Sector artesanal acusa "doble estándar" del Gobierno por idea que favorece a empresas acusadas de colusión de la centolla
El Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp) lanzó duras críticas al Estado, luego de que la seremi de Economía de Magallanes, Marlene España, sugiriera alcanzar acuerdos extrajudiciales con las empresas investigadas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por una presunta colusión en el mercado de la centolla magallánica.
Desde la organización, que representa los intereses del sector artesanal, acusaron un doble estándar por parte del Estado, al considerar la posibilidad de favorecer a compañías que estarían involucradas en prácticas que habrían perjudicado directamente a los pescadores locales.
“Es inaceptable que el Estado mantenga beneficios a empresas bajo investigación por colusión. Esa acción y doble estándar frente a hechos ilegales profundiza la desconfianza en las instituciones”, afirmó el presidente de Condepp, Hernán Cortés.
La polémica surge en medio de una investigación que lleva adelante la FNE, que según Condepp habría detectado que ejecutivos de las firmas implicadas se ponían de acuerdo en los precios, afectando a quienes viven de la pesca artesanal.
En ese contexto, Cortés cuestionó el enfoque de la autoridad regional: “Aquí hay una investigación seria de la FNE, que detectó como ejecutivos de las empresas se colocaban de acuerdo en el precio para perjudicar a los pescadores artesanales, y la autoridad de Economía de Magallanes está más preocupada de cuidar el bolsillo de las empresas”, denunció.
Llamado a la nueva Ley de Pesca
Finalmente, desde Condepp advirtieron que este tipo de hechos mantiene en estado de alerta a la pesca artesanal, y reiteraron la necesidad urgente de reformar la actual legislación pesquera, apuntando a una mayor fiscalización, protección de los recursos marinos y apoyo social a los trabajadores del sector.
“El país necesita una nueva Ley de Pesca que ponga fin a la corrupción, garantice una plataforma social para los pescadores artesanales y fortalezca la fiscalización marítima. Si el Estado no actúa, no solo perderemos nuestros recursos, también nuestra soberanía sobre el mar”, concluyó Cortés.
Finalmente, agrego: “La ciudadanía y particularmente el mundo de la pesca artesanal espera que el gobierno esté al lado de quienes fueron estafados y no apoye a quienes buscaron castigar el trabajo de la pesca artesanal”, expresó.