En la cena anual del Consejo Minero, el presidente ejecutivo de la entidad gremial se dio el lujo de cuestionar el proceder de los Tribunales y de la Corte Suprema, acusándolos -por fallos que han evidenciado la arbitrariedad e ilegalidad con la que se han habituado a operar los megaproyectos mineros- de “torcer o desfigurar las instituciones” y de tendenciar “una suerte de derogación de la ley por parte de los tribunales de justicia, puesto que se maneja el contenido para lograr objetivos ajenos a ella [la justicia]”.

Esto supone que la cabeza de la organización que agrupa a todas las empresas  transnacionales mineras que operan en Chile y Codelco, interpela directamente al poder judicial, porque de un tiempo a esta parte ha interpretado la institucionalidad ambiental desde el principio preventivo, como recomendaba el espíritu de la ley de bases del Medio Ambiente. Pero claro, luego de tres décadas de aplicación ciega de las leyes nacidas en dictadura y mantenidas en los gobiernos de transición a una democracia que nunca ha terminado de llegar, los sectores extractivistas terminaron por mal acostumbrarse, y creer que la condición de “país entregado en bandeja” no podía modificarse, para eso habían procurado un diseño institucional que lo garantizara. El problema es que el factor comunitario no estaba considerado en sus cálculos, era el factor desdeñado, creían que los mecanismos de neutralización a costa de idiotización televisiva y plata repartida en becas, cajas de mercadería y bonos varios, era suficiente. Pero ahora se dan cuenta de que no, de que en este país hay gente que ama su modo de vivir, que lo defiende, y que la protección del bien común, traslada la discusión hacia los valores y ya no hacia los precios.

Es por eso que en Casa de Piedra, de propiedad de Agustín Edwards, se arrogan el derecho de atacar frontalmente a un poder judicial que emite fallos en virtud de principios fundantes y no de presiones y chantajes que sí operan y con bastante eficacia, sobre el poder ejecutivo y el legislativo.

El Quijote diría “deja que los perros ladren, Sancho, señal de que avanzamos”, pero el caso es que más que ladridos, estos dichos operan como cantos de sirena, ante una cena repleta de asistentes que nada dijeron, ni frente a lo sostenido en las pataletas del Consejo Minero, ni frente a la rematado luego por la presidenta Bachelet, que incluyó en su discurso nuevos anuncios sobre instituciones y reformas, como el Consejo Público Privado para el sector minero, que no nacieron de La Moneda, sino del documento “Mineria: una plataforma de Futuro para Chile” elaborado por el gremio minero, con el ex presidente Ricardo Lagos a la cabeza. Es decir, el gobierno internaliza como política de Estado, sin mediar discusión social alguna, las pretensiones de un sector económico privado del país… malas prácticas, sin duda, tan malas que necesitan asegurar un alineamiento del poder judicial, sino no les resultará la estrategia de seguir vaciando aceleradamente nuestro territorio… eso es en parte lo que pretenden las temerarias declaraciones del señor Villarino.

Frente a esto, que da cuenta de que ciertos sectores de nuestro país se siguen sintiendo en la impunidad más desvergonzada como para hacer con Chile lo que les venga en gana, hay dos cosas que queremos puntualizar, que a nuestro modo de ver abultan en la gravedad de estos dichos.

Lo primero, es que a una semana de la Cena en el Consejo Minero, no ha habido reacción alguna a propósito de estas declaraciones, ni parlamentarios, ni autoridades manifestaron reparos frente al descarado cuestionamiento del Consejo Minero al poder judicial, como si operara un cierto acuerdo de intocabilidad al extractivismo. Se nos podrá decir, con justeza, que el tema no es de excesivo cuidado, que los mineros pueden decir lo que quieran. Pero no hay que olvidar que el Consejo también está integrado por la estatal Codelco, y la estatal no salió tampoco dando cuenta de algún voto de minoría, o de lo impresentable que resultaría que desde el Estado se cuestione la independencia de los poderes del Estado.

El manto de silencio de la clase política es vergonzoso, y por eso escribimos estas líneas, porque confiamos en lo que nosotros, la sociedad civil despierta y consciente logre conocer  y procesar sobre estos dichos. Es importante que el señor Joaquín Villarino entienda que el eufemismo de llamar progreso y desarrollo a la destrucción sistemática y desenfrenada de nuestro patrimonio, ya no es sostenible, fundamentalmente porque es la vida y su continuidad, la que está en juego. Entiéndase bien, no es sólo la calidad de vida la que los conflictos socioambientales ponen en cuestión, sino la vida misma. Esto es lo que los territorios impactados por el extractivismo minero y energético ponemos en el tapete, y quienes están en la vereda de la vida, lo entienden; quienes no están en la vereda de la vida, se inquietan y se vuelven temerarios… es bueno saber de qué lado está transitando cada quien.