Irarrázaval, ex asesor de Kast, realizó lobby ante la ministra en representación de inmobiliaria que reclama la declaratoria del humedal Rocuant-Andalién.
Ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, y ex vocero ambiental de Kast, Ricardo Irarrázaval
A principios de abril la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, participó de una reunión junto a Ricardo Irarrázaval, quien ejerció el rol de gestor de interés representando a Inmobiliaria Parque Andalién S.A., la cual es parte de un conflicto que la vincula con el humedal Rocuant-Andalién, ubicado en la comuna de Talcahuano.
El encuentro, que duró 50 minutos, consistió en una exposición por parte de Inmobiliaria Parque Andalién S.A. donde se presentaron antecedentes técnicos y jurídicos en el "contexto del procedimiento de delimitación del humedal urbano Rocuant-Andalien".
Según el registro de Infolobby, por parte del Ministerio del Medioambiente estuvo presente la ministra Francisca Toledo, Paulina Sandoval, Jefa de la División Jurídica, y Martin Becker, jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad Medio Ambiente.
Del lado de la inmobiliaria, el tridente estuvo compuesto por Fernando Eugenio Carrasco Spano, Bernardo Zúñiga y Ricardo Irarrázaval, abogado y exsubsecretario del Medio Ambiente en el primer gobierno de Sebastián Piñera.
Debido a sus extensas credenciales en el mundo público y privado, Ricardo Irarrázaval cumplió un rol importante durante la campaña del presidente José Antonio Kast, encargándose de las asesorías y vocerías en materia ambiental e, incluso, siendo barajado para encabezar el Ministerio del Medio Ambiente.
No obstante, el cargo se le otorgó a la actual ministra Francisca Toledo, quien también integró el equipo del presidente Kast previo a su arribo a La Moneda.
Según dio a conocer Ex-Ante, su rol habría estado orientado a la coordinación programática y a la verificación de aptitudes de candidatos a distintos ministerios, tareas encomendadas desde el Segundo Piso. Es en ese marco donde Irarrázaval y Toledo habrían coincidido como parte del mismo ecosistema político-técnico en materia ambiental durante la campaña y la preparación de su llegada a La Moneda, respectivamente.
Dichas tareas fueron encomendadas por el jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval , quien los últimos días ha sido blanco de críticas por miembros del Partido Republicano —colectivo en el que milita— debido al manejo del gobierno en ciertas materias, una de ellas, la comunicacional. Cabe mencionar, que Alejandro y Ricardo Irarrázaval no tienen parentesco.
Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, explica que "desde el punto de vista normativo, no se advierten irregularidades en la forma en que se llevó a cabo la reunión de lobby y gestión de intereses, dado que el encuentro habría quedado registrado en la plataforma y se habría dispuesto de la información necesaria para que cualquier persona pueda fiscalizar la acción".
Sin embargo, Figueroa sostiene que, debido al rol programático que tuvo Irarrázaval en la campaña, "podrían levantarse sospechas las que, hoy día, sin embargo, son parte del proceso de representación política y del derecho a petición que tiene cualquier privado ante una autoridad pública".
Hoy, los roles se invirtieron: Irarrázaval se presentó ante Toledo en su calidad de representante de Inmobiliaria Parque Andalién S.A. para exponer antecedentes técnicos y jurídicos sobre la delimitación del humedal urbano Rocuant-Andalién.
La disputa en torno al cuerpo hídrico inició luego de que el pasado 10 de marzo se publicara en el Diario Oficial la resolución que declaraba al humedal urbano Rocuant-Andalién en esa categoría —el tercero más grande de Chile—, esto quiere decir, por ejemplo, que cualquier proyecto que se busque construir en sus cercanías debe someterse a evaluación ambiental.
Fue el propio municipio de Talcahuano el que inició el procedimiento, el cual fue aprobado el 6 de marzo y publicado cuatro días más tarde. En respuesta a la decisión, se presentaron ocho reclamaciones ante el Tercer Tribunal Ambiental buscando revertir la declaratoria del humedal, una de las acciones impulsada por la inmobiliaria que representó Irarrázaval en el encuentro con la ministra Toledo.
El debate sobre la ley de humedales se encendió hace una semana cuando el ministro Poduje criticó dicha normativa debido a la prohibición que impone a proyectos urbanos. El presidente José Antonio Kast también se pronunció al respecto e hizo un llamado a revisar la legislación.
En ese contexto, Ricardo Irarrázaval en entrevista con Pauta también criticó la Ley de Humedales, argumentando que es una normativa con "una muy mala técnica legislativa”.
Ante la situación se plantearon una serie de consultas, y desde el Ministerio del Medio Ambiente explicaron a El Desconcierto que "las autoridades del Ministerio del Medio Ambiente mantienen una política de puertas abiertas, intentando reunirse —en la medida que la agenda lo permite— con quienes, siguiendo los canales formales, lo solicitan".
A lo mismo añadieron que:
Por otra parte, esta redacción también contactó a Ricardo Irarrázaval y no hubo respuesta a nuestro mensaje.
La relevancia de la reunión aumenta si se pone sobre la mesa el rol que tiene el Ministerio del Medio Ambiente en el proceso de declaración de una zona como humedal. En ese sentido, la cartera evalúa si el polígono cumple criterios como: presencia de vegetación hidrófila, existencia de suelos hídricos, régimen de inundación o saturación de agua y conectividad ecológica.
Si se cumplen todos los puntos mencionados, el ministerio debe declarar el humedal, sin oposición. No obstante, es en la delimitación técnica del polígono donde suele incurrirse en grises. Esto es clave, ya que se establece concretamente qué áreas son declaradas y, por ende, qué proyectos deben someterse al SEIA.
En la misma línea, el ministerio encabezado por la ministra Toledo, tiene la facultad de acoger o rechazar documentación técnica proporcionada por municipios, organizaciones o inmobiliarias. Una vez considerados los antecedentes, emite una resolución, cuya aplicación comienza cuando se publica en el Diario Oficial. La cartera tiene un plazo de 6 meses para resolver la solicitud.
Durante el tiempo en que se tramita el procedimiento, según la ONG FIMA, "las municipalidades pueden postergar la entrega de permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones en los terrenos en que se encuentren emplazados". Para ello, se debe invocar el artículo 117 de la Ley de General de Urbanismo y Construcciones, que señala que la suspensión puede extenderse a 12 meses.