Tras 72 años de funcionamiento, la fundición Paipote cesó sus actividades este viernes 23 de febrero, aunque la fecha de paralización estaba agendada para abril. Esto luego de que las dos mayores proveedoras de la estatal ENAMI suspendieran el suministro de concentrado para la planta.

La paralización ya contaba con dos sindicatos de la empresa como detractores, y el adelanto en la fecha de cierre generó molestia entre los dirigentes, que anunciaron en El Mercurio una “levantada social” en la zona.

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A las palabras de rechazo a la medida se sumaron las del gobernador de Atacama, Miguel Vargas, quien criticó al Gobierno por una decisión que, según él, va en contra de la agenda de descentralización.

Según el plan de ENAMI, el cierre de la planta es temporal mientras se tramita un proyecto de modernización. Se trata de un proceso demandado por comunidades de la zona ya que Paipote opera con una tecnología antigua y muy contaminante que ha traído problemas de salud a la población y a los ecosistemas.

Pero sindicatos y autoridades regionales cuestionan la temporalidad del cierre, ya que el proyecto de modernización fue ingresado a evaluación ambiental a fines del 2023 y no existe ninguna garantía de que obtenga su permiso para ejecutarse.

El descontento deja en evidencia los obstáculos laborales que es necesario abordar para tomar medidas de reconversión hacia una industria menos contaminante.

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Años de contaminación

En 2019, una nube tóxica cubrió por algunas horas la comuna de Tierra Amarilla, en un nuevo episodio de emanación de dióxido de azufre de la fundición Paipote, que afectó sobre todo a adultos mayores y niños. Casi cien personas tuvieron que ser derivadas a centros de salud presentando cefaleas, náuseas y vómitos.

Ese mismo año, abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Atacama presentaron junto con vecinas y vecinos de la comuna un recurso de protección en la Corte de Apelaciones debido a las continuas emanaciones tóxicas de la planta.

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En 2021, un reportaje de Ciper reveló que la planta superó la norma de emisiones de dióxido de azufre en 63 oportunidades desde el 2019, siendo uno de estos episodios el más crítico, en que se superó en hasta seis veces el límite permitido del contaminante.

Desde la empresa afirman que en los últimos años han logrado adaptar la infraestructura para capturar 95% de las emisiones contaminantes, como lo exige la normativa. Sin embargo esa normativa se actualizará para exigir 96% o 97% de captura de emisiones, para lo cual se requiere de la modernización de la planta.

“Debemos cambiar toda la infraestructura de la fundición, porque lo que estamos hoy día buscando con el proyecto de modernización es capturar el 99,4 o 99,5% de todas las emisiones”, afirma el presidente ejecutivo Iván Mlynarz.

Reconversión laboral

Los dirigentes sindicales reclaman que el cierre afectará al menos a mil trabajadores y recurrieron a la justicia a través de un recurso de protección que fue admitido por la Corte de Apelaciones de Copiapó. El gobernador regional declaró en la radio Universidad de Chile estar analizando si es pertinente hacerse parte en el recurso, apoyando a los trabajadores.

Desde ENAMI contabilizan que serán 500 los trabajadores afectados, para los cuales se ofrecen distintos planes de egreso. Hay un grupo de 200 personas de la empresa que ya se acogieron voluntariamente al plan, otro grupo que será reubicado en otras faenas de la empresa, y un tercer grupo de 300 trabajadores propios y 200 de contratistas, “con quienes efectivamente tenemos que conversar y establecer las condiciones de salida”, afirman.

También declaran desde la empresa que seguirán comprando la producción de los pequeños mineros y pirquineros que han sido proveedores de ENAMI históricamente, por lo que este segmento tampoco se vería afectado.