La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue escrita por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y negociada en el Congreso por la ex ministra de Seguridad y actual jefa del bloque libertario Patricia Bullrich.
Desde el dictamen firmado el 20 de mayo, La Libertad Avanza viene negociando con sus aliados —La Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y algunas bancas provinciales, pero nada está zanjado aún.
Un poco de historia
La actual ley de Tierras, votada por unanimidad en el parlamento y defendida por todos los bloques en el año 2011 durante el Gobierno de Cristina Kirchner fue concebida con el objetivo de regular un previsible incremento de la propiedad extranjera y limitar el proceso de concentración de grandes extensiones de hectáreas en manos de capitales financieros.
No prohíbe que los extranjeros adquieran tierras rurales, pero sí limita las operaciones al establecer un tope del 15% a nivel nacional, provincial y subprovincial, establecer que los extranjeros de una misma nacionalidad no puedan adquirir más del 30%, y que poner como máximo la compra de 1000 hectáreas en las regiones más fértiles para la agricultura.
También veta expresamente la compra de inmuebles que contengan cuerpos de agua de envergadura y permanente, como hizo el británico Joseph Lewis en Lago Escondido, y establece parámetros de transparencia y prevención de lavado de activos.
En el año 2016, el entonces presidente Mauricio Macri emitió el decreto 820/2016, que relajó el control sobre ciertos cambios societarios, incluyendo la venta o recompra de acciones, lo que amplió el margen para extranjerización indirecta.
El decreto en cuestión fue judicializado por varias organizaciones, pequeños productores y por legisladores nacionales de provincias afectadas, pero recién en 2020 la jueza María Alejandra Biotti, rechazó las acciones de amparo, basado en la falta de legitimación activa, evitando pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.
En diciembre de 2023, recién iniciado el Gobierno de Javier Milei, se buscó modificar la Ley de Tierras a través del DNU 70/2023 llamado “Ley Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, una medida que cosechó múltiples objeciones en sede judicial por su intento de derogar parcial o totalmente al menos 75 leyes y fue impugnada judicialmente por distintos sectores sociales con resultados disímiles, por afectar derechos vinculados a la salud, al trabajo, a la soberanía.
Convocatoria
Frente a este nuevo intento que podría efectivizarse la semana entrante, una serie de organizaciones de la sociedad civil —ambientalistas, sindicales, estudiantiles, eclesiásticas,— y de la oposición convocaron una gran marcha para el 6 de agosto frente al Congreso, la fecha en que los libertarios intentarán conseguir en el Senado los votos.
El senador Mariano Recalde de Unión por la Patria —la oposición peronista— es una de las autoridades legislativas que impulsó la convocatoria. En un raid mediático vino pidiendo que el día del tratamiento “haya una enorme movilización”, mientras desde la misma fuerza pero en la Cámara Baja, la legisladora Cecilia Moreau busca que “la presión social permee e influya en la decisión de los más especuladores” y comparó el reclamo con el sentimiento por Malvinas que dejó el Mundial de fútbol.
La sintonía mundialista aún late en el debate político argentino desde que el fracaso de la sesión del pasado 16 de julio se interpreto por algunas fuerzas como una reacción a la bandera con la inscripción “Las Malvinas son Argentinas” que desplegó la selección tras el partido con Inglaterra y que encendió el viejo reclamo trasandino.
La Central Única de Trabajadores (CTA) en sus dos ramas (la denominada “de los Trabajadores” y la “Autónoma) ya convocaron de manera formal a la movilización con la consigna “Por la tierra y el agua”, mientras la Confederación General del Trabajo (CGT), la histórica y más poderosa de las agrupaciones sindicales argentina, que desde principios de julio publicó documentos internos contra la ley, sólo señaló que evalúa sumarse a la protesta.
A lo anterior se suma que el Observatorio de Tierras, recolecta adhesiones desde el 25 de junio, y que entre el 27 y hasta el 31 de julio la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda lleva a cabo acciones federales bajo el nombre “Argentina no se vende” que incluyen talleres, radios abiertas, banderazos antes de la movilización bajo el hashtag #lasoberanianosenegocia.
Estatuto legal del coloniaje
El Observatorio de Tierras advierte que la modificación que busca el Ejecutivo libertario marca un punto de inflexión regresivo en materia de soberanía territorial y que, lejos de fortalecer derechos, el proyecto debilita las capacidades estatales de regulación y abre el territorio a una lógica de mercado sin resguardos suficientes.
Más que una ley de protección “entendemos que se trata de una “ley de extranjerización” que pone en riesgo el acceso del pueblo argentino a los bienes comunes, señala el colectivo en un duro informe que califica el intento como “un nuevo estatuto legal del coloniaje”.
El Doctor en historia y magister en Estudios Culturales de América Latina, Matías Oberlin, quien integra el Observatorio, ilustra la gravedad que tiene la actual situación incluso desde antes del eventual dictamen de la nueva Ley.
“Los 13 millones de hectáreas que ya están en manos extranjeras deberían escandalizarnos, Pensá que equivalen a la provincia de Santa Fe completa, o al territorio de Inglaterra. Eso representa el 5% de nuestro territorio, y con la nueva ley que fija un 15% se podrían extranjerizar 26 millones de hectáreas más. La ley presiona sobre territorios en que ya es muy conflictiva la situación, como e observa en el mapa que elaboramos. Son esos 36 puntos rojos (ver mapa) que están todos en zonas de frontera, con Chile, con Brasil, con Paraguay, o en zonas ricas en hidrocarburos, minerales críticos y cursos hídricos”.
En varias de estas zonas hay además empresas forestales, como en Misiones. Ahí la principal inversora es Arauco, de capitales chilenos, que ha generado conflictos ambientales y con las comunidades locales. Lo que va a ocurrir con esto es que se va a acrecentar la conflictividad social, aumentar la disputa por el territorio.
El Observatorio ofrece un mapa en línea con la información, provincia por provincia y departamento por departamento, que detalla los niveles de extranjerización, el porcentaje de área glaciar, los proyectos mineros en actividad y los previstos, el origen de los capitales y las comunidades originarias que habitan cada territorio.
Fuente: https://thomasartopoulos.github.io/mapa_extranjerizacion/
La Abogada experta en políticas de tierras rurales y ex Secretaria de Política Ambiental y Recursos naturales, Florencia Gómez, sostiene que la reforma debe leerse en dos niveles políticos superpuestos. Primero, al tratar la tierra como una mercancía más ésta cumple una función económica liberalizadora clásica que es derogar los controles y facilitar la inversión extranjera privada en un recurso estratégico, y segundo, porque introduce una lógica geopolítica de alineamiento automático con los intereses estratégicos de los Estados Unidos.
Es “una herramienta de alineamiento geopolítico que adopta, en la legislación doméstica, las prioridades de seguridad nacional de una potencia extranjera”, señala Gómez en la revista Anfibia.
El debate trasciende lo técnico y lo económico, pues se trata de definir bajo qué parámetros de soberanía e independencia se decidirá quién controlará el recurso fundamental de la Nación, concluye la abogada.
Ya arrancó la cuenta regresiva y el Gobierno intentará por quinta vez avanzar en el Senado con la polémica norma. En oficialismo admiten que los votos no están garantizados.
La calle en contra
Otro elemento que los legisladores deberán contemplar a la hora de decidir su voto es que casi 8 de cada 10 argentinos se manifiesta está a favor de limitar la venta de tierras a extranjeros, según señala un sondeo realizado por la consultora Zuban Córdoba.
La consultora difundió en sus redes sociales el resultado de la consulta realizada entre el 16 y el 18 de julio sobre 1.400 casos, con un margen de error de ± 2,62% y un nivel de confianza del 95%.
Ante la pregunta “¿Hay que limitar la compra de tierras por parte de extranjeros?", la respuesta fue contundente: el 77% se mostró de acuerdo, el 16,7% dijo estar en desacuerdo y el 6,3% respondió que no tenía conocimiento de la cuestión.
