especie animal en determinados contextos invocados por la autoridad o particulares.
