Documentos muestran cómo proyectos de Panimex aparecieron en el expediente que terminó con una multa de $64 millones contra Puerto Ventanas en 2013.
El incendio que destruyó la planta principal de la empresa Panimex Química Limitada en Quilicura dejó una serie de esquirlas, desde la suspensión de clases en la comuna hasta el anuncio del gobierno de que solicitará el cierre de la firma. La magnitud del siniestro escaló un peldaño debido a la toxicidad del material químico que consumieron las llamas.
La decisión del Ejecutivo se amparó tras la revisión de antecedentes de Panimex y de posibles incumplimientos normativos en su funcionamiento. Asimismo, la ministra de salud, May Chomalí, confirmó que se evalúan acciones administrativas contra la empresa.
De la misma forma, la alcaldesa de Quilicura también emplazó a la empresa y apuntó al historial de incendios que afectaron las misma instalaciones años anteriores. Lo anterior es cierto, de hecho, los primeros dos fueron en 2013 y 2014, y el último se registró en 2017. Otro antecedente relevante es que en 2010, el entonces subsecretario Rodrigo Ubilla, mediante una resolución exenta desvinculó y canceló la inscripción de 14 empresas del Registro Especial de Usuarios de Sustancias Químicas Controladas, entre ellas Panimex.
El episodio volvió a poner a la empresa en el centro de la discusión pública. Sin embargo, el mismo año en que fueron víctimas de su primer incendio, paralelamente la Superintendencia de Medioambiente (SMA) resolvía respecto a un hecho que marcó la crisis de contaminación que afectaba en esos años a la comuna de Quintero, Región de Valparaíso.
Fue allí donde sus operaciones quedaron vinculadas a uno de los primeros procedimientos sancionatorios de la SMA: la multa de 132 Unidades Tributarias Anuales (UTA) —$63.4 millones de ese entonces y aproximadamente $110 millones a la fecha— aplicada a Puerto Ventanas S.A. en julio de 2013.
La relación entre Panimex y Puerto Ventanas quedó plasmada en la tramitación ambiental del proyecto "Ampliación de Capacidad Terminal de Estanques Puerto Ventanas", desarrollado por Panimex Química S.A. al interior del loteo industrial portuario. De acuerdo con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la iniciativa contempló la instalación de nuevos estanques verticales para almacenar sustancias químicas inflamables y volátiles. En total, el terminal fue diseñado con diez estanques destinados al acopio de compuestos como 2-etilhexanol, n-butanol y orto-xileno.
La operación dependía de la infraestructura del puerto. Los productos eran descargados desde buques tanque mediante cañerías conectadas a los sitios 1, 2 y 3 del muelle de Puerto Ventanas. A ello se sumaba que las bombas eléctricas utilizadas por Panimex se abastecían desde la red del puerto, mientras que el suministro de agua potable y los servicios sanitarios también eran proporcionados por la empresa portuaria. Todo ello ocurría en una zona declarada saturada por material particulado y anhídrido sulfuroso.
Uno de los episodios más conocidos ocurrió en junio de 2008, cuando un derrame de aproximadamente 180 mil litros de 2-etilhexanol alcanzó el estero Campiche y la playa de Loncura. El incidente provocó intoxicaciones en habitantes del sector y una mortandad de fauna marina, convirtiéndose en uno de los eventos ambientales más recordados de la bahía.
Cinco años después, la SMA dictó la Resolución Exenta N° 765, que puso término al procedimiento sancionatorio Rol F-010-2013 contra Puerto Ventanas S.A. La resolución estableció incumplimientos a las medidas destinadas a controlar las emisiones de polvo de concentrado de cobre en las instalaciones portuarias.
Entre las observaciones, la autoridad constató que la Bodega 1 no contaba con ciclones para precipitar el material particulado ni con dos ventiladores axiales comprometidos. En la Bodega 2, además, verificó la ausencia de un tornillo colector de polvos, reemplazado por un sistema manual mediante bolsas tipo maxibag. A estas infracciones se sumó el incumplimiento en la entrega de información requerida por la Resolución Exenta N° 574, punto considerado como grave por la entidad fiscalizadora. Como resultado, la SMA aplicó una multa de 132 UTA.
Durante la tramitación del procedimiento apareció una referencia directa a Panimex. En sus descargos, presentados el 27 de junio de 2013, Puerto Ventanas acompañó diversos antecedentes destinados a responder a los cargos formulados por la SMA.
Al revisar esa documentación, la fiscal instructora advirtió que entre los antecedentes figuraban dos cartas de pertinencia que no correspondían a resoluciones de calificación ambiental de Puerto Ventanas, sino a proyectos que serían ejecutados por terceros al interior de sus instalaciones.
Según el expediente, esos documentos correspondían a iniciativas de Panimex Química S.A. vinculadas a la ampliación de su terminal. La SMA concluyó que dichos antecedentes no resultaban pertinentes para resolver los cargos formulados contra Puerto Ventanas y, por ello, no modificaban la responsabilidad de la empresa portuaria en el procedimiento sancionatorio.
Posteriormente, la Superintendencia efectuó una serie de fiscalizaciones al proyecto, la más reciente de 2025, pero, según se constata en el portal de la entidad, no se han iniciado nuevos procedimientos sancionatorios.
La propiedad de Panimex se concentra en un grupo familiar que controla la compañía a través de distintas sociedades de inversión. Según los antecedentes societarios, Inversiones Moraleda SpA posee el 74% de la empresa, Inversiones Progreso Limitada el 24% y un integrante de la familia mantiene el 2% restante.
El grupo también participa en Panimex Argentina S.A. y mantiene presencia en la Asociación Gremial de Industriales Químicos de Chile (ASIQUIM), donde Gonzalo Gazmuri Lyon ejerce como director ejecutivo. Asimismo, la compañía ha participado en la nominación de representantes para organismos vinculados al sector industrial.
Mientras continúan las investigaciones por el incendio ocurrido en Quilicura, los antecedentes muestran que la empresa ya había formado parte de uno de los expedientes relevantes de la primera etapa de la fiscalización ambiental en Chile.
